El canciller Heraldo Muñoz valoró ayer la decisión del Tribunal Supremo de India de desestimar el recurso presentado por Marie-Emmanuelle Verhoeven, apodada "Comandante Ana", para evitar su extradición a Chile por su presunto papel en el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán. "Esto equivale a un significativo triunfo judicial para el Estado de Chile", manifestó el ministro de Relaciones Exteriores tras informar la determinación del Supremo indio. Remarcó, eso sí, que "esto no significa que una vez aprobada la extradición, exista una culpabiblidad de la señora Verhoeven, eso deberá determinarse en el juicio eventual en nuestro país". Desde la UDI, el diputado Issa Kort dijo esperar que el juicio para traer a la mujer a Chile se inicie la próxima semana. "(Es) una gran noticia para la justicia chilena, creemos que acá el Estado de Chile recibe un gran triunfo", comentó el parlamentario en Emol.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, defendió ayer su postura sobre el control preventivo de identidad incluido en la agenda corta antidelinuencia del Gobierno, idea que a su juicio ha recibido descalificaciones "poco rigurosas" de parte de parlamentarios de todos los sectores. "No me siento en campaña solitaria, yo siento que en rigor hay una norma que fue aprobada por la Cámara de Diputados de una manera que a mí no me gustó y que después fue aprobada por el Senado en una manera que a mí me parece mucho mejor", comentó tras participar en un seminario de Paz Ciudadana. "A mí me parece que el control preventivo de identidad, acompañado de los resguardos necesarios, puede ser un instrumento de prevención interesante", añadió el jefe de gabinete. En su intervención en el seminario, el secretario de Estado subrayó que el país "requiere de una ley que otorgue más atribuciones investigativas a los fiscales, Carabineros y a la PDI".

Mabel González

El Ministerio Público presentó ayer una nueva solicitud de formalización por el caso SQM, que esta vez apunta a 18 personas, entre ellas la histórica asesora del exsenador de la UDI Pablo Longueira, Carmen Luz Valdivieso.

El fiscal a cargo de la causa, Pablo Gómez, formalizará a Valdivieso por presuntos delitos tributarios.

El resto, en tanto, afrontará cargos por presunta facilitación de boletas falsas.

Además de la asesora del ex timonel gremialista, en el documento del Ministerio Público aparece el nombre de Alfonso Agustín Mora Domínguez, hijo de María Domínguez Longueira, quien es prima del ex parlamentario.

A ellos se suman María Loreto Mora Domínguez, Loreto Undurraga Casteblanco, el exconcejal Gustavo Alessandri Balmaceda, el actual concejal UDI por Puente Alto Gustavo Alessandri Bascuñán y Antonia Alessandri Bascuñán.

En la petición también figuran María Alejandra Bórquez Cousiño y Trinidad Subercaseaux Alessandri, ambas vinculadas al exdiputado gremialista Cristián Leay.

Asimismo serán formalizados Ana Carolina Palacios Silva (cuñada de la exjefa de gabinete de Longueira), el abogado Rubén Alejandro Carvacho Sáez, Carolina Andrea Chamorro Martínez (ligada a Rubén Carvacho) y Carmen Luz de Castro Blanco, quien en el pasado fue jefa de campaña de Pablo Zalaquett.

Además, serán formalizados tres exestudiantes de derecho de la Universidad Finis Terrae. Estos son Alejandro Andrés Arias, quien habría solicitado a otras personas emitir boletas falsas para la fundación Chile Justo; y los hermanos Nicolás Orlando y Gustavo Mauricio Guiñez Ramírez, quienes declararon haber emitido boletas falsas y entregar el dinero recibido a la misma organización.

La lista de la cierran Cristián Larraín Barahona y Patricio Alejandro Contreras Martínez.

La solicitud de formalización había sido adelantada ayer por la mañana por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien detalló que se tomó la decisión después de que el fiscal Gómez llegara a la convicción respecto de la supuesta participación de estas personas en delitos tributarios.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago deberá ahora fijar día y hora para la audiencia de comunicación de cargos.

A fines de marzo, Longueira informó que será formalizado por cohecho y delitos tributarios a raíz de los correos que intercambió con el ex gerente de SQM Patricio Contesse sobre la ley de royalty minero.

18 personas aparecen en la nueva solicitud de formalización de la Fiscalía por el caso SQM.

2007 comenzaron los pagos de SQM a la fundación Chile Justo, creada por Longueira, según la investigación.

La empresa Zañartu Ingenieros Consultores, que asesoró en la inspección fiscal de la construcción del puente Cau Cau, anunció que está estudiando presentar una querella en contra del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en medio de la polémica por la futura demolición de gran parte de la estructura.

La firma analiza esta acción luego que el secretario de Estado sindicara a la compañía como uno de los actores responsables de la fallida construcción del puente levadizo, cuyos brazos fueron puestos al revés.

"Con ocasión de su intervención, falta de estudio de los antecedentes, inconsecuencia entre los cargos formulados y razonamientos que amparan la sanción, nuestra empresa ha encomendado el estudio de acciones penales por la posible comisión del delito de prevaricación administrativa por el que ha incurrido el señor Undurraga", señaló el director de la empresa, Claudio Lefever.

El directivo agregó que han "preparado un set con la totalidad de los antecedentes recopilados durante el largo proceso de construcción y posterior proceso sancionatorio, que será entregado al Ministerio Público para cooperar con la investigación de las eventuales responsabilidades que con ocasión de la construcción pudiesen haber ocurrido en el puente Cau Cau".

Lefever insistió en que entre las atribuciones de Zañartu Ingenieros no estaba la verificación del diseño del puente, y que es ahí donde radica el error principal en esta fallida construcción.

En una actividad en el Aeropuerto de Santiago, el ministro Undurraga fue consultado sobre las responsabilidades en las fallas del proyecto y apuntó a "tres niveles de responsabilidad: de la empresa constructora, de la empresa que realizó la inspección fiscal y la responsabilidad de los funcionarios", dijo.

La autoridad detalló que "en el caso de los directores que tomaron decisiones, ya no trabaja ninguno en el MOP, ya que se les solicitó la renuncia o lo hicieron antes de eso".

Consultado acerca de su responsabilidad como ministro en lo ocurrido desde que asumió, en marzo de 2014, sostuvo que "nosotros hemos heredado un puente que venía en mala condiciones. Sobre ese puente hemos tomando un conjunto de decisiones para solucionar el problema y ejercer las responsabilidades, que es lo que estamos haciendo".

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario total a la que estaba sujeta la madre y socia de Alberto Chang, Verónica Rajii, por considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad. La instancia acogió los argumentos de los querellantes del caso Arcano y del fiscal de delitos de alta complejidad, Carlos Gajardo, quien aseguró que la única medida cautelar acorde a la gravedad de los hechos es la prisión preventiva. Rajii, dueña del Grupo Arcano, es perseguida junto a su hijo por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con estafas reiteradas e infracción a la Ley de Bancos.