A las 6.10 de la mañana del 14 de febrero de 1879, ingresaron al puerto de Antofagasta los buques chilenos "Cochrane" y "O'Higgins", sumándose al "Blanco Encalada" que permanecía en dicha bahía desde el 26 de diciembre de 1878.

A las 7.40 horas, el coronel Emilio Sotomayor, comandante de las tropas chilenas, notifica al prefecto boliviano Severino Zapata que harán ocupación de dicha plaza por orden del gobierno de Chile, luego que Bolivia violara el tratado entre ambos países suscrito en Sucre, el 6 de agosto de 1874. La autoridad boliviana expresa su rechazo a la medida chilena y anuncia que se resistirán con todas sus fuerzas.

Una hora más tarde desembarcan ciento veinte hombres del Batallón de Artillería de Marina, al mando del comandante de la unidad, teniente coronel José Ramón Vidaurre. Otra compañía de 110 hombres -comandada por el capitán Exequiel Fuentes- pisa tierra unos veinte minutos después. Junto a ellos, el jefe de las fuerzas expedicionarias, coronel Emilio Sotomayor.

Las tropas bolivianas no oponen ninguna resistencia y las fuerzas chilenas proceden a la ocupación de todas las instalaciones bolivianas, izando en ellas el pabellón nacional. Prácticamente no se dispara ningún tiro y los soldados chilenos son vitoreados por los casi 13 mil chilenos que viven en Antofagasta y que constituyen el 85% de su población.

Eso es lo que cotidianamente se habla de esta acción. Sin embargo, para la mayoría son desconocidos los orígenes de este conflicto, los que hoy conoceremos objetivamente y basándonos en documentos oficiales de la época y que adquieren relevancia considerando el actual diferendo con Bolivia.

Origen del Conflicto

En febrero de 1878, Bolivia decretó la aplicación de un impuesto adicional de 10 centavos por quintal de salitre a las compañías salitreras chilenas en Antofagasta, violando de esa manera el Tratado de 1874, que indicaba claramente que no se aplicarían nuevos tributos a las compañías chilenas ubicadas en los territorios durante 25 años, es decir, hasta 1903.

El Artículo IV de dicho tratado, señalaba textualmente:

"Artículo IV: Los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales exportados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes, no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, i las personas, industrias i capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de veinticinco años."

Ante esta arbitraria decisión del gobierno altiplánico, que claramente transgredía los acuerdos establecidos, el gobierno de Chile envió una nota a Bolivia, solicitando se dejara sin efecto esta alza de tributos para las empresas chilenas. Sin embargo, la protesta diplomática de Chile fue durante meses absolutamente ignorada por las autoridades bolivianas, ante lo cual La Moneda el 2 de julio de 1878 entregó una segunda nota de protesta, que fue rápidamente rechazada por La Paz.

El 18 de diciembre de 1878, el ministro plenipotenciario de Chile en la Paz, Pedro Nolasco Videla, transmite a Bolivia las instrucciones emanadas de Santiago indicando que el cobro del impuesto significaba la ruptura del Tratado de 1874 y que la responsabilidad consiguiente recaería sobre el gobierno boliviano.

El 26 de diciembre de 1878, Martin Lanza Saravia, ministro de Relaciones Exteriores boliviano, contesta la nota de Pedro Nolasco Videla indicando que esta situación no debía significar la ruptura del Tratado de 1874 ya que existía el recurso arbitral para resolver las diferencias. Videla contesta pidiendo que se suspenda la ley del impuesto adicional para iniciar las conversaciones sobre el arbitraje. Bolivia, responde de inmediato, condicionando el arbitraje al previo pago de los impuestos adeudados por las salitreras chilenas desde la ilegal alza de febrero de 1878, lo que obviamente fue rechazado por Chile, considerando que el arbitraje no tendría sentido alguno si la medida en cuestión se aplicaba antes del inicio de las negociaciones.

Como una expresión de la voluntad chilena de hacer respetar los tratados ese mismo día, el 26 de diciembre de 1878, amaneció anclado en la bahía de Antofagasta el blindado "Blanco Encalada", lo que en cierta medida dio algo de tranquilidad a los miles de chilenos que constituían el grueso de la población antofagastina, que dada la tensa situación estaban siendo víctimas de constantes hostigamientos y abusos reiterados por parte de las autoridades bolivianas.

La permanencia del buque de guerra chileno en Antofagasta no corría ningún peligro, ya que Bolivia no contaba con marina mercante ni de guerra y jamás había poseído ningún navío, ni siquiera de pesca, ya que esta última actividad era realizada exclusivamente por chilenos.

El 3 de enero de 1879, dada la evidente violación del Tratado de 1874, Chile entrega un ultimátum a Bolivia anunciando que si se insiste en mantener esta ilegítima alza de impuestos a las compañías chilenas, se declararán nulos los tratados de límites de 1866 y 1874, por lo que Chile reivindicaría para sí los territorios entre los paralelos 23 y 24 que ocupaba antes de 1866 y cuyos derechos había cedido a Bolivia.

El 11 de enero de 1879, no obstante las conversaciones existentes, el gobierno de Bolivia decreta el embargo de las salitreras chilenas.

El 21 de enero de 1879, el gobierno altiplánico pide explicaciones a Chile por la presencia del blindado "Blanco Encalada" en Antofagasta, a lo que la cancillería chilena responde que no hay intenciones bélicas.

El 1 de febrero de 1879, Bolivia emitió un decreto disponiendo el remate de la Compañía de Salitres de Antofagasta, fijando la fecha para el 14 de febrero de 1879.

El 2 de febrero de 1879, el representante de Chile en La Paz, Pedro Nolasco Videla, entrega una nota al gobierno de Bolivia, que señala textualmente:

"Roto el tratado del 6 de agosto de 1874, porque Bolivia no ha dado cumplimiento a las obligaciones en él estipuladas, renacen para Chile los derechos que legítimamente hacía valer antes del tratado de 1866 sobre el territorio a que ese tratado se refiere. En consecuencia, el Gobierno de Chile ejercerá todos aquellos actos que estime necesarios para la defensa de sus territorios i el Excelentísimo Gobierno de Bolivia no debe ver en ellos sino el resultado lógico del rompimiento que ha provocado i de su negativa reiterada para buscar una solución justa e igualmente honrosa para ambos países"

Pedro Nolasco Videla