Tras una intensa tramitación, que incluyó dos jornadas de revisión además de las audiencias y mesas tripartitas realizadas con el Magisterio y el Gobierno, la sala de la Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto de Carrera Docente al Senado, donde iniciará su segundo trámite constitucional.

El proyecto fue despachado sin el polémico punto del bono de incentivo al retiro para aquellos profesores que están en edad de jubilar, que pese a haber contado con amplio apoyo, no fue incluido en la iniciativa tras ser rechazado por la Comisión de Hacienda el pasado 16 de septiembre.

Pese a esto, la ministra de Educación Adriana Delpiano se refirió ayer durante su intervención a ese punto, asegurando que se evaluará extender el bono de incentivo al retiro aprobado para este año, pero a través de una ley específica que sería tramitada en la Cámara de Diputados.

"Quiero hacerme cargo de algunos puntos que han sido motivo de divergencia al interior de las comisiones. En primer lugar, el bono de incentivo al retiro", dijo la ministra, quien agregó que "claramente el análisis de esta ley nos llevará a llevar el compromiso de Hacienda para revisar este proyecto de incentivo al retiro". Delpiano no especificó una fecha para el envío de este proyecto para incluir el beneficio que fue criticado por el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés que lo calificó de "inadmisible".

La titular de la cartera destacó la aprobación del proyecto de Carrera Docente y señaló que espera un "respaldo bastante amplio" en el segundo trámite en el Senado. "Sin duda este es un momento muy especial. Estamos terminando la mitad de un trámite muy significativo y crucial de la reforma educativa que está impulsando la Presidenta Michelle Bachelet", valoró la ministra.

"Este es un proyecto que se hace cargo de muchos actores de la educación, de los docentes, pero también de los educadores de párvulos; no es verdad que no toque a las educadores porque el 60% que se desempeña en kinder y pre-kinder se incorporarán a la par del resto de los profesores", añadió.

El proyecto establece un nuevo proceso evaluativo de los profesores, así como eleva los requisitos de selección de los profesionales. Así también incluye una proporción de 60% de horas lectivas y 40% de no lectivas en la jornada de los docentes.

El exarzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz afirmó en su declaración del miércoles por la demanda civil interpuesta contra la Iglesia en el marco del caso Karadima, que no creyó las denuncias contra el expárroco de El Bosque por la fama de "santo" que tenía en esa época el sacerdote. En las 22 carillas que dan cuenta de la declaración de cinco horas, que fueron publicadas por T13, Errázuriz señaló que no creyó las denuncias de abusos contra Fernando Karadima "porque el derecho canónico pide que uno inicie una investigación cuando llegue una denuncia que a los menos sea verosímil". "A esa época la fama del padre Karadima era extraordinaria, tenía hasta fama de santo, con tal fama lo que era cierto, es decir la denuncia en esa época no la creí", añadió. La defensa de Karadima evalúa apelar a la decisión del ministro Juan Manuel Muñoz, quien rechazó que el religioso declare en su domicilio por problemas de salud.

Carolina Collins

El Ministerio Público llevó a cabo ayer la formalización de 13 personas involucradas en la investigación de delitos tributarios en el marco del caso Penta. En total 12 de los imputados quedaron con la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional.

Ambas medidas fueron solicitadas por la fiscalía y no fueron rebatidas por las defensas de los imputados. Sin embargo Edgar Pinto, ejecutivo ligado al grupo Cruzat, quedó con arresto domiciliario total, en una medida que fue aceptada por sus abogados. Pinto fue formalizado por su vínculo con la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, y no haber presentado declaraciones juradas por estas operaciones.

Así, quedaron con firma mensual y arraigo nacional cinco personas relacionadas al senador de la UDI Iván Moreira (quien ya fue formalizado por el caso): Isabel Marinovic Merino, pareja del parlamentario a quien se le atribuyó su vinculación a delitos tributarios; Rodrigo Molina, su exchofer; sus asesores Andrea Schultz y Eduardo Montalva; y la secretaria de la UDI, Verónica Nieto.

A esas cinco personas se les imputó el envío de boletas por $ 38 millones a Penta, a Empresas Ariztía y a una sociedad del grupo Angelini.

Con la misma medida cautelar también quedó otro ejecutivo ligados al grupo Cruzat, Antonio Espinoza, así como el gerente de Desarrollo del grupo Penta, Óscar Buzeta, al exvicepresidente del banco, Marcos Comparini y el asesor Hernán Concha.

Completan la lista de formalizados con firma mensual y arraigo nacional la administradora electoral del exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett, Carmen Luz "Coca" de Castro y la cuñada del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, Carolina de la Cerda, quien fue formalizada por la emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas enviadas a petición de Wagner, a Penta, SQM y otras empresas por cerca de $120 millones.

Con las mismas cautelares quedó Santiago Valdés, administrador electoral en 2009 del exPresidente Sebastián Piñera y exgerente de Bancard, empresa vinculada al exMandatario.

La defensa de Valdés, encabezada por el abogado Rodrigo Zegers, descartó en declaraciones citadas por Cooperativa que Piñera tuviera alguna responsabilidad en los contratos firmados por Bancorp con Penta. "Estamos absolutamente convencidos de que nuestro cliente es inocente y que se trata siempre de servicios efectivamente prestados, cancelados, debidamente contabilizados", dijo Zegers, quien agregó que Piñera "no tiene absolutamente nada que ver".