Solicitar a la Presidenta máxima urgencia al proyecto que somete al sistema de evaluación ambiental el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales. Solicitar a la Presidenta máxima urgencia al proyecto que prohíbe el transporte de concentrado de cobre a través de camiones encarpados. Solicitar a la Presidenta una Ley de Polimetales de Arica para el país. Solicitar a la Presidenta máxima urgencia al proyecto que modifica ley N° 19.300, fortaleciendo protección y reparación a personas afectadas por daño medioambiental. Proponer a la Presidenta fortalecer a las seremis en materia de protección, prevención y detección temprana de riesgos a la salud de las personas. Pedir al gobierno medidas y recursos para establecer un plan especial permanente de monitoreo y estudio de las condiciones de salud en la Región de Antofagasta. Solicitar a Minsal y Medio Ambiente que la información levantada durante el último año, así como los registros históricos, sean puestas a disposición de la población. Estudiar y proponer una reforma a diversos cuerpos legales del ámbito territorial para generar una mayor vinculación entre éstos y las normas medioambientales. Solicitar a Medio Ambiente que en breve plazo dicte una norma nacional de suelos. Pedir a Medio Ambiente un completo estudio respecto de la calidad de los suelos de la comuna de Antofagasta y su impacto en la salud. Solicitar a Medio Ambiente un programa de remediación intensivo en las zonas de la Región de Antofagasta en que existan antecedentes de contaminación. Fortalecer la independencia institucional del Servicio de Evaluación Ambiental. Fortalecer la independencia del proceso de fijación de las líneas de base. Establecer un marco general para la negociación entre privados, en el contexto de una evaluación ambiental, para garantizar la participación ciudadana en ésta. Estudiar una reforma a las causales en que se requiere realizar un estudio de impacto ambiental para evitar el fraccionamiento de proyectos. Suprimir la posibilidad de que proyectos sean autorizados bajo condiciones a objeto de eludir su salida del sistema por no contener información relevante o esencial en sus estudios de impacto ambiental. Otorgar a la Superintendencia de Medio Ambiente un mandato genérico de supervisión de normativa ambiental, especialmente para evaluar la implementación de las resoluciones de calificación ambiental, la pertinencia de los permisos sectoriales y los casos en que se detecten daños ambientales indirectos o vacíos en las RCA. Establecer un mecanismo para que los proyectos exentos de someterse al sistema de evaluación ambiental por ser anteriores a la Ley Nº 19.300 se incorporen. Ampliar universo de casos en los que es posible revocar una RCA. Revisar las condiciones técnicas bajo las que se otorgaron las resoluciones de calificación ambiental, cada diez años, para que se consideren e incorporen los avances de la tecnología sustentable y de punta a su funcionamiento. Permitir la modificación por la autoridad, en casos calificados, de las resoluciones de calificación ambiental cuando se detecten vacíos dentro del proceso evaluado. Iniciar el estudio de la responsabilidad penal de las empresas en materia ambiental. Establecer como sanción por infracción y/o incumplimiento reiterado de la RCA la prohibición del titular de celebrar actos o contratos con organismos públicos. Solicitar al SEA una base de datos sobre las líneas de base existentes en el país. Habilitar o crear a un organismo público, o a organizaciones de la sociedad civil, para que actúe como contraparte en el proceso de determinación de las líneas de base. Establecer un registro autónomo de consultores en materia ambiental. Urgir a la Presidenta para que instale el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Solicitar al Ministerio de Hacienda aumento de recursos para fiscalización ambiental. Pedir al Minsal que entregue facultades al Instituto de Salud Pública para acreditar, certificar o reconocer los laboratorios de salud ocupacional. Establecer un centro oncológico en la comuna de Antofagasta. Establecer a Antofagasta como región piloto de un Plan Auge Regional.

Sin acuerdo en el plano político

Ayer la Comisión Investigadora volvió a reunirse para intentar un acuerdo en el delicado tema de las responsabilidades políticas que derivan de la contaminación detectada en Antofagasta, tanto por la presencia comprobada de metales pesados en suelo urbano, como por las emanaciones tóxicas desde el basural La Chimba. Sobre el tema, existen dos posturas, una que propone establecer responsabilidad genéricas e históricas del Estado y otra que plantea la necesidad de identificar responsables. Tras un tenso debate, nuevamente la sesión concluyó sin acuerdo.