Una de las iniciativas gubernamentales más discutidas del último tiempo, es la gratuidad en la educación superior, que comenzará a regir durante 2016 para el 50% de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Consejo de Rectores, planteles privados, centros de formación técnica e institutos profesionales que no sean sociedades.

En la región son tres las instituciones que se verán favorecidas con esta reforma, que busca "terminar con la desigualdad en la educación".

Se trata de la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte y el centro de formación técnica Ceduc.

A la gratuidad tienen acceso los alumnos de los cinco primeros deciles, es decir, cuyas familias tengan ingresos per cápita (ingreso total divido por número de integrantes) inferiores a $154 mil mensuales.

CÁLCULOS

En la UA calculan que la cantidad de estudiantes que están a tiempo de obtener la gratuidad y que están dentro del rango donde se aplica el beneficio, suman 1.398 estudiantes.

En la UCN, en tanto, estimaron que la gratuidad podría beneficiar a cerca del 38% de los estudiantes, es decir, unos 3.200 jóvenes, que son aquellos pertenecientes a los cinco primeros deciles.

En total, entre ambas universidades, y sin considerar el Ceduc, serían entonces 4.598 los alumnos vulnerables que estarían en condiciones de recibir el beneficio.

Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, dijo a medios electrónicos que la vía para implementar la gratuidad prometida el 21 de mayo por la Presidenta Michelle Bachelet será la Ley de Presupuestos 2016.

De esa forma, el financiamiento total al que eventualmente podrán optar desde el próximo año los alumnos de los primeros cinco deciles y que estudien en alguna de las 36 entidades "elegibles", dependerá exclusivamente de que la glosa presupuestaria para llevarla a cabo sea aprobada en el Congreso.

En el Ministerio de Educación estiman que la medida beneficiaría a cerca de 234 mil estudiantes en el país, lo que equivale al 20% de la matrícula total del sistema.

Para que ello sea posible se necesitarán entre US$300 y US$400 millones adicionales a los US$858 millones que ya destina el Estado cada año para financiar becas y créditos.

RECTORES

El rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, aseguró que la gratuidad que se ofrece para el 2016 no es lo que las universidades ni los estudiantes están esperando.

"Lo que queremos es una ley que implique una reforma de la educación superior y que plantee una fórmula de financiamiento que financie la docencia de pregrado, pero a través de un fondo basal que aporte al costo total de la carrera, es decir, que financie la oferta. No como se presenta hoy, que sólo financia los aranceles de los estudiantes, lo que significa financiar la demanda. Y eso a través de la Ley de Presupuesto", comentó.

Con el nuevo modelo los estudiantes no pagarán el arancel de referencia de la carrera, que fija el Ministerio de Educación, y que normalmente es inferior al arancel real.

Para superar esta brecha, que en algunos casos puede significar que la gratuidad no sea completa, la reforma considera un pequeño plus equivalente al 20% de la brecha que pudiera producirse.

"Aunque no es lo óptimo, esto es un avance para que las familias no tengan que financiar la educación superior", dijo el rector Loyola.

Por su parte, el rector de la UCN, Jorge Tabilo explicó que la gratuidad es un concepto que se alinea perfectamente con la vocación pública de la universidad, así como con la visión y misión de la UCN.

"Somos una universidad católica que siempre ha tenido una política de vocación social que se traduce en apoyar a sus alumnos que provienen de familias de menores recursos", comentó.

Desde este punto de vista, destacó que la gratuidad implica dar oportunidades a estudiantes de buen rendimiento para que puedan entrar a la universidad sin que el aspecto económico sea una limitante.

En cuanto a la implementación de este proyecto, Tabilo contó que desde un principio la opinión de las universidades públicas no estatales, y particularmente de la UCN, es que la gratuidad debe ser implementada de manera gradual y tomando en cuenta la importancia que tienen las instituciones de educación superior regionales.

