A pesar de las derrotas judiciales de los "tragamonedas" a nivel nacional, estas máquinas siguen proliferando en comunas como Antofagasta. A su vez, el gremio que agrupa a sus dueños efectúa un intenso lobby en el parlamento para "regularizar" la actividad.
Demostrar si la máquina es de "azar" o "destreza" es el centro de todo el conflicto. Las primeras son absolutamente ilegales en Chile (a menos que estén en uno de los casinos permitidos por ley), mientras que las de destreza tienen prácticamente vía libre para instalarse.
Aquí entra un punto clave que involucra el criterio de los ayuntamientos. Según los pronunciamientos de Contraloría, al autorizar la máquina debe haber convicción por parte del municipio de que se trata de un juego de destreza. "Las entidades edilicias deben, necesariamente, tener en cuenta el catálogo de juegos de la Superintendencia de Casinos de Juego, al pronunciarse sobre la autorización de funcionamiento de máquinas de destreza que se les presenten, debiendo, en el caso de no estar incluida una determinada máquina en tal listado, formarse la convicción de que se trata de un elemento de habilidad o destreza…", dice en uno de los pronunciamientos de Contraloría.
Triunfo municipal
De esto saben bien en la municipalidad de Calama. Desde hace unos años han librado una guerra judicial contra los dueños de minicasinos. Después de decenas de recursos de protección en su contra, finalmente se ganó la guerra, aunque aún hay locales "rebeldes" que se niegan a bajar sus cortinas.
El procurador jurídico del municipio, Patricio Villaseca, explica que los minicasinos funcionaban con patente de videojuegos, "lo que era un engaño. Incluso hubo casos en que cuando eran inspeccionados cambiaban las máquinas para no ser detectados".
Primero el municipio decidió no renovarles las patentes, ante lo cual los empresarios interpusieron recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta alegando que se les coartaba el derecho a ejercer una actividad económica. Todos los recursos fueron rechazados. Según el tribunal, al decretar la clausura el edil de Calama actuó "dentro de la esfera de sus atribuciones, de tal suerte que no lo ha hecho por capricho ni con infracción al ordenamiento jurídico".
Para las Cortes -al igual que para Contraloría-, si no hay absoluto convencimiento de un municipio sobre que las máquinas no son de azar, están en su derecho de no aceptarlas, a pesar de los peritajes que pudieran presentar los empresarios de tragamonedas.
Empresarios
Uno de los gremios que agrupa a los operadores de tragamonedas es Fiden, quienes han efectuado un intenso lobby en el congreso para "regularizar" su actividad.
Según Fiden, no se puede acabar con un rubro que da empleo a miles de personas y entretención a los sectores de menores recursos.
El mayor argumento de por qué sus máquinas serían lícitas es que se trata de "juegos programados", no de azar. "El premio que entregan depende de una programación que tiene una secuencia fija de combinaciones en que unas tienen asociados premios y otras no, pero siempre son las mismas", asegura Fiden. Bajo esta lógica, los jugadores podrían aprender la secuencia.
Pero para la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, el mismo hecho de que los dueños de tragamonedas busquen una "regularización" demuestra que su actividad es ilícita. El asesor jurídico de este gremio que agrupa a los grandes casinos, Juan Carlos Manrique, sostiene que "las máquinas que se dicen de premio programado, son ilegales porque esa calificación en Chile no existe. Se ha intentado hacer una asimilación de una categoría de la legislación europea, particularmente la española. Pero en Chile las máquinas que se presentan como de premio programado son en realidad de azar porque su componente hace imposible determinar cuándo el jugador ganará. El factor humano es irrelevante en el resultado".
Para la asociación, la estrategia que han efectuado los empresarios de minicasinos es alargar judicialmente el conflicto. Por ejemplo en esta región los dueños de tragamonedas interpusieron hace poco un recurso de protección contra el Ministerio Público, el cual se revisó el viernes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta (la resolución se conocerá en los próximos días). Sostienen que el Ministerio Público se ha sobrepasado en sus atribuciones al perseguirlos judicialmente. Antes se han puesto recursos contra el municipio de Calama y carabineros, los que han sido rechazados.
