Los diputados de Renovación Nacional (RN) que integran la comisión Caval, Marcela Sabat y Diego Paulsen, hicieron un llamado al nuevo fiscal nacional, Jorge Abbot, para que mantenga al fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, a cargo de la investigación de la causa que implica al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon.

Esto luego de que trascendiera que Toledo podría ser trasladado para liderar la Unidad Nacional de Drogas y Antinarcóticos de la Fiscalía, lo que no fue descartado por Abbott.

"Esperamos que la nueva autoridad del Ministerio Público mantenga en sus funciones al fiscal Toledo, quien ha demostrado total independencia y profesionalismo en su actuar. De modo contrario, creemos que un cambio en la investigación significará retrasar por mucho más tiempo esta investigación", dijo Sabat.

Paulsen sostuvo que "esperamos que el Ministerio Público vele por la continuidad del proceso, ya que un posible cambio de Fiscal no ralentice el desarrollo de la investigación".

El fiscal Toledo encabezó ayer el primer interrogatorio al socio de Caval de la nuera de la Presidenta Natalia Compagnon, Mauricio Valero.

Según consignó Emol, se desconoce si Valero atestiguó en calidad de imputado.

Por otro lado, el fiscal nacional confirmó que no encabezará el interrogatorio al excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, en el marco del caso SQM, en el que se investigan presuntos delitos tributarios, argumentando que la diligencia la realizarán los persecutores que han llevado la causa, Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura.

"Participar en diligencias específicas es poco el aporte que puedo tener, puesto que desconozco el contexto de la causa, y la verdad es que no quiero ser testigo de declaraciones, sino participar en su minuto con un conocimiento", dijo.

La Ley 20.850, más conocida como "Ricarte Soto", comenzó a regir ayer para la priorización de cobertura financiera y garantía de oportunidad a los tratamientos establecidos en 11 patologías de alto costo (sobre $ 250 mil al mes).

La primera fase de la norma, que beneficia a 4.400 personas, se publicó ayer en el Diario Oficial, con una vigencia inmediata y hasta el 31 de diciembre de 2016, con $30 mil millones para este año, $60 mil millones para el próximo y $100 mil millones en 2017.

Por esta iniciativa, los pacientes podrán comenzar a ser derivados por sus médicos tratantes a Fonasa, que determinará un prestador encargado de confirmar el diagnóstico y aplicar el protocolo de tratamiento.

Las 11 enfermedades tienen un protocolo que establece las características de las patologías, las prestaciones cubiertas por el Estado, el seguimiento del paciente y las garantías de oportunidad, con plazos que van desde cuatro días hábiles para el diagnóstico a otros 60 para la entrega del tratamiento. "Con la publicación del decreto se inicia el proceso de entrega de medicamentos y de la definición de las enfermedades, es decir, esto ya empieza con la formalidad a través de la ley", dijo la ministra de Salud, Carmen Castillo.

Periodo de prueba

La secretaria de Estado agregó que habrá un periodo de tres meses de marcha blanca para "establecer los flujos" de cómo va a ser la atención.