El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo ayer que las autoridades siguen trabajando para evitar nuevos atentados incendiarios en el sur del país. Luego de una reunión en La Moneda a la que asistieron el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, y Carabineros, el secretario de Estado aseveró que el Ejecutivo está abocado a este tema.

"Hay un Gobierno, hay un Ministerio del Interior, hay policías, hay fiscalías y hay tribunales abocados a que no haya impunidad, vamos a seguir trabajando en eso. Esto es un tema que tiene mucho tiempo, no se soluciona de un minuto a otro, pero lo importante es que no hay ninguna autoridad de brazos cruzados", comentó.

De acuerdo a Burgos, existen medidas ya decretadas para la Región del Biobío, pero que no se detallarán por motivos de seguridad.

La intendencia del Biobío presentó ayer en el Juzgado de Garantía de Cañete una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado en contra de quienes resulten responsables del ataque a dos camiones, que quedaron destruidos el sábado pasado, en Contulmo.

La medida había sido anunciada por el intendente Rodrigo Díaz, después de reunirse con el ministro Burgos en La Moneda.

El ataque ocurrió el sábado al interior del fundo Ñanco de Forestal Mininco, donde encapuchados amenazaron a los conductores y luego encendieron fuego a los vehículos de carga. Además, en el lugar fue encontrado un panfleto con mensajes al jefe de gabinete y a las empresas forestales.

Declaración de corma

La Corporación de la Madera (Corma) emitió una dura declaración, firmada por su presidente, Fernando Raga, en rechazo los hechos de violencia. El texto afirma que los hechos de violencia han significado "el atraso y la pobreza en La Araucanía y que lo mismo ocurrirá en el Biobío".

Mauricio Mondaca

El Gobierno salió a defender ayer el documental aprobado por la Dirección Administrativa de La Moneda, que con un costo de $40 millones pretende registrar el legado del segundo periodo de la Presidenta Michelle Bachelet. Según el ministro (s) secretario general de Gobierno, Osvaldo Soto, la pieza audiovisual "no es una campaña publicitaria, no es un documental respecto de la Presidenta, sino que tiene que ver básicamente con un archivo, un ejercicio de guardar y mantener la memoria de lo que es la acción de un Gobierno".

Respecto de la contratación de la cineasta Tatiana Gaviola como realizadora del documento audiovisual por trato directo sin licitación, Soto agregó que "la persona que ha sido contratada lo ha sido básicamente en torno a lo que es el marco legislativo que establece la ley de compras, un servicio bastante especialísimo".

El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo que "transformarlo en el hecho del verano me parece un exceso". "Se hizo conforme a todas las normas jurídicas en vigencia. No es un trabajo electoral", agregó el jefe de gabinete.

Críticas opositoras

Parlamentarios de la UDI y RN señalaron que oficiarán hoy a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad y pertinencia del material audiovisual.

"Esto contraviene un dictamen de la Contraloría a propósito de la propaganda que se hizo con platas fiscales para promover el plan Auge cuando aún no era política pública. Y lo otro es que lo autoriza Cristián Riquelme. Aquí se entiende por qué sigue en su cargo. Están a punto de echarlo y le hace una película a la jefa", dijo el diputado Felipe Ward (UDI).

Desde RN, el diputado Nicolás Monckeberg agregó que "le pediremos a la Contraloría que se pronuncie y audite este gasto. Los supuestos para asignarlo sin licitación son insuficientes e ilegales".

A propósito de la comparación del trabajo documental con los libros que realizó el Gobierno de Sebastián Piñera al final de su mandato para preservar su legado -cuyos gastos fueron objetados por la Contraloría por no tener respaldo contable- el vocero de Chile Vamos, diputado Felipe Kast aseguró que "es muy distinto".

"Cuando existen libros informativos que se hacen al final del Gobierno, es muy distinto a pensar en una campaña publicitaria, en un año electoral y cuando todavía tienes dos años de gobierno. Los nuevos dictámenes de la Contraloría han sido muy claros", afirmó.

Parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente insistieron en que el dictamen de la justicia argentina sobre Galvarino Apablaza es un "primer paso" para la eventual extradición del exfrentista al país, y pidieron al nuevo Gobierno de Mauricio Macri que "se comprometa" con su eventual retorno.

"Hago un llamado, respetando sin duda que todas las decisiones son soberanas y las vamos a acatar como corresponde, a que también el Estado argentino pueda avanzar y comprometerse con entregar al señor Galvarino Apablaza, quien goza de impunidad producto de una decisión administrativa que le concede el carácter de refugiado político", dijo el diputado Issa Kort (UDI).

Según el parlamentario gremialista, "Chile no puede dejar de buscar la justicia en ninguno de los casos, sobre todo en un tema tan emblemático como fue el asesinato del senador Jaime Guzmán".

"Espero que se llegue a algo concreto. Estamos pidiendo hace mucho tiempo la extradición de esta persona, estamos pidiendo que sea juzgado en Chile y ha habido cierta colaboración, débil colaboración del actual Gobierno, pero finalmente algo se ha avanzado, así que confiamos en el apoyo del Gobierno argentino y esperamos que entre ambos Gobiernos se pueda lograr ese objetivo", añadió el diputado Felipe Ward.

Pasos judiciales

La justicia argentina resolvió que la legislación de ese país impide que se entregue el rango de refugiado político a un acusado de delitos comunes, lo que el Gobierno de Chile consideró "un primer paso" hacia una eventual extradición del ex frentista Apablaza.

Rodolfo Yanzón, abogado de Apablaza en Argentina, explicó que la intervención de Chile está "derechamente prohibida", ya que violaría la convención de refugiados.

"Lo que están pidiendo en sede judicial argentina es justamente lo que la convención internacional prohibe a rajatabla que es la intervención, cualquier tipo de intervención del Estado que genera las condiciones de refugio que en ese caso es Chile", aseguró.

El ministro (S) secretario general de Gobierno, Osvaldo Soto, dijo que "Argentina tiene un mecanismo, sus poderes establecidos y ellos deberán tomar decisiones".