José Luis Ramírez M.
La asistencia de la alcaldesa Karen Rojo a un taller de capacitación "en respeto de los derechos fundamentales, tanto de los trabajadores como de las personas en general", fue una de las sanciones que dispuso el Juzgado del Trabajo en fallo dictado a favor de una funcionaria municipal afectada por "acoso laboral".
La sentencia, emitida con fecha 6 de octubre por la jueza Sol María López, responde a una denuncia por "vulneración de derechos fundamentales" interpuesta por la periodista Pricilla Manzano Morales, de larga trayectoria en la administración municipal.
Manzano ingresó al servicio en 1980, desempeñándose desde entonces como encargada de prensa, directora de Medio Ambiente, directora de Seguridad Pública y, a la fecha de la denuncia, directora comunal de Turismo y Cultura.
Relato
En su presentación, la funcionaria acusa a la autoridad edilicia de hostigamientos que se habrían materializado mediante intentos de traslado y posteriormente el traslado efectivo de su unidad desde el Edificio Consistorial a dependencias que no reunían condiciones mínimas en la Casa de la Cultura.
Este cambio de oficinas, además, se habría llevado a la práctica en condiciones vejatorias, como habría quedado de manifiesto en un video captado por los propios funcionarios a cargo de realizarlo.
Allí, por ejemplo, un trabajador que no es identificado refiere "haber puesto ratones y baratas" en la oficina de la directora desalojada.
La periodista relata que concretado este cambio, acudió personalmente a la oficina de la alcaldesa, recibiendo una insólita bienvenida.
"¡Sra. Pricilla! ¡Feliz Cumpleaños! Espero que tenga un muy buen día", le habría manifestado la edil al verla llegar.
Según la afectada, los hostigamientos habrían surgido a raíz del fracaso del contrato por un servicio de camionetas de seguridad ciudadana, el cual -asegura- no era más que la copia de otro que ella misma había presentado un año antes, cuando estaba al mando de la dirección municipal del área.
Veredicto
En su resolución, la jueza López da crédito a gran parte de la prueba presentada por Manzano y concluye que la institución municipal vulneró su derecho a la integridad física y síquica, ocasionándole daño moral y emocional.
En sus consideraciones la magistrado habla de "trato déspota" hacia la periodista, expresado no sólo por su jefatura, sino que también por el comportamiento del personal de inferior grado que participó en el traslado.
La jueza condena al municipio al pago de una indemnización de $10 millones, a cancelar las costas del juicio y a dos "medidas reparatorias" bastante singulares: desarrollar un plan de información pública y capacitación sobre el respeto de los derechos fundamentales de funcionarios y personas en general (al cual debe asistir "personalmente" la alcaldesa), y la publicación íntegra de la sentencia (44 páginas) en todos los paneles que existan en las direcciones municipales.
Apelación
La abogada Camila Pimentel, de la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio, anunció que el fallo será apelado en los próximos días, esto, basado principalmente en que existe un pronunciamiento de Contraloría Regional que desestima cualquier vulneración de derechos en el traslado.
"Contraloría, ante reclamo previo de la misma funcionaria, señaló que no existieron vulneraciones a su dignidad", explicó la abogada.
Pimentel destacó que el cambio de oficinas obedeció a una necesidad imperiosa de espacio y recalcó que la medida afectó a toda la Dirección de Turismo y no sólo a la denunciante, lo que desacreditaría la tesis de una medida dirigida específicamente en su contra.
Sobre lo singular de las medidas reparatorias, la abogada explicó que se trata de una atribución de la jueza, pero subrayó que existen instancias de apelación donde se rebatirá todo lo resuelto.
