El rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, rechazó ayer la "molestia" manifestada por los planteles privados que acusan haber sido "discriminados" en la primera etapa del proceso de gratuidad en la educación superior.

"Hoy día se ha puesto de moda, a raíz del financiamiento prometido para las públicas, que todas quieren aparecer como públicas", criticó Vivaldi en radio Cooperativa.

El académico aseguró, no obstante, que tiene "el mayor respeto por los proyectos de las universidades privadas" y que "jamás consideraría que ninguna universidad es rival ni competidora de la Universidad de Chile (...) que le vaya bien a todas, jamás voy a estar en contra de ninguna otra universidad".

Sin embargo, agregó, "me parece que el que un Estado se preocupe de las universidades estatales es una cosa demasiado obvia en cualquier lugar del mundo como para que sea motivo de molestia".

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La semana pasada, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, descartó incluir a las universidades privadas que no integran el Consejo de Rectores (CRUCh) en la gratuidad anunciada para el próximo año para el 60% de los estudiantes más vulnerables.

El anuncio generó molestia de las casas de estudios privadas, que acusaron "discriminación".

Al respecto, Vivaldi señaló en el citado medio radial que "de todo el sistema de educación superior, apenas el 15% está representado por las universidades estatales como estudiantado".

"Eso es casi una cosa marginal, el sello de la universidad estatal, los valores que lleva un profesional formado en la universidad estatal es clave en todo lo que es la vida pública del país, no puede ser reducido a ese nivel", dijo.

Por ello, añadió, "no creo que la palabra discriminación quepa. Si alguna discriminación ha habido por mucho, mucho tiempo, es una feroz discriminación contra todo lo público y, en particular contra universidades públicas".

"Eso es muy triste, porque me atrevería a decir que gran parte de la crisis de valores que hoy día tenemos es precisamente por la pérdida de ese sentido de que configuramos todas una unidad, un país, una sociedad solidaria, que son los valores que imparte la educación pública", manifestó.

Propuesta alternativa

El viernes, el senador PS Fulvio Rossi presentó una propuesta alternativa para implementar gratuidad en la educación superior.

El proyecto del parlamentario oficialista aumenta de 33 a 59 el número de instituciones beneficiadas, y de 201 mil a 372 mil los estudiantes incluidos en el plan de financiamiento.

Rossi incluyó en su iniciativa a los centros de formación técnica (CFT) y a los institutos profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro, o cuyos dueños sean instituciones que no persigan el lucro, y a las universidades fuera del CRUCh que estén acreditadas y cuyos controladores no tengan fines de lucro.

La propuesta requeriría la inyección de US$ 350 millones adicionales.

Esta es "una propuesta donde los requisitos para poder gozar del beneficio de gratuidad son mucho más justos, y donde vamos a llegar a todos los alumnos vulnerables que estén en instituciones acreditadas o un porcentaje significativo y, además, con una distribución a lo largo del país", aseguró el legislador.

"No es posible que a los jóvenes de centros de formación técnica e institutos profesionales vulnerables que están acreditados los dejemos fuera y que establezcamos una discriminación entre universidades privadas dentro y fuera del CRUCh, porque ahí el principal argumento para entregar recursos del Estado debe ser la vulnerabilidad de los jóvenes", opinó.

La fecha tentativa en que el Ejecutivo enviaría el proyecto de nueva institucionalidad de la educación superior es septiembre de este año. El texto legal abordaría asuntos como la acreditación, la calidad de los planteles y el proceso de gratuidad.

Es innegable que a medida que los países se desarrollan y la calidad de vida de sus ciudadanos mejora, se hace necesario ajustar las normativas a los nuevos desafíos que presenta el entorno. Estos cambios se deben hacer desde un diagnóstico certero de la situación actual y con una visión clara respecto al futuro que queremos construir.

Lamentablemente esta premisa, tan obvia como fundamental para la construcción de políticas públicas exitosas, no se ha cumplido en el diseño de la reforma laboral. Bajo supuestos errados y con una visión del mercado laboral basada en principios ideológicos de hace 40 años, se ha buscado instaurar mecanismos de sindicalización forzosa de los trabajadores, mermar las potestades administrativas de los empleadores sobre sus empresas y debilitar la democracia laboral, otorgando a las directivas un poder desmesurado sobre las decisiones de las asambleas.

Cuando el 52% de los chilenos se manifiesta contrario a la reforma se hace evidente que el camino propuesto no es el que el país quiere recorrer. Como SOFOFA hemos aportado a un debate constructivo respecto al futuro del mundo laboral en Chile, presentando catorce propuestas concretas para mejorar el actual texto e incorporar a la discusión elementos que a la fecha no han sido considerados, tales como el fomento de la participación femenina y juvenil, el fortalecimiento y modernización del Seguro de Cesantía, y la promoción de la Educación Técnico Profesional, entre otros.

Es fundamental corregir aquellos aspectos del proyecto que representan un menoscabo de los derechos individuales de los trabajadores. El resguardo y defensa de la libertad de afiliación a un sindicato o grupo negociador no puede quedar mermado por incentivos perversos que busquen una sindicalización forzosa; o el derecho de cada empleado de reincorporarse a su puesto de trabajo una vez iniciada la huelga no puede ser transferido a la cúpula sindical.

En esta misma línea, es necesario garantizar los derechos del empleador sobre la operación de su empresa permitiendo el reemplazo en huelga y otorgándole las facultades de definir los servicios mínimos y los equipos de emergencia requeridos durante un eventual paro. Bajo ninguna circunstancia el funcionamiento de una planta o empresa se debe usar como medida de presión para obtener beneficios por parte de un grupo de individuos.

Incluso la OIT ha manifestado la necesidad de corregir y mejorar el proyecto. Es necesaria una discusión pausada y responsable, sin el apremio de los réditos políticos que suelen confundir las prioridades y urgencias del debate. Los errores en estas materias los terminan pagando las familias más pobres, por lo que no hay margen de equivocación en las decisiones que se adopten.

Los rectores del Consorcio de Universidades del Estado se reunieron el viernes con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, oportunidad en la que se abordó la situación de los planteles estatales. Tras la cita, Vivaldi reprochó que "la forma en cómo se financian, en cómo son tratadas, en ninguna parte del mundo se creería factible de que es un argumento decir que no se le puede dar un peso a las universidades estatales si no se le da el mismo peso a las universidades privadas. Ese argumento no lo entiende nadie en el mundo".

Presidente

SOFOFA

C

Columna

60%

de gratuidad

en la educación superior comprometió la Presidenta Bachelet para 2016.

33 a 59

aumenta el número de instituciones beneficiadas con gratuidad una propuesta presentada por el senador Rossi.