El Consejo Regional presentará una protesta al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, por la no aprobación de gran parte del "Estudio de Polimetales y Perfil Epidemiológico" de la Seremi de Salud, que finalmente sólo se realizará en Antofagasta.

El proyecto para medir presentacia de contaminantes en la población, fue aprobado por el Core en noviembre de 2014 con un alcance regional, sin embargo, la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente de Hacienda, sólo lo autorizó para Antofagasta.

"Vamos a expresar nuestro malestar, ya que no es la primera vez que la Dipres rechaza o modifica estudios necesarios para la región. También acordamos (en la última sesión) solicitar una entrevista al ministro a objeto de tener un intercambio de opiniones, pues esto no puede suceder cuando son proyectos que tienen una necesidad y una connotación de carácter regional", explicó Mario Acuña, presidente del Consejo Regional.

El estudio de polimetales fue uno de los compromisos más importantes adquiridos por el Gobierno Regional en el plano sanitario, y a la fecha presenta un importante retraso, problema que se repite con una segunda investigación, a cargo de la Seremi de Medio Ambiente, que apuntaba a identificar fuentes activas de contaminación.

José Luis Ramírez M.

En medio de las demandas nacionales por la carrera funcionaria, personal local de Gendarmería planteó nuevos reparos al aumento de capacidad de la cárcel concesionada de Antofagasta.

Tal como informó este Diario la semana pasada, el Ministerio de Justicia autorizó el uso de una facultad establecida en el contrato de concesión y dispuso habilitar dependencias para recibir un 20% más de reclusos, lo que implica pasar de una capacidad inicial de 1.160 internos a un máximo de 1.392 en las próximas semanas.

Manuel Catalán, presidente provincial de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, entidad que reúne a gendarmes y personal civil, dijo que la medida hará más compleja la labor al interior del penal y podría afectar la convivencia entre los internos.

En relación a lo primero, Catalán explicó que la unidad concesionada cuenta con un déficit de personal importante, el cual se acrecentará con la llegada de más internos.

"Esto nos generará más sobrecarga. Yo trabajo en la agrupación modular 51 y 52, tengo 130 y 120 internos, y somos tres funcionarios. Es decir, estamos sobrepasados", apuntó.

En lo relacionado con la convivencia, el dirigente dijo que la ampliación significará más roces entre internos, al haber ya no uno, sino dos personas en muchas de las celdas.

Catalán señaló que cuando aumenta la población penal, la consecuencia lógica es que se multipliquen las interacciones entre los internos y eso normalmente se traduce en violencia.

Internos

Según el dirigente, los reos poco a poco han ido tomando conocimiento de la noticia difundida la semana pasada y la reacción no ha sido favorable.

"(Los internos) no están conformes obviamente. A ellos no les gusta la idea de vivir tan apretados. Además que ya estaban acostumbrados al sistema que tenían", indicó.

Defensora

La defensora regional, Loreto Flores, planteó una mirada un tanto distinta y aseguró que la medida "no es un obstáculo o un problema en sí misma".

Flores incluso explicó que el hecho de compartir celdas pudiera ser algo atractivo para los internos, considerando que uno de los aspectos que más afecta en este tipo de modelos es el ambiente de soledad en que transcurre la condena.

"En algunos casos eso (la soledad) ha incidido en depresiones o suicidios, porque hay que recordar que las tasas de suicidio son mayores en las cárceles concesionadas, lo que se asocia con tener más espacio y estar más aislado", manifestó.

La abogada explicó que aunque la ampliación de capacidad no es cuestionable "per se", se deben garantizar ciertas condiciones mínimas, como que los internos tengan colchonetas de buena calidad, baños, alimentación suficiente y todo lo necesario para vivir.

"Tampoco se trata de que vayan a estar cuatro personas en un celda que está diseñada para una. Ese tipo de cosas tenemos que irlas viendo caso a caso, y para eso iremos evaluando cuando se produzcan los nuevos ingresos", afirmó la defensora regional.

La cárcel fue inaugurada en agosto de 2013 y está calificada como de "alta seguridad".