El CEO de Antofagasta Plc, Diego Hernández, dijo ayer que una baja aún mayor del precio del cobre en los mercados internacionales podría provocar la quiebra de algunas empresas mineras, además del cierre de sus respectivas faenas.

"En general todas las empresas ya han hecho sus ajustes. Ahora, si el precio continúa bajando, que no es seguro pero podría ser posible, algunas empresas podrían quedar en 'broke'. Y si esas empresas no están pagando sus costos, podríamos ver algunos cierres de faenas", dijo Hernández en el seminario "Inversión y Diálogo para el Desarrollo", de Alianza Valor Minero.

"No es algo que debería ocurrir todavía. Hay que esperar un poco. Y esperamos que no ocurra", afirmó el ejecutivo.

Hernández destacó que la minería "es cíclica", lo que hace que los precios suban o bajen dependiendo del periodo en el que esté la industria.

El ejecutivo añadió que "entramos a un periodo de precios bajos y eso genera una serie de desafíos que tenemos que ser capaces de superar".

Este escenario, agregó Hernández, implica factores que lo califican como una crisis, "pues meses antes la expectativa del sector era que esta tendencia que mostraba la cotización del cobre iba a durar algunos meses y no años como se estima ahora".

Los desafíos

Para el CEO de Antofagasta plc, esos escenarios implican "defender nuestros márgenes operacionales, seguir con los estudios por lo menos de proyectos futuros y crear todas las condiciones para que, en el momento oportuno, cuando la economía mejore y los precios también, seguir ejecutando esos proyectos y que la minería en Chile siga aportando al país".

Demanda de china

Hernández expresó que la industria local prevé una fuerte disminución en el consumo de cobre de parte de China.

"Esto sorprende porque hay señales más claras de que China está enfrentando una etapa distinta de crecimiento del consumo. Antes la demanda de cobre en el mundo crecía a tasas de 3% y 3,5% y en China ese crecimiento era de 7% a 10% en los últimos años. Hoy la expectativa de crecimiento de la demanda en China bajó a alrededor de 3% al año", dijo Hernández.

Lo anterior, agregó el ejecutivo de la firma minera, significa que el crecimiento de la demanda de metal rojo a nivel mundial "debería ser inferior a 3% al año".

La Corporación Chilena de la Madera (Corma), que agrupa a las empresas forestales que operan en el país, anunció ayer que la firma CMPC Tissue suspendió voluntariamente su filiación a la asociación, mientras dure la investigación en el caso de colusión en el mercado del papel.

La decisión de CMPC Tissue fue presentada ante la mesa directiva de la Corma por los consejeros Francisco Ruiz-Tagle y Gonzalo García.

CMPC anunció que sus representantes se abstendrán de participar en el comité ejecutivo de Corma durante los próximos dos meses.

"Nos parece razonable y esperada la determinación tomada por la filial CMPC Tissue, y valoramos el gesto de los representantes de CMPC en el comité ejecutivo de marginarse temporalmente. Estamos seguros que se adoptó el camino correcto", dijo Fernando Raga, presidente de Corma, en un comunicado.

La decisión fue informada en una sesión extraordinaria del comité ejecutivo, que integran 12 miembros, el que tomó conocimiento y aceptó por amplio consenso la determinación.

La Coropración de la Madera (Corma) es una asociación gremial que reúne a cerca de 170 actores del sector forestal, cubriendo más del 55% de las hectáreas plantadas del país y el 85% de las exportaciones forestales.

Sanción anterior

La decisión de la firma de dejar de participar en la Corporación de la Madera se suma a la determinación tomada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), cuya Comisión de Relaciones Internas y Ética suspendió los derechos de asociado de CMPC S.A., "mientras se lleve a cabo el proceso de investigación (en la comisión ya mencionada) que afecta a una de sus filiales, CMPC Tissue".

La definición de la Sofofa se concretó luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) apuntara a la empresa CMPC Tissue S.A y SCA Chile S.A (ex Pisa) por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios en la venta de los productos de papeles tissue.

A las dificultades de la firma en su labor gremial se suma tambiénel malestar de los inversionistas minoritarios de CMPC, que están evaluando acciones judiciales contra la compañía por los perjuicios que se podrían derivar de la colusión con SCA Chile (Ex PISA).

El Tribunal Constitucional suspendió ayer el proceso penal de la Fiscalía Sur por el presunto delito de colusión contra CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa), luego de que su Segunda Sala citara a una audiencia para alegar la admisibilidad de la contienda de competencia promovida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Esos alegatos fueron programados para el martes 1 de diciembre a las 15,30 horas. En esa instancia se resolverá si se declara admisible o no el requerimiento.

La presentación

La semana pasada, el TDLC ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional, para evitar que la Fiscalía Sur acceda a los antecedentes reservados del caso colusión del papel, que involucra a las empresas CMPC y SCA.

"Las potestades investigativas del Ministerio Público en ningún caso pueden importar que este Tribunal contravenga las disposiciones del DL 211 relativas a protección de documentos confidenciales", señala la presentación del TDLC.

Parte de la contienda

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur se hizo parte de la contienda de competencia presentada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ante el Tribunal Constitucional.

En el escrito, el fiscal jefe de esa zona, Raúl Guzmán, pidió "declarar inadmisible dicha contienda de competencia", la que busca impedir la entrega de antecedentes en el marco de la colusión en el mercado del papel confort.

Guzmán dijo el lunes que "entendemos que no existe ninguna colisión, ni contienda, en las competencias de cada una de estas instituciones".

La arista penal de este caso se inició luego de que los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) presentaran una denuncia por el presunto delito de alteración fraudulenta de precios y solicitaran una serie de diligencias para acreditar los hechos.