El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, visitará la frontera de Colombia y Venezuela el próximo sábado, tras aceptar la invitación del alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, ante la crisis migratoria.

En un comunicado, Almagro se refirió a la zona fronteriza como un lugar "donde se concentran miles de colombianos que han debido dejar sus hogares en Venezuela y que viven en extrema y penosas condiciones humanitarias".

El secretario general efectuará esta visita "sin prejuicio" de las acciones que tome la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA al que tenían previsto acudir ayer el alcalde de Cúcuta y el Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez.

Almagro llamó a Colombia y a Venezuela "a activar los mecanismos de cooperación fronteriza existentes para resolver las denuncias referidas a contrabando, lucha contra el crimen organizado, paramilitarismo y fortalecer instancias de diálogo conjunto en otros asuntos como atención de salud pública, asistencia social y medioambiente".

La nota que emitió ayer el secretario general de la OEA es el pronunciamiento más extenso que ha efectuado hasta la fecha en la crisis fronteriza que viven Colombia y Venezuela desde hace más de dos semanas.

Ayer, los embajadores en Colombia de más de una veintena de países, así como un representante de la OEA, llegaron a Cúcuta para conocer los efectos de la crisis migratoria.

Los embajadores visitaron en compañía de funcionarios de la Cancillería los albergues donde se encuentran miles de colombianos que han sido deportados por las autoridades venezolanas o ha regresado a su país por decisión propia.

Fuentes oficiales indicaron que el cuerpo diplomático viajó a Cúcuta para participar en un Consejo de Ministros convocado por el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Hasta la zona fronteriza también se desplazaron los titulares del Congreso de Colombia.

El despliegue forma parte de la ofensiva diplomática internacional anunciada por Santos, quien dijo que buscará reuniones con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Además, la Fiscalía de Colombia estudia si denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano, quienes, según Santos, "podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad" relacionados con la deportación de colombianos.

Mientras tanto, Venezuela pidió a Colombia resolver la crisis "en familia" y no en instancias internacionales. "Tenemos dudas de que la satisfacción (que Bogotá no consiguió el lunes en la OEA) venga con un recorrido de 100 organismos internacionales. Siempre lo hemos resuelto en familia y directamente, esa es la vía racional", consideró el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton.

La crisis entre ambos países arrancó el pasado 19 de agosto, cuando Maduro ordenó el cierre de un tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.

Según un informe difundido este lunes y realizado por funcionarios de organismos de las Naciones Unidas que visitaron la zona, 1.100 colombianos han sido repatriados en los últimos trece días por Venezuela y al menos otros 10 mil regresaron a su país "por miedo".

La canciller de Colombia informó que se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para exponerle la crisis humanitaria que atraviesan los colombianos deportados de Venezuela. "El miércoles (de la próxima semana) me recibe el señor secretario general de Naciones Unidas", anunció María Ángela Holguín durante un debate en el Congreso. La ministra de Exteriores dijo que también en breve se reunirá con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

19

de agosto El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de un tramo de la frontera con Colombia.

10.000

colombianos en Venezuela han regresado a su país "por miedo" a ser deportados, según la ONU.

El Presidente de EE.UU., Barack Obama, logró ayer otra victoria de cara al final de su mandato al conseguir los apoyos suficientes en el Senado para que los republicanos del Congreso no tumben el acuerdo nuclear con Irán alcanzado por las potencias del G5+1.

La senadora demócrata Barbara Mikulski anunció su respaldo al pacto, sumando así los 34 votos necesarios en la Cámara Alta para que Obama pueda ejercer su derecho a veto en caso de que los republicanos promuevan una legislación en contra del pacto.

La veterana senadora por Maryland explicó su proceso de análisis del texto acordado con Teherán, así como sus consultas con expertos y parte de la comunidad judía, para llegar a la conclusión de que el pacto es la mejor opción entre las posibles para evitar que Irán logre desarrollar un arma nuclear.

"He preguntado cuáles son las alternativas que pueden ser efectivas y alcanzables si rechazamos este acuerdo. Las he considerado seriamente. Pero al final, (los republicanos) no presentan una opción más viable que este acuerdo. Las otras dos alternativas son más sanciones o la acción militar", comentó la senadora.

Mikulski explicó que el aumento de sanciones de manera unilateral por parte de EE.UU. pierde efectividad si los socios de la Unión Europea, China y Rusia las suavizan y que la "acción militar" siempre es una opción posible para el Gobierno estadounidense, pero debe ser la última.

El Congreso estadounidense, que regresa al trabajo el próximo martes tras el receso de verano, tiene hasta el 17 de septiembre para evaluar y votar el pacto nuclear iraní, un texto que los republicanos, con mayoría en las dos cámaras, rechazan en bloque.