El déficit de 14 mil viviendas sociales, que afecta a aproximadamente 56 mil antofagastinos, además de los altos costos en los arriendos de casas son las principales causas de las 'tomas' de terrenos durante los últimos meses en el sector alto de Antofagasta.

Esta situación no solamente afecta a personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad, sino también a profesionales, estudiantes universitarios y trabajadores de alta calificación, quienes por el alto costo de la vista en Antofagasta, y con sueldos que llegan hasta $800 mil mensuales, no alcanzan a cubrir sus necesidaes habitacionales.

En los comités "Israel" y "Moisés" ubicados en la avenida Padre Alberto Hurtado (Circunvalación) es fácil encontrar a personas de estratos sociales medios y que cansados de "vivir como allegados y pagar arriendos caros por una pieza" optaron por tomar estos terrenos, aunque reconocen que esto es ilegal, pero que "no cansaran en su lucha".

'DESCONFIANZA'

También la burocracia y condiciones que estipula el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) para postular a una casa social o recibir un subsidio es otro factor coincidente en los pobladores.

La desconfianza en algunos comités es otra causa a considerar. Nataly Ibacache (ver recuadro), estudiante universitaria fue estafada dos veces al poner su dinero en dos comités por $300 mil, desconociendo que esos recursos pueden colocarlos en una cuenta de ahorro por parte de Serviu.

Todos los entrevistados afirmaron que el estigma que tiene gran parte de la ciudadanía sobre los campamentos o 'tomas' son "errados". Son organizados e incluso no permiten el ingreso o integro de una persona que genera desconfianza.

Además costean de sus mismos bolsillos para arrendar máquinas aplanadoras y comprar material para sus mediaguas. Aseguraron que no han recibido ayuda de las autoridades del Gobierno Regional ni del municipio.

ENCUESTA

En paralelo a esta realidad, desde ayer voluntarios de Techo-Chile están realizando en todo el país, incluido Antofagasta, la primera encuesta nacional de campamentos.

Este estudio busca realizar una medición sociodemográfica que entregue datos sobre las dimensiones de educación, trabajo, salud, vivienda y comunidad en los campamentos.

También permitirá mantener cifras actualizadas sobre los asentamientos como por ejemplo cuántas familias tienen acceso a agua potable o alcantarillado, conocer cuál es el sueldo promedio de los integrantes de un hogar, entre otras cifras.

En el caso de Antofagasta, la encuesta cuenta con el apoyo de alumnos de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás, quien actuará como organismo técnico en este proceso de recolección de información.

"En nuestro primer día de encuesta contamos con jóvenes muy motivados y dispuestos. Las familias por su parte se sienten escuchadas y comprenden que las preguntas de la encuesta son adecuadas a su realidad", señaló Milko Zenteno, director regional de Techo-Chile.

Nataly Ibacache (24), del comité "Moisés", estudia pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en la Universidad de Antofagasta (UA) y está en el cuarto año de su carrera. Convive con su pareja, quien también estudia (Técnico en Construcción) y trabaja, además tienen un hijo de 2 años (Benjamín). Mensualmente, como familia, recibía un ingreso aproximado de $600 mil mensuales. Ella aporta $150 mil de una pensión que dejó su padre y estudia con becas y beneficios que entrega la UA, mientras que su pareja trabajaba en una constructora. "Estuvimos en varios lugares pagando arriendos de hasta 350 mil pesos en buenos sectores y con los otros gastos no nos alcanzaba para sobrevivir. Además cuesta encontrar una pieza porque los dueños ponen muchas condiciones, sobre todo si ven que estoy con un hijo", expresó la estudiante. Nataly agregó que su último lugar donde vivió fue en una pieza de la población René Schneider. Ya cansados de vivir en distintos lugares decidieron formar parte la toma y luchar "el sueño de vivir en un hogar más digno". La futura profesional fue enfática además sobre el estigma de la sociedad respecto a los campamentos. "Antes pensaba lo mismo de que la gente en las tomas era floja o delincuentes, pero la realidad es otra acá hay profesionales, trabajadores y familia de esfuerzo".

