Después de siete años, la competencia motor cross country más importante del planeta abandonará Chile, luego de la catástrofe que en estos momentos sigue afectando a las regiones de Antofagasta y especialmente Atacama.

El Rally Dakar llegó a nuestro continente luego de que las amenazas terroristas fueran insostenibles para los organizadores, la Amaury Sport Organisation (ASO), la que finalmente decidió abandonar el trazado que tenía desde Europa -con arranques en París, Lisboa, Barcelona o Granada- hasta la capital de Senegal, Dakar, en África.

Es indiscutible que esta competencia se transformó en una interesante vitrina para el país. Desde Arica hasta Santiago, las regiones se vieron beneficiadas con un evento que al menos una vez las recorrió. Sin embargo, la única que estuvo presente en las siete versiones en las que se realizó en nuestro país, fue la región de Atacama.

Las circunstancias hicieron que fuera precisamente esta zona del país la más afectada con los temporales y aluviones, desatando una catástrofe con muertos, heridos, desaparecidos y pérdidas materiales que se eleva a miles de millones de pesos.

Fue esta catástrofe la última razón, y de hecho la más poderosa, para que el Gobierno decidiera no ser parte de la competencia en 2016. Antes, el terremoto ocurrido hace un año en las regiones de Arica y Parinacota, junto a Tarapacá, dio la primera alerta. Se suman reclamos de orden patrimonial. Otros más incisivos se refieren al escaso aporte que deja un evento privado que demanda una alta participación del sector público en Chile.

Lo cierto es que la reconstrucción de Atacama requerirá sólo en obras públicas, inicialmente, unos 260 mil millones de pesos.

La pregunta clave es ¿era necesaria una decisión de este tipo? ¿Es justificable? Después de años, Chile pierde una competencia y si bien nadie impide soñar con una reconstrucción que permita recuperarla, con un país mejor preparado, queda la impresión que ello no será posible en el corto plazo por razones no del todo justificables.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno es en realidad una reforma sindical más que laboral, como su nombre lo indicaría, puesto que las disposiciones descritas apuntan a un fortalecimiento de los sindicatos. Así lo han reconocido altos dirigentes de la Nueva Mayoría, pero el entendido, que cae dentro de los que son los ideologismos partidarios, es que el reforzamiento sindical es también uno laboral.

La tasa de sindicalización nacional es bastante baja, y no supera el 14% o 15% de los trabajadores, Antofagasta es la región con la mayor tasa del país y alcanza aproximadamente el 27%, pero esto es porque la Minería presenta un alto porcentaje de sindicalizados.

No es extraño que cuando se discute sobre las condiciones de los trabajadores, los distintos actores se refieren a ellos como si todos trabajaran en grandes empresas y por tanto las propuestas se elaboran con la mente puesta en lo que sucede en los grandes conglomerados. Sin embargo, con la excepción de nuestra región, donde el 52% de los trabajadores labora en empresas de más de 200 personas, en nuestro país sólo el 36% lo hace en ese tipo de compañías. Entonces, esa óptica deja fuera del análisis a la mayor parte del mundo laboral.

Sin embargo, las leyes se hacen pensando en que todas las empresas son grandes y las exigencias y obligaciones que se dictan son enfocadas a ese sector, con la consiguiente dificultad que se impone a pequeños y medianos empresarios, algunas muchas veces insalvables y que terminan con el cierre.

Nos gustaría una legislación laboral que más que mirar la relación grandes empresas - trabajadores, se enfocara en la problemática laboral de la Pyme y particularmente en el otro enorme grupo que son las personas que intentan o desean ingresar al mundo laboral, pero están impedido de ello por las rigideces de nuestra actual normativa. La flexibilidad horaria y el teletrabajo son materias tabú para quienes están pegados en los 70.

El proyecto presentado se agota en potenciar sindicatos y sus falencias se reflejan en las ya más de 800 indicaciones presentadas, lo que avizora una discusión ardua y larga, que lamentablemente se dará en un ambiente cargado de cosas ajenas a lo que debiera rodear la sana discusión legislativa.

Esperemos que lo que de a luz finalmente el Parlamento, sea una ley que fomente el empleo y no un búmeran que termine golpeando a quienes se pretendía beneficiar.