En agosto se terminarán los $50 millones destinados para la operación del sistema de televigilancia en Antofagasta, por lo que desde el primer día de ese mes, no habrán recursos para cancelar el sueldo de los operadores, pagar el consumo eléctrico o ejecutar reparaciones en la red.
Se trata de las 31 cámaras de seguridad que están presentes en su mayoría en el centro de la ciudad, aunque también hay aparatos instalados en el sector norte y sur de la comuna. Ante el inminente agotamiento de los recursos, la Gobernación Provincial (encargada de la gestión de la televigilancia) emitió un oficio al municipio solicitando una transferencia para asegurar que el sistema trabaje con normalidad.
El documento fue enviado el pasado 15 de junio y en él se detalla el convenio que la gobernación y la municipalidad suscribieron en marzo de este año. El acuerdo sostiene que "en caso de existir una disponibilidad de caja menor al 10%, la Gobernación deberá informar con un mes de anticipación, a fin de que sea incrementada en una cuota acordada entre las partes", detalla el escrito.
plazos
Las cifras entregadas por la repartición de gobierno explican que el próximo 15 de julio el saldo disponible será de un 9,8%. Es decir, de los $50 millones que entregó la casa consistorial, la primera quincena del próximo mes se habrán gastado en total más de $45 millones.
El oficio debe llegar hasta la alcaldesa Karen Rojo, quien debe presentarlo al Concejo Municipal para que apruebe los montos necesarios. El gobernador (s), César Benítez Espinoza, sostuvo que es vital que la petición sea presentada lo antes posible al concejo.
Esto porque "los plazos internos del municipio son extensos, el trámite debe cumplir con una serie de gestiones obligatorias que retrasan la celeridad en la entrega de los recursos", aseguró el gobernador.
El trámite municipal consta de unos 15 pasos hasta que el cheque finalmente es emitido, en una red de vigilancia cuenta con 14 funcionarios.
El escrito de la Gobernación también hace referencia a que la cifra solicitada inicialmente para asegurar el funcionamiento de las cámaras era de 156 millones 725 mil pesos. Sin embargo, la cantidad transferida sólo llegó a los $50 millones, el 32% de lo requerido.
Esto significó que "hemos debido obviar ciertos objetivos que teníamos trazado este año y priorizar los ítems fundamentales, como son el pago de los sueldos de los operadores, de la luz y las mantenciones", dijo Benítez.
policía
Agregó que a pesar de ello, tanto los trabajadores como Carabineros y la Gobernación realizaron esfuerzos para cumplir con las expectativas que la comunidad espera de esta red.
Respecto a este punto, el gobernador (s) dijo que la información entregada por la policía uniformada demostró cuantitativamente el aumento en el número de procedimientos y detenciones gracias a las cámaras.
En 2014, el sistema registró 211 procedimientos entre enero y mayo, mientras que a la misma fecha, este año suma 696. Los detenidos también se incrementaron pasando de 163 a 324.
La gobernación solicita el traspaso de $106 millones de lo contrario, no habrá dinero para cancelar el sueldo de los 14 funcionarios o costear los mantenimientos que superan los $3 millones cada uno.
Por el consumo eléctrico de las 31 cámaras deben pagar mensualmente entre 600 mil y un millón de pesos. En caso de no conseguir el financiamiento, el funcionamiento de las cámaras quedaría en "jaque", ya que no podrían solventar sus gastos.
Pero este problema ha sido un tema recurrente durante los últimos años en la ciudad, con episodios similares desde la administración municipal de Daniel Adaro. Por ejemplo, en 2008, el gobernador de la época, Arnaldo Gómez, manifestaba su preocupación por la falta de recursos que ponían en peligro la operación de las cámaras de seguridad.
Otra dificultad que genera la falta de dinero para la red de cámaras es que limita las mantenciones de los equipos, sobre todo los que están cerca del borde costero y expuestos a la humedad y salinidad del mar. Este hecho gatilló que en incluso en 2010, 14 de 24 aparatos estuvieran fuera de servicio por la ausencia de mantenimiento.
