El vocero de Chile Vamos y líder de la UDI, Hernán Larraín, aseguró que en el bloque opositor concuerdan con lo pronunciado el lunes por el exPresidente Sebastián Piñera sobre el proceso constituyente, respecto a la propuesta de enviar un proyecto en paralelo para la formulación de una nueva Carta Magna.

"Concuerdo con los planteamientos que ha hecho Sebastián Piñera fundamentalmente en orden a señalar que se puede siempre seguir perfeccionando y reformando la Constitución, pero que no requerimos necesariamente partir de cero, hacer una nueva Constitución", aseveró Larraín respecto a las declaraciones emitidas por Piñera tras sostener el lunes una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet y los exMandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

El líder gremialista asimismo anunció que Chile Vamos convocará a expertos constitucionalistas para elaborar la propuesta. "Hemos concordado internamente crear un grupo de estudios constitucionales, para tener una posición común en este ámbito", indicó el senador.

Por su parte, la exministra Cecilia Pérez, realizó una dura crítica al proceso impulsado por el Gobierno, que calificó de "tongo". "Lo que hoy día el Gobierno tiene es un tongo, es algo que no se entiende, que le hace daño a los chilenos, al país, que provoca incertidumbre", afirmó la exvocera.

"Dentro de todas las posibilidades que se plantean al Congreso les faltó un bingo, y en ese sentido, creemos que eso es un mal camino, falta contenido", añadió.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, respondió a esos dichos, asegurando que son palabras "incorrectas". "Yo creo que son calificativos que en nada ayudan a elevar ni la calidad de la discusión pública ni el prestigio de la política", dijo, agregando que "uno puede estar en desacuerdo, pero hay formas y formas de expresarlo".

El Senado despachó con 29 votos a favor y dos abstenciones las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que sanciona con la pérdida del cargo a aquellas autoridades que infrinjan las normas sobre transparencia, límites y control de gasto electoral.

Así, la iniciativa quedó lista para ser promulgada y convertirse en ley. Establece la cesación en los cargos de senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales y concejales en caso de infringir las normas.

Según establece el proyecto que forma parte de la Agenda de Probidad impulsada por el Gobierno, la pérdida del escaño se producirá a contar de la fecha que determine sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel).

Entre las modificaciones que realizó la Cámara Baja al proyecto durante su segundo trámite constitucional, está que el proyecto despachado establece además que "quien pierda el cargo de alcalde, consejero regional o concejal, no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años".

Asimismo, el proyecto señala que tampoco "podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación".

Será a través de otro proyecto que se regulará el proceso de la pérdida del cargo, en el que el Tricel jugará un rol clave, ya que deberá actuar como una especie de juez garante del proceso.

Durante la sesión de ayer en la Sala del Senado, uno de los temas que generó mayor debate en torno al proyecto, es que la norma no aplica para el Presidente de la República.

El senador RN Manuel José Ossandón, manifestó que "me parece impresentable que estemos hablando de transparencia y se deje el cargo de Presidente de la República fuera".

"Quiero dejar constancia que me parece una vergüenza dejar el cargo del Presidente fuera de estas normas", añadió.

Por su parte, el senador Felipe Harboe argumentó que "no hay ni un caso en el derecho comparado que establezca la destitución de un Presidente de la República por parte de un órgano como el Tricel".

Carolina Collins

El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, afirmó ayer que la mayoría de los ministros del máximo tribunal han mostrado una postura favorable respecto del proceso para la formulación de una nueva Constitución para el país.

Tras una reunión sostenida por 15 ministros del Poder Judicial con la Presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda, con el fin de abordar el proceso constituyente que anunció el Gobierno, el vocero de la Suprema aseveró que "en las conversaciones que tuvimos con la Presidenta ningún ministro mostró una oposición a estudiar una nueva Constitución".

"Por lo tanto creemos que la opinión, como es la opinión mayoritaria del país en el sentido de que es necesario entrar a estudiar, que no significa ninguna obligación, conversar, consensuar un cambio político en el país que a lo mejor es necesario", agregó Milton Juica.

Crisis institucional

El portavoz de la Corte Suprema, argumentó que el proceso de una nueva Carta Magna llega en momentos difíciles para la institucionalidad del país. "Estamos pasando a épocas complejas desde el punto de vista institucional y a lo mejor sería bueno estudiar una nueva Constitución", recalcó.

Al ser consultado respecto de si alguno de los ministros del máximo tribunal había hecho algún reparo u observación sobre la propuesta del Ejecutivo, Juica respondió que "ninguna, porque no estamos en condiciones de hacer observaciones frente a la amabilidad de poner en conocimiento de un proyecto que es totalmente político, que lo define el gobierno con el Poder Legislativo".

Críticas y poder judicial

Respecto a las críticas de la oposición, que han dicho que el proceso planteado genera incertidumbre, el vocero de la Suprema señaló que "no creo que tenga que ver con los plazos". "Lo ideal es que esto se haga con etapas bien definidas y que esas etapas se vayan cumpliendo. Desde luego, requiere un gran conocimiento de la ciudadanía respecto a la Constitución y eso es lo que esperamos nosotros", sentenció.

Respecto a los puntos que más le interesa estudiar al máximo tribunal del proceso constituyente, Juica indicó que "nos interesa mucho lo que se piensa definir respecto del Poder Judicial, en general, o del acceso a la justicia de los ciudadanos o del respeto a las garantías en una nueva institucionalidad".

"Es necesario entrar a estudiar, que no significa ninguna obligación, conversar, consensuar un cambio político". "Ningún ministro (de la Corte Suprema) mostró una oposición a estudiar una nueva Constitución".

Milton Juica,, vocero de la Corte Suprema