A pocos días que el Congreso retome la discusión final de la norma que establece el "control preventivo de identidad", las posiciones en torno al proyecto se siguen distanciando.

La iniciativa legal, que forma parte de la agenda corta antidelincuencia anunciada por el Gobierno, es vista por algunos como un retroceso de las libertades personales, asimilándola incluso con la antigua "detención por sospecha" (derogada en 1998). Pero también existen sectores que la justifican y aseguran que se trata de una herramienta necesaria para mejorar la seguridad pública.

El senador Pedro Araya, quien desde la Comisión de Constitución participó activamente en el análisis de la nueva facultad policial, defendió el trabajo realizado.

"Este es un proyecto que resguarda los derechos civiles y en ningún caso se asemeja a la detención por sospecha. Acá se establece un procedimiento claro, cosa que antes no existía", indicó el parlamentario.

Araya explicó que el control preventivo sólo se podrá realizar bajo determinadas condiciones, a personas mayores de 14 años (edad legal de responsabilidad penal) y aplicando un protocolo preciso, el cual, si no se cumple, da origen a sanciones administrativas para los policías responsables (ver recuadro lateral).

Además, destacó que el legislador "se puso en el caso de una persona que no puede identificarse", y es por eso que estableció tiempos máximos de permanencia en la unidad policial y varias garantías que deben cautelarse.

"Por ejemplo, la persona tiene derecho a una llamada y por ningún motivo podrá ser puesta en un calabozo. Hay que precisar que se trata de un control de identidad, es decir, no se trata de un procedimiento investigativo", dijo.

Cámara

La norma salió hace dos semanas de la Cámara de Diputados y en su paso por el Senado se le hicieron a varias correcciones.

Según Araya, la falta de acuciosidad con se trabajó en la cámara explica en gran medida la "confusión" que existe en torno al proyecto.

"La norma que nos envió la cámara era bastante general decía que se podía hacer control de identidad a cualquier persona en cualquier lugar, lo que nos pareció un absurdo. Por eso limitamos la facultad y ahora sólo se puede hacer control a mayores de 14 años, en lugares públicos y en condiciones muy bien reguladas", afirmó el parlamentario.

Defensora

Tal como ha hecho la institución a nivel nacional, la defensora regional, Loreto Flores, asumió una posición crítica en torno al proyecto de ley.

Según dijo, el principal problema es que establece un amplísimo rango para la aplicación del control de identidad, lo que se prestará para abusos.

"En la ley que se está discutiendo no se requiere un fundamento objetivable para realizar el control, es decir, será a criterio de la policía. Y todos sabemos que en materia penal en Chile existe una discriminación social fuerte", argumentó.

Basado en aquello, la abogada dijo temer que en definitiva la nueva facultad sólo se aplique a determinadas personas y en determinados lugares.

Loreto Flores comentó que si bien el proyecto tiene diferencias con la antigua detención por sospecha, comparte con ésta el hecho de ser una norma que "vulnera derechos básicos e invade la privacidad de las personas".

Además, puso en duda que la seguridad pública vaya a mejorar con más controles de identidad, y por el contrario, planteó que una herramienta probada en todo el mundo para conseguir aquello es la reinserción y la prevención.

El proyecto corregido en el Senado será votado la próxima semana en la Cámara de Diputados y si se aprueba, será ley. De lo contrario pasará a una comisión mixta.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) inició un procedimiento de sanción para determinar las responsabilidades de la empresa Aguas de Antofagasta S.A. en el corte no programado de agua potable que afectó a más de 33 mil clientes de la ciudad.

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Por una mayoría aplastante casi 700 vecinos del sector Playa Blanca y Augusto D'Halmar, rechazaron la posibilidad de cambiar el nombre a una parte de la avenida Angamos. En un proceso que concluyó a las 16 horas, los residentes manifestaron su negativa a modificar el nombre por el de "Los Jesuitas" en esa arteria del sector sur.

Dirección del Trabajo cursó multas por UTM 280 a línea de taxibuses 104

Multas por UTM 280 (unos $12 millones), cursó la Dirección del Trabajo a la línea de taxibuses 104. Tras una visita inspectiva se detectaron graves falencias como no contar con agua potable para consumo humano, ni servicios higiénicos separados para hombres y mujeres y por no mantener los lugares de trabajo en buenas condiciones de limpieza.