Una serie de medidas que buscan reforzar las fiscalizaciones que ejecuta la Dirección General de Aguas (DGA) en la región están implementando las autoridades para evitar la extracción ilegal de agua.

En ese contexto, el seremi de Obras Públicas, César Benítez, el director regional de Aguas, Norberto Portillo, y el gobernador de El Loa, Claudio Lagos, suscribieron un acuerdo de cooperación que consiste en una relación de apoyo entre la PDI, Carabineros y la DGA, con el fin de sancionar a quienes cometan el delito de usurpación del recurso.

Además de lo anterior, el seremi del MOP informó que otra manera de apoyar la gestión de fiscalización, la Dirección General de Aguas ha decidido incorporar nuevas tecnologías, entre las que se encuentra la incorporación de equipos drone.

Eugenio Sugg Gálvez

Con el objetivo de revertir la decisión de BHP Billiton en torno a pagar a 60 días a sus proveedores, el intendente Valentín Volta se reunió este jueves con ejecutivos de Minera Escondida. Junto con lamentar la decisión de la compañía -por el negativo impacto que puede tener en las Pymes locales-, la máxima autoridad regional adelantó que la minera se comprometió a revisar el asunto y a buscar alternativas para no perjudicar al empresariado regional.

"Nos preocupa y nos ocupa esta materia. Ellos quedaron en preparar un informe mucho más detallado del tema -respecto del número de empresas afectadas y la mano de obra involucrada- y una vez que lo tengamos les vamos a hacer algunos requerimientos", partió explicando Volta.

Según la autoridad, plantearon preliminarmente a la minera que -considerando que se trata de contratos bilaterales-, ambas partes puedan llegar a un acuerdo para el pago en un plazo menor de los 60 días.

"Estamos conscientes que esta decisión de BHP Billiton golpea a las empresas más pequeñas -aunque su decisión afecte sólo a los denominados grandes contribuyentes-, ya que retrasa toda la cadena de pagos a las empresas menores subcontratadas", dijo.

Finalmente, Volta aseguró que tanto la desvinculación de trabajadores como la postergación de pagos son un mal negocio para la región y para la propia empresa mandante.

Impacto

Pero a las críticas que hizo públicas durante la semana la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), se sumó ahora la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta (CChC).

A través de su presidente, Thomas Muller, el gremio expresó su "total rechazo a la decisión de postergar el pago a proveedores a 60 días, medida que representa una muy mala señal para la industria, lo cual incrementará el desempleo y contribuirá a aumentar el clima de incertidumbre y pesimismo local derivado de la situación nacional".

La CChC estimó que las Pymes tendrán que soportar tasas de financiamiento durante dos meses a valores del 2,5% mensual, cifra que según el tipo de empresa pueden llegar a costar realmente un 5,2%.

"Hoy la industria minera exige a las empresas contratistas tener un máximo de utilidad de 9,9% por proyecto, sin considerar la estructura de financiamiento y los gastos generales de oficina, por lo que si a ese 9,9% se le descuenta el 5,2% mencionado anteriormente, el margen de utilidad de cada proyecto no sería mayor a un 4,7%", detalla Muller.

Ese monto -continuó- "no cubre los riesgos y costos indirectos que la misma compañía minera produce, aumentando con creces la probabilidad de cierre, o lo que es peor, de quiebra para las empresas".

8.707 trabajadores de empresas contratistas se desempeñan a tiempo completo en Escondida.