"Esto, considerando la realidad económica del país, por una parte, y también que se trata de un proyecto con un alto grado de complejidad. En este sentido, entiendo perfectamente que el clima de incertidumbre que hubo haya llevado a algunas universidades a seguir evaluando si se van a adherir de inmediato a la implementación del proyecto, decisión que respetamos", agregó el rector de la UCN.

MINISTERIO

El seremi de Educación, Juan Carlos Vega, indicó que la decisión de un número importante de colegios subvencionados de convertirse en gratuitos a través de la Ley de Inclusión, demuestra la aceptación que está teniendo la reforma del sector.

"En nuestra región 6 mil escolares, en marzo del 2016, podrán recibir los beneficios que el sistema de gratuidad otorga en directa relación al mejoramiento de la calidad de la formación que se entregará a cada uno de estos alumnos", sostuvo.

Asimismo, aseguró que la gratuidad en la educación superior es un compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet con la ciudadanía, y constituye un cambio en el paradigma de la educación, en el cual el Estado juega un rol garante de la calidad y la equidad.

Finalmente Vega hizo un llamado a recuperar la confianza en este ministerio. "Hemos materializado resultados y se sigue trabajando por devolver la dignidad a la educación en todos los niveles de formación", subrayó.

Los 4.598 alumnos que según estimaciones de las mismas universidades, reúnen requisitos para acceder a la gratuidad en 2016, equivalen al 28% de la matrícula total de ambas casas de estudios, que asciende a 16.400 alumnos. Sobre el tema es importante destacar que la reforma otorga el beneficio al 50% de los alumnos más vulnerables (de los cinco primeros quintiles), y no al 50% de los alumnos en general. Por ende, la cantidad final de beneficiados en cada caso dependerá fuertemente de la composición socioeconómica del alumnado, pudiendo variar fuertemente de una región a otra.

A mediados de septiembre retomará sus operaciones Minera El Abra bajo el nuevo régimen de producción. Así lo anunció ayer la compañía estadounidense Freeport McMoran, que además confirmó el despido de más de 650 trabajadores como consecuencia de la baja del precio del cobre.

La minera, que es controlada por la empresa norteamericana pero cuenta con 49% de participación de Codelco, ya había anunciado la semana pasada la reducción de 50% de sus operaciones.

Freeport dijo que los trabajadores despedidos recibirán un paquete de beneficios que excede lo requerido por la legislación vigente.

Según la empresa, los términos del paquete de beneficios incluyen, entre otros, seis meses adicionales de seguro de salud para el titular y sus cargas legales y pago de un incremento equivalente al 50% del monto que le corresponde al trabajador por indemnización por años de servicio ofrecida en la carta de aviso de término del contrato de trabajo.

Los empleados desvinculados equivalen a la mitad de la planta total contratada que funciona en la cuprífera.

Según informaron desde la empresa estadounidense los despidos se deben a la reducción en 50% en las tasas de minería y apilamiento del mineral chancado.

"La producción de la mina, el chancado y el apilamiento fueron suspendidos a las 20 horas del día 1 de septiembre, mientras se implementa la transición a las nuevas tasas operativas. Se espera que las operaciones sean reanudadas a mediados de septiembre", dijo la compañía.

Freeport agregó que las plantas SX-EW de El Abra -que produjo 166.400 toneladas de cobre en 2014- no se verán afectadas durante este periodo de transición.

Críticas

Desde la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), calificaron estas medidas como "unilaterales y arbitrarias".

"Esta conducta empresarial da cuenta de un estilo totalmente reñido con un comportamiento inclusivo, virtuoso y socialmente responsable, que debiese prevalecer como imperativo ético en todos los actores de la industria minera", dijo la FTC en su sitio.

Mientras, el presidente del sindicato San Lorenzo de El Abra, Óscar Arnés, calificó de "injustificado" los despidos y agregó que "no existe un criterio por parte de la empresa, ni tampoco una respuesta por parte del Estado".