Muchas novedades hemos tenido con los cambios en el Servicio de Impuestos Internos. Por lo mismo, el nuevo director de la institución debería enfocar las prioridades tributarias del país en producir un acercamiento de la autoridad con los contribuyentes, de tal manera de recuperar la confianza y seguridad que se pueda haber perdido o lesionado con la reforma tributaria, cuya inspiración es claramente de lucha contra la elusión, y por los últimos acontecimientos en los cuales se ha ejercido la acción penal por parte del organismo.

Es fundamental transmitir a los contribuyentes que cuentan con una autoridad imparcial, objetiva, que fiscaliza estrictamente conforme a derecho, y que no prejuzga en manera alguna.

En cuanto al nuevo escenario que se abre para la implementación de la reforma tributaria, el aporte del director nacional debe ser interpretar y aclarar aquellos puntos oscuros o ambiguos de la ley, que están generando inseguridad en las personas.

Algunos ejemplos de ello lo constituyen el régimen de amnistía tributaria por los activos y rentas en el exterior (impuesto sustitutivo 8%), y la aplicación de la norma antielusiva de carácter general, materias en las cuales todavía existe mucha inseguridad y poca claridad respecto a su aplicación. Sin embargo, la interpretación del Director no puede sobreponerse a la propia ley, por lo que aquellas materias que requieran modificación de la normativa, no pueden ser solucionadas por la vía interpretativa.

En mi opinión, el director nacional derechamente debiera proponer al Ejecutivo las modificaciones que corresponda introducir a la reforma tributaria por la vía legislativa, con el fin de aclarar su sentido y alcance. Dentro de éstas se encuentran temas tales como el régimen de amnistía tributaria del 8%, la norma antielusiva de carácter general y el régimen de renta con integración parcial, entre otros.

Tras el anuncio del acuerdo de venta que llegó Aguas Antofagasta con el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), la comunidad calameña se manifestó en contra por la preocupación existente sobre el manejo del recurso hídrico, ya que el consorcio colombiano habría manifestado su intención de privilegiar el agua para uso industrial. Por ello la Asociación de Agricultores de Calama (Asac), presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y así frenar la venta.

El presidente de la Asac, Esteban Araya, argumentó que con esta acción legal interpuesta es posible frenar la concreción de la venta. "Además, nuestro argumento apuntó que mientras no exista la autorización de Econssa no pueden hacer efectiva la venta, sumado a que atenta contra el libre ejercicio de nuestro oficio, que depende directamente del recurso hídrico que poseemos por derecho", añadió.

El recurso de amparo interpuesto por la Asac, también exige el cumplimiento de la consulta indígena que contempla el Convenio 169 de la OIT, acción que no se realizó en el proceso de acuerdo de venta.

El diputado Marcos Espinosa, ha seguido muy de cerca esta problemática y por ello es enfático en respaldar el actuar de los agricultores. "Apoyaremos todas las iniciativas legales, administrativas y legislativas que impulsen una revisión de la potestad que tiene las concesionarias de negociar su venta a otras empresas, porque son administradoras de un bien público", argumentó.

Preocupación

Los agricultores locales y la comunidad calameña, ve con desconfianza la manera en que el consorcio colombiano pueda administrar el recurso, temiendo la continuidad de aducciones como Lequena, Quinchamale, Toconce, Puente Negro y otras, que están destinadas para consumo humano y agricultura.

"También nos preocupa el agua que tiene la sanitaria en el Embalse de Conchi que utiliza para consumo humano, las cuales vemos en peligro de ser vendida a la minería y por ello queremos revisar el contrato que tiene este embalse con Aguas Antofagasta, ya que si se concreta esta venta nosotros haríamos esfuerzos para cerrarles la llave y no permitir que ellos almacenen agua allí. Porque este embalse fue construido para acumular agua para la agricultura y consumo humano", argumentó Araya.

Venta de agua

Sobre la latente preocupación de que Aguas Antofagasta o EPM, puedan vender aguas a la industria, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), declaró que "la sanitaria es explotador de concesiones del Estado y en dicha calidad utiliza los bienes que el Estado le entregó, pero sólo a título de comodato y no de dominio. En consecuencia no puede vender los bienes sin contar con el consentimiento expreso del Estado, es decir, de Econssa.

Por tanto la concesionaria, no puede vender los derechos de agua a las mineras porque, ante todo, no les pertenecen y además son esenciales para la producción de agua potable comprometida en los Planes de Desarrollo del Gran Sistema Norte: más Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones, que corresponden a su área concesionada obligatoria".

La SISS además, explicó que "esos derechos actualmente respaldan la concesión de agua potable que la empresa mantiene en la Segunda región, en las localidades citadas. De acuerdo a la normativa sanitaria, la empresa a lo menos debe acreditar ante este Organismo que detenta, sea en propiedad o en uso, los derechos suficientes para abastecer la demanda de un horizonte de 5 años, todo lo cual queda plasmado en el programa de desarrollo de la concesionaria y sus actualizaciones, aspecto que debe ser supervigilado por la SISS en base a sus atribuciones fiscalizadoras y de control.

Por su parte la empresa, de acuerdo al DFL MOP N°382/88 sobre la Ley General de Servicios Sanitarios, debe asegurar a sus clientes la debida calidad, cantidad y continuidad de los servicios que presta dentro de sus áreas concesionadas, todo lo cual, se encuentra en permanente evaluación y fiscalización".