Gobierno brasileño afirma que no existe "base legal" para un juicio político contra Rousseff
BRASIL. El titular de Hacienda compareció en la comisión que revisa el proceso.
El ministro de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa, compareció ayer ante una comisión parlamentaria que analiza si la Presidenta Dilma Rousseff debe responder a un juicio político con fines destituyentes y rechazó las acusaciones.
La oposición acusa a Rousseff de incurrir en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Barbosa afirmó que todas esas operaciones fueron realizadas dentro del marco legal. Sobre el "maquillaje" de los resultados oficiales, que consistió en omitir deudas con la banca pública de los balances y es el cuerpo central de la denuncia, aceptó que "pudo" haber ocurrido en 2014, el último año del primer mandato de Rousseff.
Pero indicó en que una falta cometida en un mandato anterior no puede esgrimirse como causa para destituir a un gobernante en un periodo posterior.
"En 2013 y 2014 hubo valores excesivamente negativos en contra del Gobierno durante mucho tiempo", dijo en relación con esas deudas con la banca pública, pero dijo que "en 2015 se cancelaron por completo", con lo cual se limitaron al mandato anterior de Rousseff.
"Considero que no hay base legal" para un proceso contra la Presidenta, declaró.
Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó ayer la decisión de que las investigaciones sobre los presuntos nexos del ex Presidente Lula da Silva con la trama de corrupción en Petrobras permanezcan bajo su tutela y no regresen a manos del juez federal Sérgio Moro.
2018 el año en que la oposición brasileña propuso celebrar un referéndum para cambiar el régimen político.
6 ministros del PMDB, que se pasó a la oposición, se niegan a dejar sus cargos.