El ministro vocero de Gobierno Marcelo Díaz, se refirió ayer a la polémica indicación que busca sancionar penalmente las filtraciones de los procesos judiciales, y sostuvo que no debe convertirse en una ley "mordaza". "Evidente que esto no se pueda interpretar ni usar para impedir o para generar un manto de protección para nadie", afirmó Díaz al respecto en entrevista con Cooperativa. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, respondió ayer a las críticas a la norma, que fue aprobada la semana pasada por la instancia. "La comisión de Constitución puso a disposición el informe de la agenda corta el 1 de marzo y si un senador no leyó lo que estaba votando no venga a decir que la comisión de Constitución le estaba tratando de pasar un gol", sostuvo, apuntando al senador Alejandro Guillier".

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, informó ayer que el precio base de los planes de las isapres ha aumentado en 3,5% anual sobre la inflación en una década, mientras que el precio de las Garantías Explícitas en Salud (GES) lo hizo en un 31,6% anual.

Esto a pesar de que la evolución de precios registró una baja de 1% durante el último período, de octubre 2014 a septiembre de 2015 según el análisis sectorizado presentado por Pavlovic.

El superintendente criticó, en ese sentido, cómo las isapres han traspasado sus costos a los usuarios.

"La dinámica de funcionamiento de la industria isapre se ha basado en trasladar unilateralmente los aumentos de costos y de gastos al precio final que deben pagar los beneficiarios. De esta forma, las isapres como subsistema nunca han tenido pérdidas", dijo en su análisis en titular del ente fiscalizador.

"Lo que vemos es que hay muchos aumentos de costos que son de responsabilidad de las propias instituciones de salud previsional: los gastos en administración, incluso los gastos relacionados con licencias médicas vinculadas a la falta de promoción y prevención en salud y también los gastos en prestaciones de salud", enfatizó Pavlovic.

"En algunos casos se tienden a ocultar las alzas máximas que han sufrido personas específicas y que sin duda esa alza podría ser muchísimo menor. Vemos que es un número importante de los costos del sistema, lo que si se analiza junto con otros elementos, se ve que no están bien alineados los actores y los incentivos para ser más bajo", añadió el superintendente.

A fines de este mes las isapres deben informar las adecuaciones de los contratos que comenzarán a regir durante este año.

Carolina Collins

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió ayer el sobreseimiento definitivo del exsenador socialista Carlos Ominami por los delitos tributarios de los que era acusado en el marco de la investigación del caso SQM.

El tribunal acogió los argumentos de la defensa del exparlamentario, quien se ausentó de la audiencia en que se decidió su sobreseimiento, que señaló que los delitos tributarios que se le atribuían, relacionados al financiamiento de su campaña parlamentaria por parte de la minera no metálica, se encontraban prescritos.

"El delito se encuentra prescrito y eso fue lo que vinimos a alegar señaló el defensor público Carlos Mora, el Servicio de Impuestos Internos (SII) "al momento de presentar la querella con fecha 30 de octubre de 2015, ya habían transcurrido más de cinco años, sin perjuicio de los días que estuvo mi representado fuera del país".

Esto en relación a la emisión de la última factura cuestionada, que corresponde al 1 de febrero de 2010. Por eso se determinó que Ominami quedaba libre de cualquier responsabilidad penal.

La determinación del tribunal se produce luego de que en la audiencia de formalización la jueza Ema Tapia señalara que los hechos por los que era investigado el exparlamentario ya estaban prescritos.

Ominami era investigado por ocho facturas emitidas por Alerce Talleres Gráficos a SQM entre 2009 y 2010 para justificar pagos que bordearían los $178 millones.

Luego de que se conociera la decisión del tribunal, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, que está a cargo del caso, anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones por el fallo, para que se pronuncie sobre el sobreseimiento.

"Interpondremos un recurso de apelación para que sea en definitiva la Corte de Apelaciones de Santiago la que se pronuncie sobre el fondo", dijo el persecutor.

El fiscal argumentó que al momento de la presentación de la querella y de la audiencia de formalización, la acción penal aún se encontraba vigente.

En la audiencia además se levantaron todas las medidas cautelares que se le había aplicado a Ominami durante la formalización.

Así es que el tribunal de alzada será el encargado de definir finalmente sobre el sobreseimiento del exsenador.