A tres meses de que se publique el llamado a concurso por el cargo de fiscal regional de Antofagasta, desde el mundo judicial surgen los primeros nombres de profesionales que podrían postular al principal cargo local del Ministerio Público.

La convocatoria será realizada por la Corte de Apelaciones en julio próximo y el nuevo fiscal, que remplazará al abogado Cristian Aguilar Aranela, debe iniciar sus funciones en octubre, desempeñándose por los próximos ocho años.

Los primeros posibles candidatos hay que buscarlos en el mismo Ministerio Público y los más nombrados son los cuatro fiscales de mayor antigüedad.

Ellos son los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Ana María Escobar y Cristián Aliaga, y los fiscales adjuntos Patricio Martínez y Eduardo Peña, quienes han estado en la institución desde el debut de la Reforma Procesal Penal, en octubre de 2001.

Aunque ninguno ha confirmado su interés en postular, internamente se piensa que de ese grupo debería surgir más de un candidato, sin descartar la posibilidad que el cargo también sea de interés para fiscales de menor antigüedad o para profesionales que ocupan puestos en otras sedes regionales del órgano persecutor.

CAUSAS

Patricio Martínez fue fiscal jefe de Antofagasta antes de Ana María Escobar (2007 a 2011) y, al igual que ésta, ha investigado delitos de alto interés social, como el "Caso Asesores", que derivó en una condena por fraude al Fisco contra el exalcalde Daniel Adaro, y el doble homicidio del "Bazar Glorita", archivaba hace dos años sin responsables.

Escobar, en tanto, lideró las pesquisas por el crimen de la universitaria Cecilia Julio, logrando una cadena perpetua calificada contra el autor de su secuestro y asesinato, entre otros éxitos procesales.

Los fiscales Aliaga y Peña tienen a su haber numerosas causas por narcotráfico originadas en Calama, e incluso el primero estuvo con medidas especiales de resguardo hace unos años tras detectarse un plan secreto para atentar contra su vida.

OTROS POSIBLES

En la órbita del Ministerio Público también se menciona como posibles postulantes a algunos abogados colaboradores de la Fiscalía, como Hugo León, a quien constantemente se le encarga la vocería de la entidad, y José Tomás Troncoso.

Ya fuera del organismo surgen los nombres del abogado Oscar del Barrio, del Consejo de Defensa del Estado, o la actual gobernadora Fabiola Rivero.

Esta última fue defensora penal licitada durante cinco años y ha tenido dificultades para adaptarse a un cargo de confianza política en el gobierno, lo que -se piensa- podría alentarla a presentar sus credenciales para el puesto que quedará vacante con la salida de Cristian Aguilar.

Otros nombres que aparecen casi espontáneos son los abogados Aquiles Cerda y Óscar Retamal, ambos muy conocidos en el mundo de las leyes.

PERIODO

El fiscal regional Cristian Aguilar concluirá su periodo de ocho años en octubre próximo y la ley no le permite postular nuevamente al cargo en la misma región, situación que hace inevitable el recambio en la jefatura del Ministerio Público.

Lo que debe ocurrir entonces es que tres meses antes del cese de funciones, la Corte de Apelaciones convoque a un concurso público, al cual podrán postular abogados que cumplan los requisitos de tener habilitados todos sus derechos ciudadanos, ser mayores de 30 años y llevar titulados a lo menos cinco años.

Los interesados que cumplan estos requisitos son luego convocados a exponer ante el Pleno de la Corte, cuyos magistrados votan para elegir a los tres postulantes más calificados. La terna es enviada al fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien elige finalmente.

Claudio Cabezas, jefe de la Carrera de Derecho de la Universidad de Antofagasta, cree que la nueva etapa que se inicia con el cambio de fiscal regional, debe ser aprovechada para generar algunas transformaciones en la institución.

Dijo, por ejemplo, que es necesario potenciar los mecanismos de investigación de delitos de alta complejidad, especialmente los económicos y ambientales, que requieren técnicas y conocimientos especiales.

Lo otro importante, señaló el abogado, es tratar de lograr cierto "equilibrio" entre las funciones propias del Ministerio Público, que son la persecución penal de los delitos, con las aspiraciones de mayor seguridad que surgen desde la comunidad.

Según Cabezas, aunque la seguridad pública no es responsabilidad de los fiscales, pueden contribuir "siendo más abiertos y explicando mejor las decisiones que toman".

La diputada y abogada Paulina Núñez opina que el próximo fiscal debe, en lo posible, surgir desde el propio Ministerio Público por los mayores conocimientos de la realidad local que tienen sus integrantes.

Núñez advierte que el nuevo fiscal regional deberá poner entre sus prioridades mejorar ciertos indicadores que hoy preocupan a la comunidad.

Al respecto, mencionó los archivos provisionales de causas, la facultad de no perseverar y otras herramientas legales que significan el fin anticipado de las pesquisas, salidas cuyo uso a nivel local y nacional le parece "exagerado".

El nuevo fiscal regional asumirá la conducción de un organismo que, en general, exhibe buenos números. De hecho, aunque se cuestionan los altos niveles de archivo de causas, cercano al 45%, lo cierto es que este indicador es en la región más bajo que el promedio nacional (47%). La zona además tiene uno de los índices de condenas más elevados del sistema (24%, mientras el promedio nacional es 14%) y destaca con menores tiempos totales de tramitación de causas (113 días). Eso sí, carga consigo el hecho de no haber resuelto aún una decena de crímenes violentos en dos años.