Tres instituciones de educación superior en Antofagasta serán beneficiadas con el proyecto de cobertura total para el 60% de los estudiantes más vulnerables, quienes estudian en los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales acreditados (IP) y universidades del Consejo de Rectores (Cruch) para el 2016.

La propuesta legal, anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet en el discurso del 21 de mayo, consiste que a partir del próximo año, vía Ley de Presupuestos, se dará gratuidad "sin becas ni créditos" a los alumnos del 60% de estas instituciones que no tengan lucro.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre explicó que "las becas del Estado cubren el 84% del valor real de las carreras. Con la propuesta del gobierno en el 2016 se entregará directamente a las instituciones seleccionadas el total del costo".

En la capital regional, instituciones como Inacap, Santo Tomás, Pedro de Valdivia, Aiep y Esane del Norte no recibirán este financiamiento, debido a que el gobierno puso como requisito que estén acreditadas y no tengan fines de lucro.

Distinta situación serán las universidades Católica del Norte (UCN) y de Antofagasta (UA) por pertenecer al Cruch, además del Centro de Estudio y Capacitación (Ceduc) de la UCN.

VULNERABILIDAD

En Antofagasta actualmente existe un universo aproximado de 21 mil estudiantes en la educación superior, de las cuales más de la mitad estudian en estas instituciones privadas.

Algunos rectores y directores rechazaron esta nueva propuesta del Ejecutivo.

El rector de la sede Antofagasta de la Universidad Santo Tomás, Exequiel Ramírez, cuyo 65% de sus estudiantes son de estratos sociales bajos, cuestionó la manera discriminatoria con que el Ejecutivo plantea este financiamiento.

"Este criterio de selección solo para las universidades del Cruch es cuestionable, porque esto separa a los jóvenes que tienen los mismos orígenes socioeconómicos y las mismas capacidades. Está dejando fuera a estudiantes porque solamente no estudian en alguna institución perteneciente al Consejo de Rectores", sostuvo.

Luz Hun, directora ejecutiva de Aiep (sede Antofagasta), dijo que esta resolución es evidentemente discriminatoria y "deja en una situación de vulnerabilidad a un número significativo de estudiantes que hoy asisten a estas a aulas".

"Esta medida atenta directamente contra las posibilidades de acceso a más y mejores empleos, y por lo tanto, a una mejor calidad de vida de quienes viven en los estratos más vulnerables de nuestra sociedad", señaló.

La autoridad de Aiep aseguró que en este instante "no tenemos certeza de la situación en que quedarán los alumnos que estudian en instituciones técnico profesionales de calidad y con fines de lucro, dado que en la cuenta pública no se dieron los detalles del anuncio ni del impacto en los mecanismos de becas y créditos estatales que actualmente están disponibles para los estudiantes".

"ley corta"

El rector nacional de Inacap, Gonzalo Vargas, manifestó a El Mercurio de Antofagasta que esta media no beneficia a ningún alumno de la universidad, IP y CFT de esta institución (la más grande del país).

"No estamos de acuerdo con la propuesta. Hemos sostenido que el beneficio tiene que ir al estudiante y que ellos decidan donde estudiar, independiente de si pertenecen al Consejo de Rectores. Lo mismo con los IP o CFT, que por razones instrumentales se conformaron en sociedad no en fundaciones, pero que al mismo tiempo, la ley les impide transformarse", argumentó.

Según Vargas, el problema pasaría por la decisión del Ministerio de educación, o una ley corta.

"Este sistema introduce discriminaciones arbitrarias, nosotros quedamos fuera por un tecnicismo. Aquí hay que tener presente que el sujeto de derecho es el alumno y no la institución", dijo.