Cristian Campos (28) es trabajador independiente en soldaduras. Tiene una tarjeta de curso calificado y ha trabajado en diversas empresas. Vive en el comité "Moisés" con su pareja que está embarazada y sus ingresos mensuales no supera los $400 mil mensuales. Su último hogar fue en la casa de su abuelo, pero que al fallecer la viuda lo puso en venta, pese a invertir su dinero en arreglarla. "En este momento tengo mis cosas donde mi abuelo, pero como hay riesgo que al vender esa casa voy a quedar en la calle, tomamos la decisión de instalarnos en la toma", explicó el joven proveniente de Santiago y que lleva 5 años viviendo en la capital minera. Intentó postular a un crédito hipotecario o un subsidio por medio de una empresa que trabajaba, pero todo resultó mal, debido a su ingreso. A su juicio "todos te ofrecen un cuento lindo con el sueño de una casa propia, pero a las finales ponen muchas condiciones y eso a la larga uno desconfía de todo. Además no me interesa estar metido en deudas innecesarias".

Jonathan Pizarro es electricista de profesión, trabajó en diversas empresas mineras y su último empleo fue para un proyecto en minera Spence. Este joven, que vive en el comité "Israel" y oriundo de Quillota, tiene cinco hijos y vivía con un sueldo mensual de $800 mil. Sin embargo, el dinero se iba rápidamente en arriendo y los gastos básicos. "Pagaba un arriendo de 280 mil pesos por una habitación o pieza, pero al quedar cesante y agotar todos mis ahorros que tenía decidimos quedar con mis cinco hijas acá. Si bien tuvimos apoyo de familiares para salir adelante y al no encontrar trabajo estable ahora tengo algunos empleos esporádicos y optamos por estar en una toma". Pizarro agrega que el alto costo de vida en la ciudad hace imposible vivir incluso con sueldos de hasta un millón de pesos. "Ahora siento más aliviado estar viviendo en estos momentos en una toma, pero queremos que las autoridades nos entregue una solución, no somos gente mala ni delincuentes como muchos creen, queremos lo que es justo y vivir con dignidad", expresó el electricista.

A las 6.30 horas de ayer Carabineros procedió a desalojar a las 60 familias del campamento "Salto a la Esperanza", ubicado en el sector Villa El Salto de Antofagasta y que dejó el saldo de una persona detenida por intento de agresión a los efectivos policiales.

La dirigenta de esta "toma", Carmen Tello, denunció supuestas agresiones por parte de la fuerza pública durante el desarrollo del procedimiento, que duró aproximadamente dos horas. Incluso una menor de un año y siete meses fue trasladada al Hospital Regional de Antofagasta para constatar lesiones, las cuales fueron finalmente descartadas por el mismo centro hospitalario.

"MANIPULACIÓN"

Ante esta denuncia, la Gobernación Provincial, durante la tarde de ayer, rechazó estas acusaciones, señalando que "rechazamos la manipulación de los hechos, ya que no es efectivo que Carabineros agredió a menores de edad ni a ningún ciudadano presente la jornada. También señala escuetamente que "no hubo detenciones".

Sin embargo, en la mañana, Carabineros informó que pese a no registrar inconvenientes, confirmó "la detención de un hombre que intentó agredir con una pala a uno de los funcionarios policiales siendo detenido por amenaza a carabineros de servicio".

En el desalojo estuvo presente funcionarios de las Seremis de Vivienda, Bienes Nacionales, Serviu, además de profesionales de la Unidad de Derechos Humanos y del Departamento Social de la Gobernación Provincial de Antofagasta.

Macbanai Bustamante (23), estudia la carrera de Obras Civiles en el Instituto Esane de Antofagasta y le queda sólo un año para ser una profesional. Tiene un hijo de 1 año y 10 meses y convive con su pareja, ambos trabajan y mensualmente sus ingresos llegan a los $500. "Vivíamos en la casa de un familiar de mi pareja (población El Ancla), pero igual teníamos que compartir gastos en arriendo, luz y agua, además de pagar mis estudios, los gastos de mi hijo, la comida. Me faltaba el dinero", aseguró la estudiante. El motivo de su determinación de trasladarse a la toma "Moisés" es el "cansancio" de estar viviendo con problemas financieros y familiares, por lo que su horizonte es titularse y trabajar para tener su propio hogar. Ahora siente que "uno ahora es libre, no sólo en lo personal sino también un alivio en los gastos y eso por ahora nos permite vivir tranquilos, pero igual estamos todos con el temor del desalojo. Con el dinero que recibimos podemos comprar material para la mediagua que estamos construyendo".

