El fiscal nacional Sabas Chahuán no descartó indagar supuestos pagos del grupo Angelini a la firma del recaudador Giorgio Martelli. Ello, luego que se conociera que dos filiales del holding emitió pagos a la empresa Asesorías y Negocios SpA, de propiedad del operador político, quien fue recaudador de la primera campaña de Michelle Bachelet .

"No voy a hablar de diligencias precisas de la investigación, porque no corresponde, estaría vulnerando la ley, pero reitero: nosotros vamos a citar, vamos a formalizar, eventualmente, vamos a acusar a todos los que hayan cometido delitos. Ésa es la tranquilidad que quiero transmitir", aseguró ayer la máxima autoridad del Ministerio Público.

"En la medida que haya información que amerite investigar algún delito, lo vamos a hacer", agregó tras ser consultado sobre la posibilidad de la apertura de una nueva arista en la causa a raíz de los citados antecedentes.

La información contable que le entregó el mismo Martelli a la fiscalía señala que la empresa de propiedad del ex recaudador de la primera campaña de la Presidenta Michelle Bachelet recibió pagos por $233 millones de SQM Salar, de $151 millones de Celulosa Arauco y de $57 millones de Copec, éstas últimas del grupo Angelini. Todo esto suma $431 millones entre los años 2012 y 2013, según publicó ayer La Tercera.

Por otra parte, ayer debía realizarse el interrogatorio a Martelli. Sin embargo, la declaración se pospuso hasta la próxima semana, según informó el mismo Chahuán, luego de que la defensa del operador político pidiera una prórroga para tener más tiempo para estudiar en profundidad la carpeta del caso.

"Yo podría obligar mediante una autorización judicial a alguien a comparecer a la Fiscalía, pero no puedo obligarlo a declarar, así que si me pide que le postergue la declaración para la otra semana, estoy obligado", agregó el jefe del Ministerio Público.

Por 97 votos a favor aprobó ayer la Cámara de Diputados el proyecto conocido como la "ley Ricarte Soto", que crea un sistema de protección financiera para tratamientos de enfermedades de alto costo y que fue bautizada así en honor al periodista que murió de cáncer tras encabezar una lucha por mejorar la cobertura del sistema de salud.

El proyecto pasó así su ultimo trámite constitucional y quedó listo para ser promulgado. La aprobación de la moción no estuvo exenta de críticas, debido a la supuesta falta de debate que habría existido en torno a ella y por la preocupación que se generó tanto en el oficialismo como en la Alianza por el financiamiento del sistema.

Para este año el fondo contempla $30 mil millones, $60 mil para el próximo y $100 mil para 2017, por lo que se ha adelantado que podría tener que ajustar el presupuesto.

Tras la aprobación del proyecto, la viuda de Soto, la periodista Cecilia Rovaretti, quien estuvo en las graderías del Parlamento durante la sesión, manifestó su alegría. "Ricarte estaría feliz. No sé, el era bueno para los garabatos, no me imagino lo que diría en este momento", afirmó en declaraciones citadas por Cooperativa.

"Tomen conciencia que es gradual. Si se han creado muchas expectativas es natural, pero aquí no hay engaño ni letra chica, es gradual (...) Hay que ser muy pesimista para creer que esto no es un buena noticia", agregó la periodista sobre las dudas que generó el proyecto.

La nueva norma crea un sistema de protección para financiar enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco comunes, cumpliendo con ciertos requisitos que serán determinados a través de un decreto del Ministerio de Salud.

La ministra de esa cartera, Carmen Castillo, señaló que se dará un plazo de 90 días para que se elabore el reglamento, tras la promulgación de la ley.

Al término de los alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado 8 de mayo, el juez japonés Hisashi Owada, le pidió a los equipos jurídicos de Chile y Bolivia que definieran qué significa "acceso soberano al mar", porque éste no es un término reconocido por el derecho internacional consuetudinario.

El 13 de mayo ambos equipos entregaron sus respuestas al tribunal, que permanecieron en reserva hasta ayer, cuando fueron liberadas, al mismo tiempo que se dieron a conocer las observaciones posteriores que cada equipo.

En el primer texto enviado, Bolivia declinó responder a la pregunta del juez, argumentando que contestará si el tribunal se declara competente y rechaza las objeciones preliminares presentadas por Chile.

El canciller Heraldo Muñoz dijo que Bolivia "se complica" y que es "inexplicable" que se haya rehusado a contestar. "Resulta inexplicable porque en su memoria, en su aplicación y solicitud, dice claramente que está pidiendo un acceso completamente soberano y eso implica transferencia de territorio de Chile a Bolivia. La respuesta tenía que ser muy clara, si no respondieron es porque significa que tienen que reconocer que (su aspiración) se contrapone al Tratado de 1904 y que además, ello estaría en contraposición del artículo VI del Pacto de Bogotá, por lo tanto la corte debe ser incompetente", afirmó.

"Como están complicados y quieren ir al fondo, sostienen que quieren ir al fondo. la contradicción de Bolivia es evidente y flagrante", agregó.

La defensa boliviana argumentó que "la existencia y contenidos específicos de los acuerdos de las partes, sostiene respetuosamente Bolivia, claramente no es una materia para la frase preliminar, en su lugar, se debe determinar en la etapa del fondo del procedimiento".

Por su parte, el equipo jurídico chileno insistió en su respuesta que los asuntos de soberanía entre ambos países ya fueron resueltos en el Tratado de 1904 y que según el Pacto de Bogotá, que le da jurisdicción a la CIJ, el tribunal no puede intervenir en esta materia porque el tratado es anterior a la existencia de la corte.

"En el contexto de explicar su demanda de un derecho a 'acceso soberano al Océano Pacífico', Bolivia se refiere igualmente a 'la secesión a Bolivia de costa soberana', 'cesión de territorio' y 'modificación del estatus territorial entre dos países'", dice la respuesta chilena.

"Bolivia está reclamando que Chile está en obligación de transferir a Bolivia soberanía sobre territorio de costa bañado por el Océano Pacífico", concluye.

Luego de recibir la respuesta boliviana, Chile comentó que "ahora Bolivia rechaza abordar el punto que ya ha hecho tan explícito en su demanda", criticando a La Paz por rehusar llegar al fondo de la demanda.

La Corte Internacional de Justicia definirá entre octubre y diciembre si es competente o no para resolver la demanda marítima boliviana. El excanciller boliviano y actual embajador en El Vaticano señaló que "la respuesta ha sido entregada luego de haber sido analizada detenidamente por el equipo jurídico y ha sido aprobada también por el presidente y el vicepresidente, el procurador general y el Consejo Marítimo. Bolivia ha respondido ampliamente a todas las preguntas", en declaraciones citadas por la versión online El Deber de Bolivia, sin ahondar en la explicación para declinar responder a la pregunta del juez.