Rousseff sugirió que analiza llamar a elecciones anticipadas
IMPEACHMENT. La Presidenta brasileña, que volvió a desacreditar las acusaciones en su contra, dijo que un juicio a su Gobierno solo podría provenir del voto.
La Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rechazó ayer la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugirió que, si se quiere "juzgar" su Gobierno, la decisión debería ser del pueblo por medio de unas elecciones.
"Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi Gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Solo quien tiene la legitimidad del voto, puede juzgar", dijo Rousseff citada por EFE durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas, capital de Tocantins.
Esta es la primera vez que Rousseff sugiere en público la celebración de elecciones, pero esta posibilidad no está recogida en la Constitución en el caso de destitución o renuncia de un Mandatario.
Rousseff reiteró su tesis de que el proceso de destitución se trata de un "golpe" de Estado, porque "no tiene base legal" y porque ella "ni siquiera" participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición.
La denuncia se basa en maniobras contables, supuestamente irregulares, realizadas en los últimos años y que -arguye Rousseff- han sido comunes en los Gobiernos de los últimos Presidentes brasileños.
Asimismo, acusó a la oposición de tratar de llegar al poder para "acabar" o reducir los programas sociales que ha impulsado su Gobierno.
Nuevas acusaciones
La Procuradoría General de Brasil denunció ante el Tribunal Supremo a dos importantes ex ministros de la Presidenta Rousseff, por estar supuestamente implicados en el caso de corrupción de Petrobras, informaron ayer fuentes oficiales.
En la nueva denuncia fueron acusados la actual senadora Gleisi Hoffmann, exministra de Presidencia, y su marido, Paulo Bernardo Silva, que fue titular de las carteras de Comunicaciones y de Planificación, ambos correligionarios de la Jefa de Estado en el Partido de los Trabajadores (PT).
Hoffmann es una importante dirigente del PT y una de las más firmes defensoras de Rousseff en el Senado, cámara que votará en los próximos días sobre la apertura de un juicio político destituyente contra la Jefa de Estado.
La acusación contra los exministros se basa en una denuncia formulada por dos condenados por el caso de corrupción en Petrobras, el cambista Alberto Youssef y el exejecutivo de la petrolera Paulo Roberto Costa, realizadas en sendos acuerdos de colaboración con la justicia.
Según las denuncias, Hoffmann habría recibido cerca de US$285.000 de la red enquistada en Petrobras para financiar sus gastos electorales en 2010.
El marido de Hoffmann, el entonces ministro Silva, habría sido el encargado de solicitar el pago de los fondos procedentes de Petrobras a Paulo Roberto Costa.
Los abogados de Hoffmann afirmaron, por medio de un comunicado citado por medios locales, que la acusación se basa en "especulaciones" y "no apunta cualquier acto concreto" cometido por parte de la senadora.
En la justicia desde 2014 se han presentado acusaciones contra 207 empresarios, ejecutivos de Petrobras y políticos sin fuero, de los que 111 han sido condenados.
El PT intenta bloquear votación de abril
Un diputado del Partido de los Trabajadores presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para intentar bloquear el procedimiento de destitución de la Presidenta Rousseff, que será votado el miércoles en el Senado. El parlamentario pidió al STF que anule la votación del 17 de abril, la que considera "nula" porque los líderes de los partidos "violaron claramente el derecho al libre arbitrio" de los diputados y ejercieron presión para votar.