A grandes rasgos, Chile restringió al ámbito estrictamente jurídico la demanda marítima que Perú le interpuso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el año 2008, con su "política de las cuerdas separadas" (PCS). Es interesante analizar esta política desde la perspectiva de la disuasión.
Dentro de los elementos claves de la teoría de la disuasión, se encuentra el contar con una capacidad que permita imponer costos inaceptables al potencial adversario, de modo que ello influya en su decisión de desechar la vía armada para alcanzar sus objetivos nacionales. En este contexto, es fundamental que la autoridad política tenga una credibilidad que haga razonable su voluntad de emplear esta capacidad para defender los intereses nacionales del país. Asimismo, conocer la cultura estratégica de quien se quiere disuadir, para comprender cómo toma sus decisiones y, en consecuencia, sus probables respuestas frente a las acciones disuasivas que se realicen.
Como se sabe, la disuasión es una acción política. Esto implica que la capacidad disuasiva de un país no se agota en lo militar, sino que incluye a todos los factores que conforman su poder nacional. De acuerdo a Joseph Nye y su Smart Power, este poder se puede dividir en Hard y Soft Power. Mientras el primero agrupa a los factores que poseen un carácter coercitivo, como por ejemplo el militar, diplomático y económico, el segundo concentra a los de naturaleza persuasiva, como el cultural y social. Un Estado debe combinar inteligente e integralmente la aplicación de ambos tipos de poder para sacar el máximo provecho de ellos, para así aumentar la probabilidad de que el adversario se comporte conforme a lo esperado.
Para analizar la PCS desde la perspectiva de la disuasión, es pertinente realizar un ejercicio académico para profundizar respecto al objetivo nacional que Chile definió frente a la demanda peruana.
Si el objetivo era mantener la soberanía nacional de Chile, es posible decir que con la PCS no existió en estricto rigor disuasión. Si bien se utilizó el respaldo de la capacidad militar para evitar que el conflicto escalara innecesariamente a uno armado, simultáneamente las relaciones comerciales e incluso diplomáticas entre ambos Estados seguían experimentando avances, abstrayéndose del conflicto limítrofe. Por tanto, los costos para Perú de impulsar su demanda en la CIJ le eran aceptables, dado que le era posible seguir beneficiándose de un creciente intercambio comercial y diplomático con Chile. Consecuentemente, se anuló políticamente la contribución que el factor militar realizaba a la disuasión nacional y se sub-utilizó el poder nacional existente (ver Figura).
También es posible que Santiago haya tenido el convencimiento de que la PCS era compatible con este objetivo y simplemente abogó por una mirada idealista, donde la promesa de un creciente acercamiento comercial con Lima era suficiente para disuadirla a desechar su demanda en la CIJ. En este caso, habría que recordar nuevamente a Nye cuando plantea que una aproximación netamente realista carece de legitimidad, mientras que una puramente idealista, es ingenua.
Sin embargo, las conclusiones son distintas si se considera, por ejemplo, que el objetivo nacional era evitar un conflicto armado con Perú; también en caso de que hubiese sido lograr un acercamiento con este país a largo plazo. En estos dos últimos casos los objetivos no son contrapuestos entre sí, diferenciándose básicamente en la mayor amplitud del último. Lo interesante es que en estas situaciones sí es posible decir que existió una disuasión por parte de Chile y que el país explotó adecuadamente su poder nacional. Por un lado, porque Chile buscaba evitar un conflicto armado a través del desarrollo y mantención de una capacidad militar con efectos disuasivos. Por otro, puesto que se generaban las condiciones para un creciente acercamiento bilateral a través del ámbito comercial y diplomático. Con esto, se evitaba al mismo tiempo la polarización de las partes propio de todo conflicto armado, que habría hecho inviable cualquier tipo de acercamiento en el corto plazo.
Lo relevante de lo anterior, es que al considerar la posibilidad de que existió un objetivo distinto al de mantener la soberanía nacional, es posible comprender la lógica de las medidas implementadas por Chile. No obstante, el resultado concreto de ellas, fue la pérdida marítima de 22 mil km2 de zona económica exclusiva chilena.
El conflicto marítimo Chile-Perú entrega lecciones significativas que deben ser internalizadas para el desarrollo de futuras estrategias disuasivas por parte del conductor político. Entre ellas, tener claridad respecto al objetivo nacional que se persigue y explotar integralmente el poder nacional que se posee para su concreción.
