La adopción de decisiones poco transparentes o confusas que afectan al sistema político, social y económico por parte de organismos, empresas e instituciones que poco controlan los ciudadanos, sumado al mayor acceso a la información, las nuevas tecnologías y la globalización entre otros factores, han llevado a la sociedad a cuestionar los mecanismos tradicionales de representación y de articulación social.

Efectivamente, hoy vivimos una crisis ética y de valores y la ciudadanía en general reclama un urgente regreso a principios más éticos.

Al parecer durante los últimos años, los valores relevantes de muchos líderes han respondido más a la generación de riqueza y poder que a valores trascendentales. En efecto, la posibilidad de obtener ganancias económicas con información que no es pública, hacer uso de cargos de representación popular para obtener beneficios o poder y coludirse para lograr beneficios económicos, parecieran ser actividades bastantes más comunes de lo que se pensaba. Hoy, esto se traduce en la falta de confianza de los ciudadanos hacia todas las instituciones y organismos y afecta gravemente la aceptación de la democracia en todo sentido.

En una época de gran individualismo y competitividad, pareciera que no aprovecharse del sistema es de tontos, tanto así que es mal visto, y para no ser menos que los demás terminamos jugando el mismo juego, como si de ello dependiera la valoración de nosotros mismos.

¿Cómo salir de esta encrucijada? Recuperar la confianza y la credibilidad es indispensable para seguir avanzando y por eso las medidas no se pueden dejar esperar. Chile debe establecer en forma inmediata penas mucho más severas frente a la corrupción y los delitos económicos, penas legales, económicas y sociales efectivas para que la ciudadanía pueda volver a confiar en empresarios, políticos y autoridades.

Penas que se expresen en cárcel sin posibilidad de ser remitida como medio de disuasión, multas económicas que superen el 150% del beneficio económico que pueda haber obtenido quien infringe la ley, y sobre todo la sanción de los pares cuando se trate de empresarios, eliminando a los infractores de los registros de asociaciones empresariales y de clubes sociales.

La transparencia es una fuerza que está desencadenando cambios profundos en todos los ámbitos; cambios que van a afectar de manera definitiva la viabilidad de cualquier organización.

Los recientes dichos del contralor nacional Ramiro Mendoza, en su última cuenta pública, trajeron de cierta manera a la memoria, algunas de sus críticas al sistema dadas durante el Seminario de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Sociedad Libre, a fines de septiembre de 2014. En la oportunidad, apuntó en general al debilitamiento de las confianzas que existe hoy no sólo desde la ciudadanía hacia el sector público, sino que también al privado, y el valor de rescatar la confianza en las instituciones.

Sin embargo, las palabras de Mendoza también se refirieron críticamente a instituciones del Estado y su funcionamiento, lo que provocó reacciones en el mundo político, incluso con esbozos de una acusación constitucional de parte de algunos sectores.

En lo medular, las palabras del contralor encontraron eco en hechos que hoy son investigados y que incluso motivaron al Gobierno a establecer una 'Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción'.

'No podemos cerrar los ojos, la corrupción ha llegado', afirmó Mendoza en su última cuenta pública, entregada este lunes, palabras que nuevamente generaron discusión y controversia en el mundo político. Para algunos, una exageración, un análisis inadecuado; para otros, incluso palabras extemporáneas pues también existe la percepción de que los actuales casos no marcan la 'llegada' de la corrupción, sino que simplemente, la visualización de los hechos.

Lo cierto es que los antecedentes han llevado a que se formulen agendas, leyes y comisiones en busca de la transparencia, en esfuerzos no recientes y que, afortunadamente, han llevado a que nuestro país registre niveles bajos de corrupción. Sin embargo, resulta nuevamente un golpe a la confianza el que los casos de corrupción que se investigan tengan en entredicho a quienes son o han sido protagonistas de estos esfuerzos, precisamente por combatirla.

Otra vez la clase política tiene tarea por delante: recuperar la confianza no sólo en la actividad, sino que en el sistema, sus instituciones y su funcionamiento.