La ministra de Salud, Carmen Castillo, realizó ayer su defensa ante la comisión parlamentaria que analiza la acusación constitucional en su contra.

En la presentación, la secretaria de Estado argumentó por qué no debe admitirse el recurso ingresado en su contra por la oposición, que ha cuestionado su gestión en la cartera por el retraso en la construcción de hospitales, entre otros puntos.

"Tengo la certeza de no haber infringido la Constitución ni las leyes de la República", sostuvo. "Tengo un profundo respeto por la democracia y sus instituciones, por lo que he decidido acudir personalmente a hacer una defensa contra las acusaciones formuladas en mi contra", agregó.

Su abogado Javier Couso, argumentó que la acusación es inadmisible. "La esfera política puede ceder a las tentaciones de dar un mal uso a la acusación constitucional, desvirtuándola y pasando por alto los requisitos que exige la Constitución", dijo.

"Una acusación no puede fundarse en un mero desacuerdo con la calidad de una gestión de una autoridad determinada, que se requiere un incumplimiento específico y probado que configure la causal determinada por la constitución de manera taxativa. Adicionalmente esto se genera por actos personales, y realizados en el ejercicio de su cargo", señaló Couso.

A la defensa de Castillo, que tenía plazo hasta ayer para presentar sus descargos, asistió el vocero de Gobierno Marcelo Díaz, quien aseveró que la acusación "no tiene fundamento y debiese ser rechazado".

"Esta es una acusación carece de fundamento jurídico y esperamos que sea desechada. La ministra de Salud ha estado acá, cumpliendo con su deber constitucional de comparecer ante una comisión acusadora de la Cámara de Diputados", dijo el vocero de La Moneda.

La diputada independiente Karla Rubilar, aseveró que "este es un instrumento que se ha utilizado después de usar todos los demás" y a las críticas al uso de la acusación, la parlamentaria dijo que "efectivamente es el último recurso el que estamos ocupando el día de hoy".

Por su parte, el diputado Jorge Rathgeb. (RN), criticó la postura de los diputados que forman la comisión que estudia el recurso, indicando que "ya han señalado claramente cuál va a ser su votación".

El diputado Guillermo Ceroni (PPD) presentó ayer una querella ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, contra quienes resulten responsables de los delitos de captación, reproducción y difusión de comunicaciones de carácter privado. Esto luego de que se publicaran fotografías de mensajes privados de whatsapp de carácter sexual. El recurso presentado por el parlamentario se suma a la denuncia que hizo la Cámara de Diputados. Ceroni afirmó que las disculpas de quienes sacaron las fotos y de quienes las publicaron no son suficientes. "La acción del fotógrafo lo importante es que en definitiva sean los tribunales los que determinen las responsabilidades. Y también por supuesto que la Cámara de Diputados verá la medida que pueda tomar", afirmó. "No es coartar la libertad de prensa: todas las agencias y todos los medios de comunicación tienen sus derechos pero no tienen derecho a invadir la vida privada", agregó citado por Cooperativa.

Dos funcionarios de Carabineros resultaron baleados y un delincuente herido de gravedad y con riesgo vital, tras un intento de asalto a una sucursal del BancoEstado en la comuna de Recoleta, en Santiago.

Según explicó el coronel Miguel Tapia, seis personas se hicieron pasar por policías de civil con chalecos antibalas e identificaciones, para asaltar la sucursal bancaria. Los asaltantes hicieron ingreso al lugar disparado e hirieron a un guardia y preguntando por la encargada, que tenía las llaves de la caja fuerte. Luego huyeron disparando y encañonaron a un automovilista para huir con su vehículo.

Carolina Collins

Por 47 votos a favor, 24 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que otorga un reajuste de un 4,1% a los trabajadores del sector público, así como un bono de $71 mil y aguinaldos para aproximadamente seis mil funcionarios.

Los parlamentarios habían rechazado el miércoles la cifra de un 4,1%, pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló tras la negativa que pese a que el reajuste "es menor que el que nos gustaría a todos", "es lo máximo que puede hacer el Gobierno con los recursos que tiene", por lo que no había margen para que fuera más alto, explicó.

Así fue que el Senado repuso el 4,1%, reajuste que la Cámara ratificó ayer con la votación que permitió que la iniciativa fuera despachada y remitida a la Presidenta Michelle Bachelet para su promulgación.

El proyecto establece que las remuneraciones más bajas reciban un reajuste de 9% y que los sueldos sobre los $6 millones no recibirán reajuste. Respecto a los aguinaldos, establece dos tramos: el primero que corresponde a las remuneraciones líquidas menores a $687.060 y el segundo a las superiores a este monto.

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el PC e independientes habían rechazado la propuesta y ayer durante la votación, los funcionarios públicos gritaron "traidores" desde las graderías.

Los diputados comunistas Karol Cariola, Camila Vallejo y Hugo Gutiérrez, volvieron a rechazar el reajuste, mientras que Daniel Núñez y Guillermo Teillier, votaron a favor.

"Ayer (miércoles) votamos en contra con la esperanza de que el Ejecutivo cambiara, que tuviera una nueva actitud y que el enunciado cambiara. Sin embargo, el Ejecutivo se cerró y la verdad es que no hay ninguna posibilidad", explicó el timonel de ese partido.

El presidente de la Cámara Baja, Marco Antonio Núñez (PPD) destacó que "por primera vez se ha introducido tres escalones de 0, 4,1 y 9% para los trabajadores de mayor o menor remuneración", destacó Núñez que se mostró satisfecho.

Por su parte, el también PPD Tucapel Jiménez, mantuvo su rechazo y señaló que "ellos deben haber pensado que ya no había nada más que hacer, porque esa es la verdad también. Nosotros presionamos muchas veces anunciando nuestro voto en contra, pero quise seguir en la misma línea".

La ministra del Trabajo Ximena Rincón, valoró la votación y dijo que "se está cumpliendo con el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet".

El proyecto que otorga el reajuste comienza a regir el 1 de diciembre.

$71 mil es el bono que se aprobó en el proyecto y que se le pagará a cerca de seis mil funcionarios.

1° de diciembre es la fecha en que comenzará a regir el proyecto que otorga el reajuste.