El juicio que se celebra en el Vaticano contra cinco personas por filtración y publicación de documentos se reanudará hoy después de tres meses y medio de receso y para proceder con el interrogatorio de los imputados.

En el banquillo de los acusados se sentará el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, secretario de la extinta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de donde procedía la mayor parte de los archivos revelados.

Vallejo es el único imputado sobre el que pesa una medida cautelar: fue detenido el 1 de diciembre pasado en la Gendarmería, el 23 de ese mes fue puesto bajo arresto domiciliario y ahora el Vaticano volvió a encarcelarlo por comunicarse con el exterior, según confirmó el portavoz vaticano, Federico Lombardi. También están imputados la antigua miembro del COSEA, la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el administrativo Nicola Maio, y los periodistas que publicaron el material clasificado: Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.

El sábado el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano celebró una audiencia a puerta cerrada en la que se examinó una pericia sobre el material informático y la documentación que se aportará durante este juicio penal.

De ese modo terminó un receso procesal que duró tres meses y medio, debido a la decisión del tribunal vaticano de admitir nuevas pruebas, como las conversaciones telefónicas y mensajes entre Chaouqui y Maio o las comunicaciones existentes en el computador de Vallejo relativas a mayo de 2015.

Miles de personas se concentraron desde las primeras horas de ayer en decenas de ciudades de Brasil para participar en una jornada nacional de protesta, en las que se exigía la renuncia o destitución de la Presidenta Dilma Rousseff.

Según medios locales, al menos 13 estados del país y el distrito federal tuvieron actos contra el Gobierno.

Las primeras movilizaciones se registraron en algunas ciudades del norte y noreste, las regiones más pobres del país, en las que miles de manifestantes demandaron el "fin" del Gobierno de Rousseff y expresaron su apoyo a las investigaciones sobre las corruptelas en la estatal Petrobras, que salpican a medio centenar de políticos.

En Belén, capital del amazónico estado de Pará, uno de los grupos desfiló por céntricas avenidas con una suerte de "carroza-cárcel" en la que estaba encerrados muñecos que representaban a Rousseff y a su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien está investigado por supuesta corrupción.

Las protestas fueron convocadas por grupos de la sociedad civil vinculados a los partidos de oposición, que también manifestaron su respaldo a las movilizaciones.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) esperaba que las manifestaciones de ayer fueran el "mayor acto contra el Gobierno de los últimos tiempos" y pudieran ser "definitivas" para impulsar el juicio político que la oposición promueve contra Rousseff en el Congreso.

Desde primera hora de la mañana también comenzaron a concentrarse miles de personas en Río de Janeiro y Brasilia.

En Sao Paulo, epicentro histórico de las grandes movilizaciones del país, la concentración ya reunía a millares de personas poco después del mediodía, antes incluso de la hora marcada para los actos.

En Brasilia, donde la protesta terminó pasado el mediodía, la policía militar calculó unas 100 mil personas en la marcha, que partió de la plaza del Museu da República y terminó en las proximidades del Congreso Nacional.

Rousseff enfrenta una severa crisis política y económica, en un escenario de crecientes inflación y desempleo que han agudizado el malestar social y derrumbado su popularidad, que recientes encuestas han situado en torno al 10%.

El descontento ha repercutido en el terreno político, al punto de que este sábado el influyente Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, dio un primer paso hacia una posible ruptura con el Gobierno.

El PMDB, considerado como el principal partido del país, decidió en una convención nacional que sus afiliados no podrán ocupar nuevos cargos en el Gobierno por un plazo de 30 días, en el que decidirá si permanece en el Ejecutivo o pasa a engrosar las filas opositoras.

Rousseff reiteró este sábado que el Gobierno garantiza el derecho a las manifestaciones, siempre y cuando sean pacíficas.

"Solo pido que no haya violencia, pero todas las personas tienen derecho a ir a la calle" para manifestarse a favor o en contra del Gobierno, declaró.