Después de denuncias públicas, marchas y hasta problemas de salud de la comunidad (no olvidemos a los niños con máscaras entrando a sus colegios), el Gobierno Regional inició la limpieza del sector La Chimba donde ocurren parte importante de las quema ilegales en Antofagasta.

El MOP tiene a cargo estos trabajos -con una inversión de $200 millones- que implican retirar 30 mil toneladas de escombros, en una de las áreas de mayor expansión urbana de la capital minera.

Hace unas semanas, Salud decretó el cierre del basura La Chimba en un plazo de seis meses, o sea, en octubre el municipio tendrá que tener otro sistema para acumular los desechos domiciliarios, debido a las quemas y malos olores del cuestionado basural La Chimba.

Esta seguidilla de medidas significaron por lo menos dos años de denuncias, marchas y graves cuestionamientos a las autoridades de turno por parte de una ciudadanía que veía como su inversión inmobiliaria y calidad de vida estaban alteradas por las continuas quemas dentro y alrededores del vertedero. Un basural que desde hace por lo menos 10 años ya está colapsando, sin las condiciones sanitarias adecuadas para la disposición segura de los desechos.

El diagnóstico hace rato estaba claro, pero pasaron años sin que las autoridades tomaran las determinaciones necesarias para solucionar un problema ambiental público y notorio, sin siquiera considerar sus implicancias en la salud de las personas.

Las encuestas siguen dando cuenta de la significativa brecha entre las autoridades -sobre todo del ámbito político- y la ciudadanía. Sin embargo, las explicaciones están más que conocidas: no hay una reacción oportuna para atender las demandas ciudadana, sobre todo en calidad de vida.

Las respuestas a veces no son las adecuadas. Así de simple. Antofagasta crece, pero sus autoridades tienen que estar altura de su desarrollo, porque hasta ahora sólo las presiones ciudadanas están gatillando las reacciones, a veces con claros signos de improvisación, como en el tema de los metales pesados.

Hacia fines del año 2014, la Presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley que crea 15 CFT estatales, iniciativa que actualmente se encuentra en discusión en el Parlamento. La propuesta considera un CFT estatal en cada región del país y se formuló con el fin de descentralizar la oferta y aportar en la calidad de esos centros educacionales. En la oportunidad la mandataria reforzaba la propuesta indicando que "Chile tiene una deuda pública con la educación técnica".

Para la implementación de esta nueva institucionalidad se estaría requiriendo el concurso de universidades públicas, muchas de ellas con oferta actual de carreras técnicas y en algunos casos participación directa en instituciones de formación técnico profesional que, paradójicamente, no han podido ser acreditadas.

La propuesta incrementaría la oferta de vacantes de Educación Técnico Profesional en un 2,2% de lo existente, requiriendo para ello de una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos, sin considerar los costos operacionales y de funcionamiento, que deberían ser cubiertos por el estado en su totalidad.

Respecto de la rectoría de estos CFT´s, según indica el proyecto, deberían ser nombrados y removidos exclusivamente por designación presidencial, sin que se establezcan condiciones mínimas que aseguren pertinencia, capacidad y autonomía política, condiciones mínimas para asegurar un liderazgo directivo.

Considerando las características del proyecto, me parece fundamental que parlamentarios, medios de comunicación y líderes sociales contribuya a un debate abierto y amplio, que permita asegurar que las propuestas, en materia de educación técnico profesional, efectivamente contribuyan a saldar la "deuda pública con la educación técnica" y no se transforme en un "gran proyecto", con muy poco impacto real en las soluciones requeridas que nos permitan dar el salto hacia una fuerza laboral capacitada y productiva.

Actualmente en Chile la carencia de técnicos limita crecimiento y desarrollo, en algunos sectores productivos de manera crítica, escenario que no nos permite experimentar soluciones que luego de 5 ó 6 años determinemos que son insuficientes, el costo de un error de diseño, en un escenario de educación gratuita y de calidad para todos podría hacernos retroceder y a un panorama de más universitarios que técnicos en primer año de educación superior.

A las 10 de la mañana partió desde esta ciudad uno de los trenes especiales que llevaba a los invitados a la inauguración del mineral de Chuquicamata de la Chile Exploration Co. En la estación, numerosos amigos y familiares les despidieron. La banda del Regimiento Esmeralda les acompañó con su director Enrique Devivó.

Hace medio siglo comenzó a operar el mineral de Chuquicamata. El centro productivo más importante del país. El 18 de mayo de 1915 el presidente Ramón Barros Luco oprimió un botón en su oficina de La Moneda y puso en movimiento la planta generadora de Tocopilla que alimenta con energía el mineral.

"La idea es crear una norma que asegure que el Estado asumirá los costos de tratamiento".

Diputada RN habla de la

"Ley de Polimetales"

"Los ministros están para colaborar incluso con nuestra salida a la marcha del Gobierno".

Vocero de Gobierno responde a

declaraciones de Álvaro Elizalde

La autoridad sanitaria de la II Región levantó la prohibición de ejecutar trabajos en el Puerto de Antofagasta por parte de la empresa Mall Plaza, luego de aprobar los planes de contingencia laboral y ambiental. La seremi de Salud, Marcela Hernando, dijo que la razón es el cumplimiento por parte de las empresas.

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