Mauricio Mondaca

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, respondió ayer al anuncio de Bolivia de una posible demanda contra Chile por el supuesto uso "ilegal y abusivo" de las aguas del río Silala y dio a conocer por primera vez un mapa de 1904, que está adjunto al Tratado suscrito por ambos países ese mismo año, y que, a su juicio, contraargumenta la postura boliviana debido a que señala que el Silala es un río internacional.

La postura boliviana, en cambio, sostiene que esas aguas provienen de manantiales bolivianos que fueron desviados de manera artificial por Chile. "Este mapa es decidor y es un antecedente muy importante para nosotros, porque Chile siempre ha defendido la integridad del Tratado de 1904, que fijó las fronteras de manera definitiva entre ambos países", afirmó Muñoz.

El documento, según el jefe de la Cancillería, refutaría la postura de Morales, quien calificó de supuestamente "ilegal y abusivo" el uso de las aguas por parte de Chile.

El titular de RR.EE. aseguró que la posición de Evo Morales es un "voladero de luces, una utilización política de un tema en el contexto que conocemos en Bolivia".

"Es importante que se cuide de este estudio que han dicho que van a elaborar sobre la posibilidad de recurrir a una instancia internacional, porque si eso llegase a ocurrir, Chile podrá contrademandar a Bolivia", agregó Muñoz.

Ante esta controversia, el canciller recordó que en 2009, Chile y Bolivia analizaron el tema y llegaron a un acuerdo sobre el uso de estas aguas compartidas, el cual estuvo cerca de firmarse, pero "a última hora los bolivianos se retiraron y no cumplieron con lo que había sido acordado".

La Moneda aseguró que Bolivia reconoció al Silala como un río internacional hasta 1997, año en el que cambió sus argumentos y empezó a defender que sus aguas provenían de manantiales en su territorio desviados por Chile.

El conflicto por el Silala se intensificó esta semana con el anuncio del Presidente boliviano, Evo Morales, de una demanda legal en instancias internacionales contra Chile, por lo que considera un "uso y aprovechamiento unilateral e ilícito" de esas aguas.

La posición histórica nacional es que el río Silala es un curso de agua internacional que nace en Bolivia y cruza la frontera hacia Chile, por lo que pertenece a la cuenca hidrográfica del Pacífico.

Juicio en curso

Bolivia ya demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para obtener una salida soberana al océano Pacífico. Esta acción tiene por objetivo obligar a Santiago a negociar "de buena fe" una salida soberana al océano Pacífico.

Chile objetó la competencia del tribunal, pero en septiembre la CIJ se declaró competente en el caso, por lo que la delegación chilena deberá presentar el 25 de julio el documento de contramemoria como respuesta a la demanda boliviana. El agente José Miguel Insulza ya inició junto al equipo defensor los preparativos para esta instancia.

"Si eso llegase a ocurrir (una nueva demanda de La Paz), Chile podrá contrademandar a Bolivia".

Heraldo Muñoz, Canciller de Chile

La senadora integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Carolina Goic (DC), dijo que espera que el trabajo de la Comisión Mixta sea "un rápido último trámite". La instancia comenzará a sesionar la primera semana de abril para avanzar en un acuerdo en una reforma que, según la parlamentaria, "ha quedado bastante clara".

"Lo que llega a la Comisión Mixta es lo menos, porque el grueso del proyecto ha sido aprobado, y eso es muy importante señalarlo", afirmó la senadora oficialista.

Según Goic, "se pone el énfasis en la diferencia, pero hoy se reconoce la titularidad del sindicato, ya no tenemos más grupos negociadores; tenemos huelga efectiva y sin reemplazo; y avanzamos en lo que espero sea un rápido último trámite".

La representante por Magallanes agregó que "hemos estado conversando que a la vuelta de la semana regional, la primera semana de abril, el martes temprano podamos hacer la Comisión Mixta, que es la instancia que integran cinco senadores y cinco diputados".

En ese trámite, añadió, "hemos ido acordando algunos temas para la redacción final en el tema interempresas, en algunos temas de información, y respecto de huelga pacífica". La instancia parlamentaria debatirá los aspectos que fueron rechazados en la Cámara de Diputados, y que venían de un acuerdo en el Senado, como "huelga pacífica", "negociación semirreglada", "negociación colectiva interempresa" y "derecho de información".

El Ministerio Público precisó ayer que la modificación penal aprobada en el Senado que buscaría castigar con cárcel a los fiscales por filtrar información de investigaciones sanciona "a cualquier persona que vulnere las normas de secreto establecidas por el Código Procesal Penal".

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público aseguró que "de hecho la norma aprobada (61 a 541 días de prisión) no menciona en ningún momento a los fiscales como sujeto particular de sanción, toda vez que esta situación ya estaba regulada para todos los funcionarios públicos en los artículos 246 y 247 del Código Penal por medio de la figura general de violación de secretos". De acuerdo al ente persecutor, "el artículo 182 del Código Procesal Penal establece el secreto de la investigación para terceros ajenos a la investigación, ya que la divulgación de información durante la investigación perjudica el éxito de la investigación y las posibilidades de esclarecimiento de los hechos indagados".

Según La Tercera, la indicación fue solicitada por el Ministerio Público a la comisión de Constitución del Senado.