La incomprensible muerte de dos jóvenes el pasado jueves en Valparaíso puede contarse entre los momentos más tristes del último tiempo. ¿Será un síntoma del Chile actual? ¿Será sólo un instante oscuro? Difícil saberlo.

Estos decesos son dolorosos para la sociedad. La de estudiantes, la de aquellos niños que se extinguen al no acceder a un trasplante; la del carabinero que sacrifica su vida ante delincuentes; o aquellos que caen por errores de terceros.

La muerte es algo natural, es parte de la vida, pero verlas acabarse de formas absurdas, evitables, es lo que provoca un sentido de vacío e incomprensión.

No le hace bien al país una situación de este tipo. Chile tiene un presente poco feliz. El estado de ánimo se ha deteriorado, por asuntos políticos, por malos rendimientos económicos, por desastres naturales y nuestra creciente y sabida desconfianza en todo.

A ratos, quizás por lo anterior, Chile parece un país desconocido, en especial por su extrema violencia física y verbal.

Y en eso podríamos sostener que el crimen de los dos muchachos es algo más serio que un hecho puntual.

Pensemos en las llamadas "detenciones ciudadanas", tan alabadas por muchos.

¿Puede justificarse esa violencia? ¿O pueden justificarse muchos comentarios que avalan a quien mató a los estudiantes? ¿O a quienes agreden o intentan matar policías lanzándoles bombas molotov o incluso disparándoles?

En Chile parece larvarse una violencia que aún sigue escondida, que es más profunda de lo que parece y que podríamos distinguir entre datos que inquietan. Nos contamos entre los países con más agresiones en contra de mujeres y niños. Esto no puede ser casual.

¿Sufriremos un momento de crisis ética y moral, donde el extremos individualismo se expresa a cualquier precio?

El problema es que este tipo de hechos violento- delictuales no se solucionan con más represión; tampoco la enfermedad que parece alojada en algunos compatriotas. Hay que escarbar en ello, hay que buscar qué está pasando.

Los alegatos entre Chile y Bolivia han generado en algunos jueces dos preguntas de gran importancia y sensibilidad para los efectos de determinar la competencia que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) podría tener para conocer de las cuestiones de fondo.

La primera de ellas, es la relativa a la fecha en que Bolivia sostiene que se habría producido un acuerdo para negociar una salida soberana al Océano Pacífico, cuestión que intentó responder el pasado viernes, a mi juicio sin éxito. La segunda pregunta del juez Owada, pide que ambas partes definan el significado de la expresión "acceso soberano al mar", explicando su contenido específico tal como lo usan en la determinación de su posición respecto de la jurisdicción de la Corte. Debieron ser contestada antes del 13 de mayo.

Este no es el espacio para adelantar una respuesta, pero el juez Owada ha apuntado al corazón de la pretensión boliviana, y a la cuestión territorial que contiene. Me explico.

Bolivia intenta sostener que puede entregarse un acceso soberano al Océano Pacífico sin la necesidad de revisar el Tratado de 1904, y por lo tanto la CIJ puede pronunciarse si acaso existe una obligación de negociar en ese sentido. Recordemos que el Tratado de 1904 reconoció que la soberanía pertenece a Chile, mientras que Bolivia tiene, -a perpetuidad-, el más amplio y libre acceso comercial al mar por el territorio de Chile y por los puertos del Pacífico. De esta forma, encontramos los dos elementos en el Tratado 1904, a saber, soberanía, y acceso al mar.

En el derecho internacional se han presentado diversas fórmulas adicionales para otorgar acceso a países sin litoral al mar. En todos los casos -salvo el libre tránsito-, ha supuesto la cesión de una parte del territorio, para que otro Estado ejerza soberanía y jurisdicción sobre el mismo. Y esto ocurre porque la soberanía, como elemento del Estado, debe ejercerse siempre sobre un territorio o sobre un espacio físico, en términos tales que no es posible ejercer los poderes del Estado más allá de dicho espacio físico. He aquí un desafío importante para Bolivia, ¿Cómo justificar que el acceso soberano que exige no requiere un territorio sobre el cual ejercerla, y por lo tanto no supone la revisión de los términos del Tratado de 1904? Parece que en este caso será necesario recurrir a la imaginación.