Los concejales Doris Navarro, Jaime Araya y Eduardo Parraguez, acudieron a Contraloría para entregar los antecedentes de una investigación interna que detectó irregularidades en la fiscalización del contrato de vigilancia que el municipio mantiene con la empresa Security Express.

El informe fue realizado por la Dirección de Control de la propia casa consistorial y entregado el lunes a los concejales, quienes de inmediato decidieron remitirlos a Contraloría, organismo al cual ya habían recurrido por el mismo tema.

ANOMALÍAS

El concejal Jaime Araya explicó que la pesquisa de Control determinó varias irregularidades, entre ellas, que a la empresa de seguridad no se le han cobrado $54 millones en multas por distintos incumplimientos.

Además se determinó que las boletas de garantía del contrato expiraron en diciembre de 2014, sin que nadie exigiera que fueran renovadas.

"Pero lo que más nos preocupa es que existen deudas previsionales con los funcionarios, por las cuales el municipio es solidariamente responsable", manifestó Araya.

El edil explicó que la situación es extremadamente compleja para el municipio, porque si se pusiera fin al contrato, habría que pagar aquella deuda previsional, y adicionalmente sería imposible cobrar las multas no canceladas porque las boletas de garantía que normalmente se usan para estos fines no fueron renovadas.

Según explicaron los concejales, su presencia ayer en Contraloría busca que se investiguen las responsabilidades administrativas que condujeron al escenario actual.

Doris Navarro, dijo sobre el tema que los problemas fueron oportunamente advertidos y que se hizo caso omiso de ellos, situación que amerita la realización de sumarios.

Un registro audiovisual de 29 segundos de duración, donde aparecen cuatro alumnos del Liceo Comercial A-12 (Isca), generó que las autoridades del establecimiento iniciaran una investigación debido al baile de alta connotación sexual que protagonizan los menores.

El video se "viralizó" luego que apareciera en el perfil de Facebook "Confesiones Liceo Isca A-12 Antofagasta". En las imágenes suena música de reggaetón, mientras dos parejas bailan. Las mujeres están con sus manos en el suelo mientras sus compañeros las afirman de las piernas.

Las autoridades del liceo se excusaron de efectuar cualquier declaración argumentando que existe una investigación interna por el video.

El control preventivo de identidad es el punto de mayor debate en la "Agenda Corta Antidelincuencia" del gobierno, debido a que la policía contaría con mayores atribuciones para realizar fiscalizaciones aleatorias a cualquier transeúnte.

Para los parlamentarios de Antofagasta, como el senador Pedro Araya (independiente) y la diputada Marcela Hernando (PRSD), la medida no es necesaria al ser una facultad que Carabineros posee actualmente. Sin embargo, la diputada Paulina Núñez (RN) plantea que se trata de una capacidad "restringida" sólo ante la posibilidad de un delito.

La agenda corta está en discusión en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y entre otros aspectos, propone sancionar con cárcel efectiva (al menos un año) a los autores de robos con violencia.

La diputada Núñez explicó que las facultades que tienen los carabineros en estos momentos se limitan a solicitar la identificación cuando "hay indicios de que la persona intenta o cometió un delito".

"El control preventivo de identidad, que cuenta con nuestros votos, es para entregar a carabineros la facultad de solicitar la identificación de cualquier persona y en cualquier lugar", dijo la parlamentaria. Esto, para que la policía pueda verificar si existe una orden de detención pendiente.

PRÓFUGOS

Núñez apunta a que "en la región existen más de 7 mil órdenes pendientes emanadas del Tribunal de Garantía". Por ello, la medida está enfocada en quienes "cumplieron un proceso judicial, donde ya operó la presunción de inocencia y tienen una condena, pero siguen en libres por la calle".

La diputada RN detalló que la medida imita la facultad que posee Carabineros de realizar controles vehiculares en la ciudad o carreteras.

Para el senador independiente Pedro Araya, el actual Código Procesal Penal permite los controles de identidad. Es más, agregó que si alguien no presenta su identificación, "puede ser llevado a un cuartel policial para determinar su identidad".

"Lo que se plantea (control preventivo) es ampliar la atribución de Carabineros para situaciones particulares y eso parece más bien una detención por sospecha que un control de identidad", puntualizó el parlamentario.

Agregó que en este contexto hay que conjugar dos cosas, como es el derecho de considerar a una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario y saber cómo se establece el mecanismo para que las policías actúen mejor.

Araya precisó que la agenda corta incorpora otros elementos que modifican y desvirtúan el sentido de la Reforma Procesal Penal. "Esto se lo plantee a la ministra (Justicia) Javiera Blanco, que en lugar de hacer esta agenda, lo que deberíamos realizar es una revisión integral de la Reforma Procesal Penal, sino será parche tras parche a las atribuciones de Carabineros y la Fiscalía", afirmó.

INDICACIÓN

Con todo este debate entre oposición y oficialismo, el 18 de agosto, el gobierno envió una indicación al proyecto para que las policías puedan controlar la identidad de cualquier persona en lugares o aglomeraciones donde estén expuestos a un peligro para la seguridad y orden público.

La diputada Marcela Hernando coincidió en que hoy la policía puede efectuar controles de identidad, acción con la que está "de acuerdo y no tiene ningún problema".

En cuanto a las detenciones, Hernando dijo que "depende del contexto. Si la legislación permite detener a alguien en una manifestación o disturbios, no me parece que sea condenable. Pero sí, en el caso de una persona que transita y es detenida por su apariencia".