Un tribunal egipcio condenó ayer a muerte al ex presidente islamista Mohamed Mursi, derrocado por el ejército en 2013, por atacar a la policía y fugarse de prisión durante la rebelión de 2011 contra el régimen de Mubarak. El tribunal impuso también la pena capital a un centenar de acusados, entre ellos varios dirigente de los Hermanos Musulmanes.

Mursi ya había sido condenado a 20 años de cárcel en abril en un primer proceso, por incitar a reprimir a manifestantes opositores el tiempo que estuvo en el poder, entre 2012 y 2013. Mursi ya había sido condenado a 20 años de cárcel en abril en un primer proceso, por incitar a reprimir a manifestantes opositores el tiempo que estuvo en el poder, entre 2012 y 2013.

El tribunal que lo juzgó en El Cairo debía pronunciar su veredicto en dos casos. En el primero, tanto a Mursi como a otros 128 acusados -incluyendo miembros de los Hermanos Musulmanes, el Hamas palestino y el Hezbolá libanés- se les juzgaba por evasiones masivas de la cárcel y actos violentos ocurridos durante la revuelta popular de 2011 que expulsó al entonces presidente Hosni Mubarak del poder.

En el segundo, Mursi estaba acusado de espionaje, entre 2005 y 2013, principalmente en beneficio de Hamas, de Hezbolá y de Irán. En este proceso, el ex presidente, que comparecía sonriente desde un cubículo insonorizado, escapó a la pena capital, con la que fueron castigados otros 16 acusados. El predicador islamista catarí Yusuf al Qaradaui, uno de los condenados a muerte en el proceso por la evasión, fue condenado en ausencia.

Amnistía Internacional calificó el primer veredicto contra Mursi de "farsa judicial". Los tribunales civiles y militares se han convertido en brazo ejecutor de la represión que ha enviado a la cárcel a más de 41.000 personas y se ha ensañado incluso con la oposición laica. El año pasado se dictaron 659 condenas de muerte en megaprocesos que carecieron de las mínimas garantías. Entretanto, la judicatura ha ido absolviendo a Mubarak y su entorno y no ha adoptado medidas encaminadas a investigar la represión en lo que organizaciones de derechos humanos han denunciado como una suerte de "justicia selectiva".

Sobre Mursi pesan otras dos causas por filtrar documentos a Qatar e insultar a la judicatura en uno de los procesos. La persecución judicial contra la Hermandad exhibe la enorme polarización que truncó la transición democrática del país más poblado del mundo árabe, bajo el yugo hoy del urdidor de la asonada, el ex jefe del ejército Abdelfatah al Sisi. "Es un fallo político que no tiene nada que ver con la justicia", denunció recientemente a EL MUNDO Hoda Abdelmoneim, portavoz de la cofradía y prominente dirigente de la rama femenina de la Hermandad.