Si bien después de las catástrofes hay que enfocarse en lo urgente, que es el apoyo a todos aquellos afectados, generalmente luego de cumplida la misión queda poco espacio para la reflexión. Usualmente son usadas por distintos actores políticos y consiste en repartirse culpas. Pero me gustaría hacer una reflexión sobre el voluntariado y el tipo de apoyo que se entrega para estas emergencias.

Techo- Chile es una institución que a pesar de trabajar a lo largo del año en campamentos de todo el país, para las emergencias toma un rol protagónico. Los últimos dos ejemplos regionales, aún frescos en la memoria, son las recientes lluvias de marzo y el incendio de fines de noviembre en el campamento Luz Divina del sector La Chimba.

El día después de ambas tragedias, comenzamos a recibir cientos de llamados y mensajes en nuestras redes sociales de voluntarios que quieren hacer algo con sus propias manos. Con el paso de los días, vemos como este interés va disminuyendo hasta casi desaparecer. Desaparecen los micrófonos, los voluntarios, las autoridades. Quedan sólo promesas.

Por un lado, cuando ahora se visitan localidades afectadas por un incendio, terremoto, o inundación, da una pena enorme ver el estado de abandono en que quedan. Por otro lado, existen personas, voluntarios, profesionales, incluso políticos, que verdaderamente se conectan con la tragedia, que se mantienen trabajando en los lugares afectados y cuando se soluciona el problema buscan a otros para trabajar permanentemente, aún cuando se haya ido el último periodista y nadie te aseguré que serás titular en algún medio.

La verdadera solidaridad cuesta y duele. Tiene momentos de cansancio extremo y momentos desgarradores. Pero finalmente, es de las únicas peleas que realmente vale la pena dar hasta el final. En general, cualquiera que se haya quedado trabajando después de una catástrofe en una zona, entenderá de lo que hablo. Chile flamea con orgullo la bandera de la solidaridad, pero lo cierto es que en nuestro país se responde a hechos puntuales. La solidaridad debería ser una actitud diaria y en eso Chile está al debe.

Con su aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado quedó en condiciones de ser promulgada la ley que establece una bonificación de incentivo para el retiro voluntario de un total de 10.331 profesores. La iniciativa contempla un bono máximo de 21 millones 500 mil pesos para los docentes que tengan más horas y que cumplan con los requisitos.

Lo podrán recibir quienes cuenten desde 37 horas de contrato hasta 44 horas, que es el máximo que se puede contraer con un departamento o corporación de educación. El resto lo recibirá en relación a las horas de contrato que posean. Asimismo, se incorporará a los docentes regidos por el decreto 3.166, que son colegios técnicos profesionales que estuvieron a cargo de corporaciones empresariales que no fueron considerados en proyectos anteriores.

Para acceder a este bono de retiro voluntario, los docentes deben estar en edad de jubilar, 60 años o más para las mujeres y 65 años y más para los hombres y además estar dispuestos a renunciar a la carga horaria que tienen en los respectivos departamentos o corporaciones.

Según los cálculos del gobierno, si los 10.331 profesores considerados para este incentivo optaran al beneficio se traduciría en un gasto de $183 mil millones, montos que serán financiados en un 65% con dineros estatales directos y el 35% restante por los sostenedores.

Si bien la medida ha sido tomada positivamente por los sectores beneficiados, también ha generado críticas de parte de quienes trabajan en el sector particular subvencionado, ya que no son considerados en el beneficio. La principal queja es que la medida se extendió este año a los colegios del sistema de administración delegada y no al sector subvencionado, con lo cual se estaría discriminando a unos 2.500 docentes.

Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, ha planteado que "el Estado no entrega beneficios de retiro para los millones de trabajadores (del sistema privado) en Chile y por tanto éste no podría ser el caso". El reclamo del sector excluido tiene lógica, ya que se preguntan si su labor no reviste la misma importancia que la realizada por quienes se desempeñan en el sector municipalizado.