Patricio Osorio (47) del comité "Israel" fue joyero por mucho tiempo y ganaba hasta $300 mil semanales por reparaciones o trabajos relacionados a su área. Sin embargo, sostuvo que con la llegada de los extranjeros sus ingresos se redujeron notablemente y la escasez de trabajo lo llevó incluso a trabajar de guardia. En el último tiempo vivía con $350 mil al mes y trató de postular a un subsidio de Serviu, pero "me pedían demasiadas condiciones, además como soy divorciado y con tres hijos era muy complicado obtener un subsidio. Además tengo una hija discapacitada de 24 años y por mi actual situación (sin trabajo) no puedo estar con ella en las condiciones que exige la Teletón de Santiago". Vivía cerca de las 'tomas' ubicadas en calle Luis Cruz Martínez y aseguró que "en esos campamentos no aceptan chilenos y es un antro de drogas en ese sector, por eso me fui de allí y acá tengo la oportunidad de estar más tranquilo. Uno no está pagando el arriendo y al mismo con el temor de que el dueño pueda echarme en cualquier momento. Estamos luchando lo justo".

15 nuevos campamentos

surgieron en los últimos 7 meses en Antofagasta, debido a la falta de viviendas sociales que está empujando a muchas familias a realizar 'tomas'. Ahora son 39 los asentamientos.

120 familias

integran los comités "Moisés" e "Israel", cuya 'toma' de terrenos comenzó a principios de abril de este año y están con orden de desalojo por parte de la Gobernación Provincial.

$600 mil promedio

es el ingreso que vive una familia dentro de una 'toma'. Con esta nueva situación reconocen que "alivia" gran parte de sus gastos, especialmente, en arriendos.

Una serie de medidas y gestiones ante la autoridad central con carácter de urgente anunció el intendente Valentín Volta para comenzar a subsanar el profundo déficit de viviendas sociales que existe en la región. La máxima autoridad regional reconoció la situación como "preocupante", pero advirtió que el gobierno hará respetar el estado de derecho ante las tomas ilegales de terrenos.

"Hay un déficit importante acumulado de varios años, por lo que tenemos la urgencia de repuntar en cantidad y también en agilidad en la ejecución de los proyectos", partió asegurando Volta.

¿Cómo piensan avanzar hacia ese objetivo?

-Estamos afinando un convenio de programación que esperamos tenga un efecto muy potente entre el Minvu y el Gobierno Regional, que pretende avanzar a un ritmo de 900 viviendas sociales al año. Este permitirá que el gobierno regional invierta en la urbanización de los terrenos (agua potable, electricidad, pavimentación y espacios públicos) y el Minvu se enfoque sólo en la construcción de las viviendas. Es una iniciativa inédita en la región.

plazos

¿Qué plazos de ejecución tiene ese programa y cuántos recursos involucra?

-Tenemos aún una conversación pendiente con la ministra. Quedamos en que una vez oficializado el cambio de gabinete volveríamos a tocar el tema, pero por ahora hay comprometidos $170.000 millones, de los cuales $60.000 saldrán desde el gobierno regional. Esperamos comenzar a ejecutar las primeras obras durante este año y el programa tiene un plazo de ocho años para su desarrollo.

¿Por qué las políticas públicas de vivienda no recogen las particularidades de la región?

-Este convenio de programación es una medida inédita que responde a las necesidades específicas de nuestra región. Ahora, efectivamente los instrumentos tradicionales han funcionado más lento... pero puedo adelantar que los subsidios para la zona norte van a comenzar a ser distintos que para el resto del país, eso es algo en lo que el ministerio está trabajando y esperamos pueda materializarse durante el segundo semestre.

¿Teme que la situación de las tomas se salga de control?

-Nos preocupa la situación y es por eso que estamos trabajando desde enero en estas medidas. Cuando la gente vea avances se va a tranquilizar, eso en conjunto con el plan de intervención de ocupaciones ilegales que vamos a implementar debería ser suficiente para controlar la proliferación de tomas.