El Gobierno defendió ayer los alcances de la Ley de Inclusión, que comenzará a regir el próximo 1 de marzo y que prohibe, entre otras cosas, que los colegios puedan suspender a los alumnos por alguna falta en su uniforme o por su apariencia personal. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, especificó los elementos de la normativa, pero explicó que prevalecerán las normativas internas de los establecimientos.

"No es que estemos como Ministerio determinando que los niños vayan como quieran, hay órdenes internas en los establecimientos que tienen que respetarse", afirmó la secretaria de Estado.

Para Delpiano, "lo que no consideramos es que se pierda clase, se suspenda a los niños por cosas que muchas veces no dependen de ellos, dependen de sus propias familias, que es lo que estamos cautelando".

Como parte de esta norma, según el Ministerio de Educación, 784 establecimientos que hasta el año pasado tenían financiamiento compartido ahora serán gratuitos, beneficiando a más de 240 mil estudiantes.

El jefe del Departamento de Denuncias de la Superintendencia de Educación, Óscar Acevedo, aseguró que "no cumplir con un requerimiento específico, como una prenda de ropa o con llegar con un útil escolar o texto, no implica que los alumnos vean restringido su acceso a la participación escolar". La autoridad agregó que los colegios pueden tomar medidas "para formar conducta", pero la suspensión atenta contra el espíritu de la ley.

"Lo que planteamos es que los colegios tienen derecho para trabajar esos aspectos con la familia, pero la marginación de la actividad escolar afecta el derecho a la educación", dijo.

Destaca los avances

La Presidenta Michelle Bachelet destacó ayer la puesta en marcha del proyecto al visitar el centro de distribución de textos escolares gratuitos en Pudahuel (Región Metropolitana). Bachelet reiteró el compromiso de su Gobierno con los avances en educación.

"Creo que podemos ser optimistas, podemos hacer los cambios. Hay un conjunto de agoreros que pronosticaron que no íbamos a hacerlo, o que sería un gran retroceso. Y la verdad que se equivocan. Sea por la vía de que las familias van a poder tener educación de calidad gratuita en los colegios, en las universidades; sea por la vía de mirar estos fantásticos textos escolares, de gran calidad, creo que demuestra que esto para nada es un retroceso, por el contrario, es un tremendo avance", subrayó.

Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep), enfatizó que hay reglas mínimas, como la ropa, en las normas internas, las que "desde el momento en que la familia adscribe al proyecto educativo conoce, por lo que tiene que respetarlas. Si no, qué sentido tiene que la ley establezca que los sostenedores deben informar a la familia sobre sus normativas".

784 colegios que hasta el año pasado tenían financiamiento compartido, desde 2016 serán a gratuitos.

3,1 millones de estudiantes de 11 mil establecimientos recibirán textos escolares que entrega el Gobierno.

Rectores y estudiantes dijeron estar preocupados por el plazo en el proceso de participación que podría conllevar la reforma a la educación superior, luego de que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, asegurara que será presentada a fines de marzo o principios de abril.

El rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, pidió que el trabajo en el proyecto "ojalá sea lo más participativo posible, que dé cuenta de lo que el país quiere. Creo que es fundamental en esto no solamente hablar de gratuidad respecto del beneficio, sino del instrumento que significa para el desarrollo del país".

"Esa es una temática que está un poco ausente. Hoy día todavía no tenemos claro hacia dónde caminamos como educación superior y tampoco, sobre eso, hacia dónde caminamos como país. Ahora, yo no sé si eso se posible de hacer y concretar en el mes de marzo", afirmó citado por radio Cooperativa.

Planteles privados

Jaime Vatter, rector de la Universidad Santo Tomás y presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), explicó que "para el estado de avance que se vio hacia fines de enero, se ve difícil que durante las próximas cuatro semanas pueda haber un proyecto muy acabado".

"Desconozco el trabajo que se ha hecho esta semana (en la) que algunos tomamos vacaciones, desconozco si este consejo asesor que se puso a trabajar, porque por lo visto hasta enero no habían participado mucho", agregó.

L presidenta de la Confech, Camila Rojas, cuestionó el avance del proyecto y agregó que cumplir con los plazos impuestos por el Mineduc haría que se presente una "reforma deficiente". "Es un borrador que tiene muchas deficiencias y esa es una visión compartida por los rectores, por el Colegio de Profesores. Por lo tanto, ingresar un proyecto así en marzo, sin haberlo trabajado, nos parece que es partir con un mal pie", criticó.

La Confech planea reunirse en marzo en Valdivia para definir posibles movilizaciones.