Después de 39 días llegó ayer a su final el paro del Registro Civil, uno de los más extensos del sector público en el último tiempo.
En efecto, quedaba la impresión que estábamos en presencia de una situación desbordada y fuera de todo control, tanto por las molestias para los usuarios, como por la señal que se daba a toda la sociedad.
"Hoy día vinimos a firmar el acuerdo, se depone el paro. Llegamos a acuerdo con el Ministerio de Justicia y el Gobierno. El protocolo de acuerdo consiste en que tenemos nuevo bono, el bono que decían que no merecíamos, está plasmado a partir de 2017 de acuerdo a desempeño", dijo Nelly Díaz, presidenta del gremio de trabajadores del Registro Civil, quien no quiso revelar las cifras monetarias de la negociación.
Según cálculos del Gobierno, el paro implicó un costo para el Fisco de más de 4 millones de dólares.
Por su parte, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, dijo que el fin de la paralización "nos permite empezar a normalizar el servicio".
El acuerdo considera, entre otros aspectos, la configuración de una asignación a los empleados en función de su productividad.
La asignación se acordará en una mesa técnica con representantes de la Dirección de Presupuestos, del Ministerio de Justicia, del Registro Civil y de la Anercich, se precisaba ayer.
Con todo, queda la impresión que poco hay que festejar. El mes y medio de paralización es, desde todo punto de vista, muy grave, ya que dejó en evidencia la precariedad en la que quedan los ciudadanos ante las movilizaciones de servicios estratégicos.
Para el mediano o largo plazo, quedan varias interrogantes, algunas relacionadas con una modernización mayor de este estamento. Varios de los trámites que se prestan allí podrían, perfectamente, hacerse desde cualquier sitio, aprovechando las ventajas de contar con información en línea.
Lo relevante es que la población no puede quedar expuesta a los tiras y afloja de dos grupos en pugna. De aquí deben sacarse muchas lecciones.