El informe de la Comisión Investigadora por Contaminación en Antofagasta concluye -entre otras cosas- que, junto con una débil normativa ambiental, la institucionalidad es frágil toda vez que descansa demasiado en los antecedentes que aportan los proponentes de proyectos y no posee un carácter de contraparte técnica fuerte en el proceso. Y sostiene que existe carencia de personal para fiscalizar los proyectos en Antofagasta, situación que se repite a lo largo del país. Por eso, se estima urgente la instalación de los Tribunales Ambientales en la comuna y que el ministerio de Hacienda incremente los recursos destinados a fiscalización.

Con el objetivo de acelerar su tramitación y dotar pronto al país de una norma que regule de mejor forma el transporte, descarga y acopio de minerales o concentrados de minerales, la Comisión de Minería de la Cámara Baja decidió fundir los proyectos de ley N° 10312-08 y N° 10108-12 impulsados por los diputados Paulina Núñez (RN) y Marcos Espinosa (PRSD), respectivamente.

Así lo adelantó la legisladora por Antofagasta, quien comentó que "hemos decidido en la Comisión de Minería que los proyectos liderados por el diputado Espinosa y por mi -relativos a terminar con camiones encarpados- se acumulen y de esa forma avanzaremos transversalmente y con más rapidez", dijo.

Entre otras disposiciones, el proyecto presentado por Núñez obliga al transporte de concentrados de minerales "siempre por medios completamente herméticos", hace aplicable al transporte y descarga de estos minerales las disposiciones del Decreto 298 del ministerio de Transportes que reglamenta el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos, y las del decreto 78 del ministerio de Salud sobre el almacenamiento de cargas peligrosas.

Cambio

Asimismo, ambas iniciativas legales proponen una modificación a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente incorporando a la norma el "Transporte, descarga y acopio de minerales o concentrados de minerales, especialmente cuando su transporte implique el tránsito por zonas urbanas".

Finalmente, la propuesta del diputado Espinosa propone incorporar a este último cuerpo legal un nuevo inciso que obligará a que las actividades señaladas anteriormente deban someterse a un Estudio de Impacto Ambiental.

Esta semana la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe final elaborado por la Comisión Investigadora por contaminación en Antofagasta. Dentro de las propuestas contempladas por el texto se encuentra el eliminar los camiones encarpados como forma de transporte, la creación de una Ley de Polimetales para Chile y la reparación a la salud de las personas, mientras que dentro de las responsabilidades alude de forma general al Estado.

Tras la votación, Núñez -quien presidió la instancia fiscalizadora-, sostuvo que "ahora debemos trabajar en concretar los proyectos de leyes que ya hemos presentado en la Comisión de Minería como de Medio Ambiente, que buscan prohibir los camiones encarpados para trasladar concentrado de cobre y reparar los daños causados a la salud de la personas que han sido afectadas por polimetales".

Tras dos años y tres meses desde el primer dictamen judicial desfavorable contra la Molinera del Norte, los vecinos aledaños a las instalaciones de Lima 381 interpusieron una nueva demanda contra la compañía, cuya labor fue declarada molesta y contaminante hace casi una década por la autoridad sanitaria.

La medida consta de una demanda ejecutiva para obligar a los dueños de la entidad a que cesen definitivamente toda actividad en el perímetro, tal y como lo ratificó el último fallo de la Corte Suprema.

De acuerdo a lo explicado por el abogado de los vecinos, Fidel Inostroza, "sería un nuevo juicio para que la Molinera deje definitivamente de producir, abandone y deje de generar la contaminación que produce en todo este sector, llámese polvillo del trigo, piojillos, ratones, etcétera", dijo.

El profesional lamentó que la Corte de Apelaciones de Antofagasta no accediera al apremio solicitado contra el representante legal de la empresa para que hiciera abandono del lugar, tras tres fallos de distintos tribunales -incluido el tribunal de alzada- contra la Molinera, la cual ya inició un proceso de venta de sus 10 mil metros cuadrados de propiedad.