Barrios de emergencia reciben apoyo, bajo la condición que sean transitorios
quebradas. 200 familias que habitan en zonas de riesgo serán reubicadas temporalmente.
La idea de trasladar a barrios provisorios a unas 200 familias que viven en campamentos ubicados en zonas de riesgo aluvial de Antofagasta, es considerada una buena iniciativa para evitar pérdida de vidas frente a desastres naturales. Sin embargo, actores ligados al trabajo con campamentos y manejo de emergencias plantean ciertos reparos, como la posibilidad que con el tiempo tales barrios no desaparezcan.
En los últimos meses los asentamientos ilegales se transformaron en uno de los temas más críticos para las autoridades debido al fuerte aumento que registraron, y que en apenas un año los hizo pasar de 24 a 35, sólo en la capital regional, según información entregada por el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.
Además, en los últimos nueve años en Antofagasta sólo se construyeron 1.597 viviendas sociales (datos de la Cámara Chilena de la Construcción), lo que agudiza la crisis habitacional actual.
TERRENOS
Hace dos meses, el Gobierno Regional trabaja en un proyecto para crear barrios de emergencia para 200 familias de cuatro ocupaciones emplazadas en zonas de riesgo, que no cuentan con urbanización ni servicios básicos.
Según informó el intendente Valentín Volta, el proyecto se encuentra en etapa de identificación de los terrenos para estos barrios, lo que debería concluir en septiembre.
Para el director regional de Fundación Techo-Chile, Milko Zenteno Piñones, los barrios provisorios son una buena solución, tomando en cuenta "el riesgo al que están expuestas las familias".
Sin embargo, matizó que "esto es bueno siempre y cuando sea una medida transitoria y que no termine convirtiéndose en una solución definitiva".
Zenteno sostuvo que el trabajo del gobierno con los campamentos es algo inédito en el país, porque además se están tocando temas como la delincuencia y la conexión con las redes del Estado.
El director de Techo rescató al concepto de "provisorio" que el mismo gobierno plantea para estos nuevos barrios.
"No es una solución definitiva, ya que claramente no cumple con parámetros de una solución habitacional con condiciones básicas", dijo.
RIESGO
La exdirectora regional de Onemi y exjefa de gabinete del municipio, Irina Salgado, manifestó que en conversación con el coordinador de campamentos del Gobierno Regional, Víctor Flores, intercambió información en torno a que son cerca de 15 los asentamientos ubicados en sectores de quebradas naturales.
"(Los campamentos) están en un alto riesgo sanitario, de aluviones e incendios y no hay vías expeditas para los organismos de emergencia. Lo importante es que estos barrios provisorios tengan medidas de seguridad", expresó.
Para la exdirectora regional de Onemi, el traslado de estas 200 familias es una buena iniciativa, sin embargo, dicho escenario plantea otra preocupación, como la posibilidad de que los terrenos desalojados sean nuevamente ocupados.
"Si no se hace nada en los lugares donde había tomas, se produce un doble riesgo de que lleguen más personas y quedemos con barrios transitorios y nuevos campamentos", indicó Salgado.
La periodista también recalcó la necesidad que estos lugares sean efectivamente transitorios. En este sentido, recordó la experiencia ocurrida en Tocopilla, donde hubo familias viviendo en zonas de inundación y en viviendas de emergencia casi tres años, después del terremoto de 2007.
Una visión mucho más crítica del proyecto plantea el arquitecto Emile Ugarte, quien considera que la solución al problema pasa por "hacer funcionar la política habitacional, y no dar opción a quienes usan la vía de la fuerza (tomas)".
"El Ministerio de Vivienda debe trabajar con el municipio para aplicar renovación urbana, porque el Plan Regulador no genera terrenos más grandes de los que existen, que en Antofagasta son de 200 o 300 metros y estos sectores liberarían viviendas sociales", subrayó.
Los barrios provisorios no son la solución, añadió Ugarte, quien afirmó "esta forma de hacer las cosas no brinda respeto a la propiedad del Estado o la privada".