"Para mi ellos son ladrones de cuello y corbata, siendo Chile un país de emprendedores y empresarios, tenemos que estar en contra de toda práctica que afecte la libre competencia, porque de lo contrario vamos a producir un desmedro para los emprendedores, porque tenemos claro que un gran porcentaje de empleos que se generan es por las pymes".

Esto sentencia la emprendedora antofagastina, María Marticorena de la Rosa, cuando se le consulta respecto a las señales que entregan los casos de colusión recientemente destapadas en el país.

El daño es al mercado y a la confianza en el sistema, acusan sin dudar.

Esto se ratifica, por ejemplo, en 2012 cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a las principales cadenas de farmacias de Chile por colusión de precios e impuso fuertes multas.

El TDLC y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) son esenciales para regular el libre mercado, según la emprendedora que le tomó dos años generar utilidades en el bazar Anastacia, donde además dicta talleres de manualidades.

"Cuando grandes empresas actúan de esta manera lo único que podemos hacer es jugar limpio para generar crecimiento en el emprendimiento y ser un aporte para la ciudadanía, algo positivo", manifiesta Marticorena.

Otro ejemplo de colusión en el país, que precisamente desata la crisis de confianza junto a los casos de financiamiento de campañas políticas.

Exgerente

Ambas empresas, acusadas ante el TDLC, representan el 90% del mercado de papeles tissue, cuyas ventas anuales llegaban a cerca de los US$400 millones.

En vista de la investigación de estas compañías es que la Sofofa tomó como medida suspenderlas a de la asociación de empresarios. Hecho que incluso Eliodoro Matte, presidente de la CMPC, consideró como "razonable".

Recientemente fue criticado por dirigentes oficialistas, Jorge Morel, exgerente de CMPC, luego que reconoció ante la FNE que siempre supo que era una "ilegalidad juntarse", respecto a sus reuniones con sus pares de PISA (hoy SCA) para materializar el cartel del papel tissue.

En estas citas, de acuerdo a Morel, definieron rebajar la blancura del papel para reducir costos y además contó que la colusión comenzó en el 2000 cuando el dueño de PISA, Gabriel Ruiz-Tagle, lo invitó a almorzar. Y que éste le propuso subir precios, porque estaba al borde de la quiebra.

Molestia

Para el delegado regional de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Francisco Nelson, esta práctica es "una técnica que ellos usan para tener una competencia entre comillas y, de esa forma, puedan subsistir en el mercado".

Por eso no se sorprende con que hoy se develen estos secretos a voces que perjudican a los consumidores.

En relación a ello, el Sernac fijó las reuniones entre con CMPC para establecer los perjuicios y montos de la colusión hacia los consumidores. Proceso del que SCA no quiso ser parte y realizará acciones judiciales para compensar a los usuarios.

¿Con estas prácticas afectan a las pymes? "No afectan directamente a las pymes, afectan toda la economía del país y la sufrimos todos. Cuando se pongan a investigar hacia abajo no solo serán los productores sino que también los supermercados", expresa Nelson.

¿Hay suficiente regulación en el mercado? "Eso se está haciendo más latente hoy, porque antes se regulaba el mercado entre cuatro paredes. No teníamos las redes sociales, cinco millones de periodistas en la calle que nos permiten tener redes de comunicaciones más amplias, que ahora las empresas y el gobierno están obligados a hacer la cosas más públicas", dice Nelson.

"Cuando ves que un grupo de personas hace algo indebido, todo lo que les rodea tiene ese mismo desprestigio, por qué no los chicos (pymes) también. Si el nivel de condena es transversal. Es la desconfianza pública del chileno por todos estos últimos escándalos".

Francisco Nelson,, delegado regional de la Asech

Venta de productos animé El local Seiko lleva tres años funcionando en una galería de calle Baquedano, enfocado en la venta de artículos para fanáticos del animé, principalmente jóvenes. Cuando se le consulta sobre la colusión del papel higiénico recientemente revelada, el dueño de Seiko, Jesús Wang, opina que "todos los productos necesarios para la vida diaria deberían ser regulados por el Estado, porque hay empresas que quieren ganar más y fijan los precios. Por ejemplo: el arroz, el agua, la carne. Todo lo básico para un día normal". ¿Siente que el desprestigio de la clase empresarial repercute en las pymes? "La verdad es que hay mucha discriminación hacia los empresarios más chicos, le dicen dueños de una tienda, porque para la sociedad un empresario es algo grande. Hay que cambiar eso", dice Wang.

Las diferencias entre el gobierno y la Municipalidad de Antofagasta por la mantención y operación de las cámaras de televigilancia sumó un nuevo actor. La presidenta de la comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana del Core, Silvia Soto, cuestionó la demora por parte de la casa edilicia en constituir el Consejo Comunal de Seguridad Pública, instancia que daría acceso a unos $700 millones que servirían para financiar los dispositivos.

Junto con mostrar su preocupación por el aumento de los delitos de mayor connotación en la comuna, Soto informó que sostuvo una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, a quien plantearon la posibilidad de incluir dentro del convenio firmado en mayo con la municipalidad los recursos necesarios para la mantención de las cámaras de seguridad de Antofagasta.

Convenio

"Sabemos que esa es una problemática que por años afecta el funcionamiento de estos dispositivos que son de gran utilidad en el combate contra la delincuencia, pero se nos transmitió que ese convenio considera unos $700 millones que pueden ser usados para esos efectos, pero que nos es posible transferir mientras el municipio no constituya ese consejo", explicó Soto.

De hecho, la consejera acusó que -debido a esa situación- la municipalidad debió restituir recursos a la subsecretaría por dos programas. "Se trata de un plan para niñas y adolescentes y otro para instalar luminarias el cual presenta un atraso de 20 meses", aseguró.

Planificación

Soto comentó que no sabe "por qué la alcaldesa se ha demorado tanto" en constituir el consejo y adelantó que estos recursos serían una "buena solución" para asegurar la mantención de las nuevas cámaras de vigilancia una vez que sean instaladas.

Desde el municipio, el director de Dideco, Ignacio León, explicó que aunque el Consejo de Seguridad se constituirá recién el jueves, "el plan de seguridad comunal partió hace varios meses con profesionales trabajando en terreno".

El profesional adelantó que durante la primera sesión se presentarán al consejo los énfasis de su trabajo para empezar el levantamiento de diagnóstico. "Para quienes conocen de planificación estratégica saben que en tan corto plazo es imposible tener proyectos concretos como financiar cámaras de seguridad o intervenir un barrio", dijo.