Sacar adelante una ley similar a la N° 20.590, promulgada en mayo de 2012 para establecer un programa de intervención en zonas afectadas por polimetales en Arica, es uno de los principales objetivos de la comisión parlamentaria que investiga la contaminación en Antofagasta.

La diputada y presidenta de dicha instancia, Paulina Núñez (RN), dijo que la idea es crear una norma que asegure que el Estado asumirá los costos de tratamiento de las personas afectadas y que demás aumente las exigencias para la construcción de acopios minerales.

Lo que se busca en el fondo es replicar a nivel local los resultados que obtuvo la comisión investigadora que el año 2003 se abocó al tema de la contaminación por metales pesados, particularmente plomo, que afectaba a la capital de la Región de Arica y Parinacota.

Dicha comisión estuvo integrada los diputados Iván Paredes, Enrique Accorsi, Francisco Bayo, Patricio Cornejo, Rosa González, Antonio Leal, Pablo Lorenzini, Alejandro Navarro, Carlos Olivares, Manuel Rojas, Felipe Salaberry, Mario Varela y Carlos Vilches, y su principal aporte fue la dictación de la llamada "Ley Arica", que demoró casi 10 años de discusión en el Parlamento.

La normativa asegura la continuidad y ejecución del programa de intervención en zonas con presencia de metales pesados en Arica.

Según el texto, el Presidente de la República puede mediante decretos con fuerza de ley establecer un programa de intervención en la ciudad, con acciones en las áreas de salud, educación, vivienda y medio ambiente.

La ley también permite disponer medidas de evaluación, diagnóstico, mitigación y tratamiento de los posibles daños por exposición a metales.

Para ello, los ariqueños deben acreditar un tiempo mínimo de exposición a polimetales (entre 3 y 6 meses) y residencia actual o anterior en los lugares afectados.

CONCENTRADO

La propuesta que se discute en la actual comisión apunta a establecer que el concentrado de cobre es una carga peligrosa y hace hincapié en el derecho a indemnización para las personas que se vean afectadas por los contaminantes.

El exdiputado Manuel Rojas, quien integró la comisión investigadora de 2003, comentó que dicha ley estuvo orientado al problema que se suscitó en Arica con antiguos depósitos de metales en sectores urbanos.

"Ante esa situación, decidimos ordenar a nivel nacional una legislación sobre polimetales, la cual también es aplicable para la Región de Antofagasta", asegura.

Rojas dijo que la crisis registrada en Arica se produjo por que el Estado permitió que minerales tóxicos se acopiaran en una zona alta de la ciudad, donde más tarde se construyeron viviendas básicas "sin ningún procedimiento o medición a la calidad del suelo".

El conflicto detonó a fines de la década del 90, cuando un grupo de pobladores de los conjunto habitaciones Los Industriales y Cerro Chuño (construidos por Serviu entre 1989 y 1995) denunciaron la existencia de contaminación por polimetales, lo que fue constatado por las autoridades.

La diputada Paulina Núñez explicó que junto a la dictación de una norma puntual para Antofagasta, se trabajará para regular el tema de los metales pesados en todo el país.

Autoridad Coordinadora: El Presidente de la República designará a una autoridad coordinadora, quien será la responsable del cumplimiento de los programas establecidos en la ley.

Salud: La autoridad implementará un Laboratorio de Salud Pública, el cual deberá contar con capacidades analíticas para tomar muestras ambientales y a las personas.

Educación: Se llevan a cabo acciones de reforzamiento para los alumnos con rendimiento deficiente beneficiarios del plan.

Vivienda y Urbanismo: Relocalización de familias, reparación de viviendas y ejecución de proyectos de barrio que apunten a la remediación de las zonas contaminadas. Se asignará a las familias afectadas un subsidio especial

Acciones ambientales: El Ministerio del Medio Ambiente realiza semestralmente estudios destinados a evaluar el riesgo ambiental presente en la ciudad.

Una nota 4,5 obtuvo el sistema de salud, en el Estudio de Opinión y Satisfacción de Usuarios, realizado por Data Voz, y que consultó por Fonasa, isapres y el plan AUGE/GES, entre otros.

Según el estudio, dado a conocer por el agente zonal de la Superintendencia de Salud, Javier González, sólo el 25% de los antofagastinos asigna nota 6 a 7 al sistema en general, lo que significa un descenso de 6 puntos en relación a la muestra tomada el año anterior.

La encuesta arrojó además que el 92% de la población piensa que el sistema requiere cambios fundamentales o que se debe reconstruir completamente.

AUGE

Sobre el conocimiento del plan AUGE-GES, González informó que también se evidencia una baja.

"Es un tema que nos preocupa, porque en la medida que las personas no conocen los derechos que tienen, difícilmente podrán ocuparlos", precisó.

La investigación muestra, sin embargo, que la evaluación del AUGE/GES mejora entre las personas han utilizado el plan.

"El promedio general es un 5,2, lo que es destacable, puesto que es una nota superior a la obtenida por las Isapres y el Fonasa", indicó el agente zonal.