Eugenio Sugg Gálvez
La firma norteamericana Rockwood Lithium defendió el acuerdo con Corfo mediante el cual se extiende su concesión de explotación sobre el Salar de Atacama. El contrato, que además permitiría aumentar las tasas de explotación y significaría inversiones entre US$400 y US$600 millones en la región, es severamente cuestionado por distintos sectores políticos y motivó la conformación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Respecto de esta instancia -que se constituirá el próximo martes con un mandato amplio de investigar-, la firma comentó que "es una buena instancia para presentar el trabajo que hemos desarrollado los últimos 36 años y el modelo colaborativo propuesto para el desarrollo de esta nueva minería del litio".
El cuestionado acuerdo estipula que se harán esfuerzos para que Rockwood invierta en los próximos cuatro años entre US$400 y US$600 millones, para aumentar su producción de carbonato de litio de grado de batería (subiendo de 24 mil toneladas a 70 mil toneladas), y para desarrollar la tecnología necesaria para producir en Chile 5 mil toneladas de hidróxido de litio del Salar de Atacama.
Adicionalmente, la firma pagaría al Estado recursos adicionales como consecuencia del acuerdo entre US$70 y US$100 millones anuales por concepto de royalty minero, Impuesto a la Renta, comisión a Corfo y otros.
Cláusula
No obstante, la forma como se llegó a ese acuerdo y algunas de sus disposiciones causó dudas en varios legisladores.
"La concesión otorgada a Rockwood durante el gobierno militar expiró este año y en enero se firmó un adendum donde se renueva el plazo por 26 años más o hasta que se agote el recurso, lo cual me parece una cláusula muy extraña", dijo el diputado Marcos Espinosa.
Eso -según el legislador- significa "que Corfo no tiene claro cuál es el valor geológico de las propiedades que está administrando y que son del Estado de Chile", dijo.
Además, hay aspectos de forma que no se habrían cumplido, como es una auditoría al contrato y el acuerdo del Consejo de Ministros antes de su rúbrica. "Son todas cosas que nos llaman la atención y que vamos a investigar en la comisión", agregó Espinosa.
Adicionalmente, el convenio se vio salpicado por el escándalo de financiamiento irregular de campañas políticas. Hace unos días se hicieron públicas reuniones entre Jaime Solari -lobbista de Rockwood- y el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, durante los meses previos al acuerdo.
Solari es propietario de la firma Soluciones en Gestión Ambiental (SGA), la cual ha sido vinculada al caso que hoy investiga la Fiscalía.
Reuniones
Respecto de esta relación, desde la firma norteamericana explicaron que "nos planteamos hace algunos años la necesidad de aumentar nuestra producción para mantener el liderazgo de Chile en este mercado. En ese marco, presentamos el EIA Proyecto de Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de evaporación Salar de Atacama.
Y -según detallan- "es precisamente en ese contexto, que en enero de 2013 comenzamos a trabajar con la consultora SGA dada su gran experiencia en proyectos de similares características, para la tramitación de dicho permiso que fue aprobado por unanimidad el 18 de enero de 2016".
Finalmente, reconocen que durante ese periodo de trabajo con SGA "se sostuvieron reuniones con distintas autoridades, reguladores y comunidades donde explicamos el nuevo y actualizado modelo hidrogeológico de la cuenca del Salar de Atacama, que fue desarrollado en conjunto con SGA como parte de nuestra propuesta de una industria sustentable para el desarrollo de la minería del litio".
US$600 millones invertiría Rockwood en la región para aumentar su capacidad de producción de litio.
26 años o "hasta que se agote el recurso" sería el horizonte de la nueva concesión a la firma norteamericana.
