Un sector de la Izquierda Autónoma (IA) que incluye al diputado Gabriel Boric anunció la creación de un nuevo movimiento político tras el quiebre interno que se generó en la agrupación.

En una declaración, dirigentes de la IA expresaron que "el sector político del autonomismo que hoy representamos está convencido de que es tiempo para la construcción de un movimiento político amplio, que con principios y valores comunes resuelva el modo en que se traduce las energías que construyó en las movilizaciones de estos años en capacidad política, entendiendo que podemos ser un aporte en la construcción de una alternativa revolucionaria, pero también que solos no somos suficientes".

La facción explicó que las "transformaciones vertiginosas" que han ocurrido en los últimos años en el país "han traído nuevas preguntas a las fuerzas que trabajan y abogan por un Chile distinto (...) Son justamente esas preguntas y su múltiple gama de respuestas posibles las que hicieron crisis en nuestra organización -la que ha sido tristemente expuesta a través de los medios- y que nos lleva hoy a tomar caminos diferentes".

Por ello, agregaron, "hemos decidido comenzar un proceso de Congreso Nacional que nos permita dar estos debates de manera democrática y de cara a la sociedad, sin por ello abandonar lo que nos constituye: nuestra inserción y trabajo en luchas sociales reales, vivas, y que en estos días se expresan en liceos y universidades movilizadas".

De esta forma, el sector liderado por el parlamentario por Magallanes confirmó el quiebre con la facción que lidera el vocero del movimiento y ex presidente de la Fech, Andrés Fielbaum, quien en una entrevista con El Mercurio afirmó este fin de semana que existía el riesgo de que se terminara construyendo "un proyecto sin sustancia".

"Para nosotros se empieza a hacer muy visible que hay un riesgo grande de que se termine desfigurando el proyecto histórico del autonomismo. Y que lo que se termine construyendo es un PPD más a la izquierda", manifestó.

A pocos días de haber entregado su cuenta pública, la aprobación a la Presidenta Michelle Bachelet volvió durante la última semana de mayo a su registro histórico más bajo, según arrojó la encuesta Plaza Pública Cadem dada a conocer ayer.

De acuerdo con el sondeo, un 21% aprueba y un 70% desaprueba la gestión de la Mandataria, cerrando el mes con un 23% de respaldo, tres puntos menos en comparación con abril, y con un 68% de rechazo, lo que representa un alza de cuatro puntos respecto del mes pasado.

La imagen de Bachelet se había mantenido relativamente estable desde finales del 2015, fluctuando en torno al 26%, pero al retroceder en mayo igualó el nivel de aprobación que tenía en septiembre de 2015.

Los atributos de la Jefa de Estado sufrieron caídas importantes. Quienes creen que "cumple lo que promete" pasaron de un 29% a un 25%, mientras que quienes afirman que "no cumple lo que promete", alcanzaron un 71%, su registro histórico más alto y con lo que completa un alza de 38 puntos en comparación con marzo de 2014.

Lo mismo ocurre con el atributo de "confianza": hoy solo un 29% confía en la Presidenta (cinco puntos menos que la medición anterior), mientras que un 70% no le tiene confianza.

Otros atributos que sufrieron caídas significativas fueron "Tiene carisma", que pasó de un 64% a un 59%; "Cuenta con autoridad y liderazgo", que cayó de un 35% a un 29%. y "Tiene capacidad para solucionar los problemas del país", que varió de un 35% a un 27%.

Con respecto al Gobierno, solo un 15% de los consultados aprueba la gestión del gabinete de ministros y un 78% la desaprueba.

Mabel González

El ministro del Interior, Jorge Burgos, afirmó ayer que era partidario de que la información sobre la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de declarar voluntariamente por el caso Caval siguiera su "curso normal", pero que ella le pidió que lo diera a conocer públicamente.

"Yo había sido partidario -esto lo conversé directamente con la Presidenta, no hubo ningún intermediario- de más bien dejar que las cosas tuvieran un curso normal", sostuvo el secretario de Estado luego de participar en el primer consejo de gabinete convocado por la Mandataria tras el mensaje del 21 de mayo.

"Sin embargo ella, con toda razón, me dijo: 'mira, yo te pido que adelantes que yo hice esta declaración de carácter voluntario y como testigo para colaborar con la investigación'. La única medida que tomé yo fue contarle al fiscal nacional (Jorge Abbott) que lo iba hacer, para que él no se enterara por la prensa", agregó Burgos.

El jefe de gabinete descartó la posibilidad de que dar a conocer la testificación de la Jefa de Estado ante el fiscal Sergio Moya afecte el curso de la investigación del caso, donde se investiga presunto tráfico de influencias para la obtención de un crédito bancario.

"Yo creo que no (tendrá efectos), porque no se habló nada más que el hecho de que se había hecho la declaración y ningún detalle, como corresponde. Fuimos muy cuidadosos con eso", aseveró Burgos.

El titular de Interior fue quien dio a conocer el viernes la declaración que la Jefa de Estado entregó de manera voluntaria y en calidad de testigo por la causa judicial. La información la entregó un día después de que el sitio web de la revista Qué Pasa publicara la transcripción de unas llamadas telefónicas realizadas por el exoperador político de la UDI y gestor inmobiliario imputado en el caso Caval, Juan Díaz, en las que afirmaba que la Presidenta supuestamente tenía una vinculación con el caso.

El medio posteriormente se disculpó y bajó los archivos. Bachelet reaccionó a la publicación acusando una "canallada" y el Ejecutivo anunció acciones legales.

A través de una declaración, la fiscal adjunta y vocera de la Fiscalía de O'Higgins, Marcia Allendes, sostuvo ayer que la Presidenta Bachelet prestó una declaración "expedita" y que respondió las preguntas del persecutor.

"De esa declaración se ha decretado reserva por 40 días y esta reserva es por las diligencias que van a generarse de esa declaración, como citaciones a personas que aparecen en la causa e incluso a imputados de la misma", explicó.

Allendes añadió que la diligencia se decidió para "acotar la investigación. (…) La idea es agotar todas y cada una de las diligencias de la investigación".