Hoy parte en los salones del Hotel Antofagasta el Encuentro de Negocios entre empresarios del norte de Chile y del noroeste de Argentina (NOA), para seguir avanzando en el proceso de intercambios comerciales no sólo entre las regiones limítrofes de ambos países, sino también con una proyección conjunta a los mercados del océano Pacífico y Asia, como meta principal.

Empresarios de Salta y Jujuy traen una amplia oferta de frutas, hortalizas, legumbres, carnes y diversos productos agropecuarios, no sólo para el consumo interno del mercado de Antofagasta, sino para el resto del norte chileno. Mientras, la oferta chilena estará centrada en productos del mar.

Como una muy buena noticia calificó el seremi del MOP, César Benítez, la recepción de 11 ofertas por parte de la Dirección regional de Obras Hidráulicas (DOH), durante el proceso de apertura económica de los proyectos de control aluvial para las quebradas Farellones y Uribe, de Antofagasta.

"Estos dos nuevos proyectos para la ciudad de Antofagasta se sumarán a las cuatro obras de control aluvial ya existentes en las quebradas La Cadena, El Ancla, Baquedano y El Salar del Carmen", afirmó Benítez.

Entre ambas obras la repartición de gobierno estima una inversión de unos $3.500 millones.

Como el mejor fotógrafo de la Plaza de Armas. La nueva ley de transparencia y probidad, busca sacarle una foto a quienes lleguen a trabajar al servicio público, especialmente a todos los que ostenten un cargo de alta responsabilidad política y económica.

Están las casi impensables relaciones de lobby entre Marco Enríquez-Ominami con SQM, ésta propiedad del exyerno del general Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

El caso Caval que tocó a la Presidenta Bachelet, provocando el desplome de su aprobación, que hoy no llega al 30%. Penta, las colusiones de las farmacias y papeleras entre otras, son testimonio que el tema no es menor.

La desaprobación arrastró en particular al mundo político a un callejón sin salida. Se buscaba sí o sí una solución.

El ministerio Secretaría General de la República, generó una comisión que asesora al ministro en materias de implementación de las leyes de la agenda de probidad y transparencia y también las ejecuta.

De visita en Antofagasta para realizar una capacitación al personal público, Rodrigo Mora, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, responde el por qué es necesaria esta ley.

¿Cuál es el contexto en que nace esta ley?

-Esta ley es parte de una agenda global presidencial de transparencia y probidad. Lo particular que tiene es que las iniciativas se vienen discutiendo desde el primer gobierno de la Presidenta Bachelet del 2008. En aquella época, la actual mandataria formuló una reforma constitucional de la calidad de la política, la cual se aprobó en 2010.

En esa reforma se instauró la obligatoriedad de declarar patrimonios e intereses por parte de los funcionarios públicos. También permitía que pudieran vender bienes cuando existían conflictos de interés. Por último podrían entregar todo o parte de sus bienes en fidei comiso ciego.

Sin embargo, el recorrido para esta nueva ley se acelera por los hechos que surgieron a la luz pública y la instauración de la Comisión Engels.

Corrupción

¿Entonces busca evitar casos de corrupción o transparentar la función política?

-Esta ley está enfocada en primer lugar en los funcionarios de la administración del Estado. También en las autoridades políticas elegidas por votación popular: Presidente, parlamentarios. También jueces, ministros y subsecretarios. Además de los seremis, alcaldes, concejales, entre otros.

¿Cuáles son los ejes de la ley?

-La ley posee dos ejes principales. En primer lugar evitar el enriquecimiento ilícito. Lo evita al sacarle a la autoridad una "foto" con cuánto patrimonio entra y con cuánto sale del servicio público.

Lo segundo es evitar el conflictos de intereses. Separa el interés privado del público. Yo puedo renunciar expresamente del interés privado en beneficio de las personas. Porque hice mi declaración de intereses y todos pueden saber de que yo no puedo tomar decisiones en ese ámbito.

Necesidad

La necesidad de esta ley pasa -según Mora- por el creciente sentimiento de desconfianza que posee la ciudadanía. A todos los casos se suma esa sensación de no confiar en nadie.

Por lo mismo, la Presidenta, el Congreso, los jueces, debían hacerse parte del asunto.

¿Es tan importante la sensación de las personas para fomentar esta ley?

-En términos de corrupción, el país tiene un muy buen desempeño. Aquí la ley se cumple. La paradoja es que la gente cree que estamos mucho peor de lo que estamos y las leyes sirven para reforzar comportamientos. También es bueno para que podamos fiscalizar y así la gente tenga mayores armas para custodiar y se puedan dar certezas en lo que se usa los bienes de todos.

¿No se podría generar una especie de protección encubierta?

-La administración del Estado va implementar la ley, pero otro la va a fiscalizar, ese otro es la Contraloría. Nosotros sólo promovemos la ley porque queremos que la fiscalización tenga el mejor resultado posible. La ley creó un guardián, un perro guardián y es la Contraloría. En ese sentido, cuando hay fiscalizadores autónomos, es más difícil concertarse para saltar la ley.

¿Para que haya buen comportamiento debe haber ley?

-Tenemos que separar las cosas en tres. Están los valores, como el Bien Común que es para servir a la comunidad. Los valores se reflejan en leyes y las leyes se deben reflejar en prácticas. Cuando se genera práctica se genera cultura y ahí deben confluir todos los estamentos. No sólo el Estado, también el privado que negocia con el Estado, la prensa que pide entrevistas. Todos.

¿Cómo administrar de manera justa los beneficios y facilidades que tienen los funcionarios públicos para desarrollar su trabajo?

-Esas cosas no son nuestras. Esos beneficios deben ser usados con justicia, por eso una política de austeridad es necesaria y el dar cuenta a la ciudadanía, porque las cosas que nos pasan están asociadas a un deber.