La sensación de mayor inseguridad que dicen vivir las personas en el país a raíz del incremento de la delincuencia, ha llevado a parlamentarios a solicitar la agilización de la agenda corta antidelincuencia que el gobierno patrocina y que se espera tenga una tramitación de urgencia en el Congreso.

El proyecto busca hacer efectiva la aplicación de las penas contempladas para los delitos de robo, hurto y receptación. Asimismo, incorpora el concepto de control preventivo de identidad y una indicación del Ejecutivo que aumenta las penas para quienes atenten contra Carabineros, efectivos de la PDI, y gendarmes. La iniciativa fue aprobada por la sala de la Cámara el 9 de septiembre y sigue su curso en el Senado. Durante esta etapa, un grupo de diputados de la Bancada Transversal de Seguridad Ciudadana ha solicitado a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, incorporar tres figuras delictuales sobre las cuales no existe especificidad en la legislación y para los cuales los tribunales de justicia aplican distintos criterios para la consideración y aplicación de las penas. Se trata de los denominados "portonazos", las pedradas a vehículos para robar, conocidos también como "asaltos express", y los robos con intimidación en lugar habitado, donde se ejerce violencia contra las víctimas, como amarrarlas o amordazarlas.

La propuesta parece procedente, por cuanto los jueces en los tribunales requieren de las herramientas legales necesarias para sancionar estos hechos, si el legislador ha estimado como agravantes el grado de violencia utilizada para cometer los delitos de robo, y de esta manera sancionar con mayor dureza aquellos actos que vulneran la seguridad ciudadana.

Finalmente, el proyecto de agenda corta antidelincuencia considera mayores sanciones al delito de receptación, elimina las atenuantes para el delito de hurtos y robo, y crea un banco de datos con los antecedentes de imputados y condenados, con el objeto de que sirva como elemento de apoyo a la investigación.

Es debatible pensar que las leyes deberían ser siempre dinámicas, considerando que las realidades del delito son cambiantes y dependen del contexto social, económico y técnico en que se desarrollan.

Una de las consecuencias más devastadoras de la instauración del modelo neoliberal es la atomización del tejido social en nuestro país. La idea que se tornó lugar común de que "cada uno mata su toro" se fue colando entre el nacimiento de las AFP, isapres, negociaciones individuales, etc. En resumen, todas las perlas del rosario militante de la nueva religión del neoliberalismo económico.

Atomización que se transformó en ideología que en vez de convocar desagrega, que transforma al otro en competencia permanente a quien debo vencer en esta selva en donde el éxito es medido por el nivel de consumo del cual hacer ostentación. Tener por sobre ser.

Pero este fenómeno que uno espera uniforme a todo el sistema no es tal, puesto que si bien es cierto, la gran masa de ciudadanos está atomizada, la elite, sobre todo empresarial, continúa actuando como clase, como grupo compacto con claros objetivos definidos y articulaciones que le permiten hacer oír su voz colectiva e imponer su agenda. Como botón de muestra la molestia de algunos, los más vociferantes, por la no asistencia de la Presidenta a su cena anual.

Así mientras los grupos elitarios operan articuladamente en pos de sus propios intereses, el resto de la ciudadanía atomizada por un marco jurídico, laboral, social debe individualmente plantear sus puntos de vista. En esta perspectiva, a la elite, cualquier intento de modificar estos marcos, ya sea en materia constitucional o laboral, les parece amenazante, desestabilizante y atentatorio contra un orden divino donde la organización de los otros surge como anatema.

Ejemplos para mostrar los riesgos de que la sociedad se organice les sobran y cada huelga se transforma en un anticipo del caos, cada demanda por transparencia una amenaza a la estabilidad. Sin embargo, hasta hoy no escuchamos una voz articulada y potente que venga de la elite empresarial respecto de las inestabilidades y amenazas que suponen el caso La Polar o la situación de Corpesca y SQM. Esos "eventos" se transforman de inmediato en actos individuales con responsabilidades personales.

Hay que estar muy atentos para que el sistema no siga tratando a los de abajo como individuos y a los de arriba como clase. Puede ser muy desestabilizante, monopolizante y, como no decirlo, extravagante.

César Trabucco

Sociólogo y académico Universidad de Antofagasta

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