Cristián Torres Carreño y Francisco Fredes Fernández fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía, por el delito de robo en lugar habitado luego que fueran sorprendidos al interior de una empresa del sector norte, sustrayendo especies.

Una testigo que circulaba en auto por la calle Artesanía, advirtió que había personas al interior de la empresa una de las cuales caminaba por los techos. Le llamó la atención y avisó a Carabineros dando cuenta del hecho.

La policía se hizo presente en el lugar y luego de una inspección ocular descubrió a uno de los imputados, Torres Carreño, mientras en el sector se encontraban diseminadas diversas especies, que ambos jóvenes habían sacado del interior como cascos y herramientas.

Cerca del lugar, en Juvenal Morla con Nicolás González, fue detenido Fredes Fernández, quien fue reconocido por sus vestimentas.

En contra de Fredes Fernández se pidieron cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar, mientras que para Torres Carreño se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por peligro de fuga.

Tras 12 días de movilizaciones y paro, Gendarmería llegó anoche a un acuerdo con el Ministerio de Justicia por las mejoras en la carrera funcionaria. El presidente de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), Joe González, se mostró conforme con lo acordado después de un largo proceso de negociación.

PDI invita a participar en concurso canino gratuito en Estadio Regional

En el marco de su 83° aniversario, la Policía de Investigaciones invita a participar a la comunidad en el "concurso canino" este sábado desde las 9 horas en la explanada norte del Estadio Regional. La actividad gratuita está orientada a reunir a la comunidad, ya que fomenta la recreación en familia y la tenencia responsable de mascotas.

Una discusión entre dos individuos terminó de la peor manera, luego que uno de ellos recibiera una estocada en la zona abdominal que lo mantiene con riesgo vital en el Hospital Regional.

El caso que inicialmente fue pesquisado por carabineros del Cuadrante 11, quedó en menos de la Brigada de Homicidios de la PDI.

En una audiencia realizada ayer, la fiscal Lorena Pavez solicitó ampliar la detención de Marco Plaza Rodríguez, a quien imputa un delito de homicidio frustrado.

Los hechos se produjeron de madrugada en el domicilio del imputado (calle Eloísa viuda de Zurita), cuando la víctima, un joven de 23 años, exarrendatario de una pieza de ese inmueble, llegó hasta el lugar y sostuvo una discusión con su exarrendador. En el curso de esta discusión, el imputado agredió con un arma cortante al joven provocándole una herida penetrante que lo dejó con un trauma abdominal de carácter grave.

La fiscal solicitó ampliar la detención por un lapso de 48 horas, a la espera que se pueda tomar declaración a la víctima y se pueda cotejar la declaración del imputado que alega legítima defensa.

La defensa se opuso a esta ampliación argumentando que su defendido ya prestó declaración en la BH donde manifestó que sólo respondió a una agresión de su exarrendatario que lo atacó con una pala.

La juez de garantía acogió los argumentos de la Fiscalía y decretó que se ampliara la detención por un lapso de 48 horas. El afectado iba a ser intervenido quirúrgicamente a objeto de estabilizarlo.

Tuvieron que esperar mucho tiempo para que sus casos llegaran a la justicia. Sin embargo, se sienten defraudados, porque no recuperaron sus dineros y las imputadas no pagarán con cárcel.

Fueron al menos doce familias que perdieron en total más de 100 millones de pesos, luego de ser contactadas por dos mujeres, una abogada y otra corredora de propiedades, que ofrecían atractivas ofertas para adquirir casas en remate, ubicadas principalmente en el sector sur de Antofagasta.

Tras analizar en detalle los antecedentes, el Tribunal Oral de Antofagasta ayer dictó sentencia por el delito de estafas reiteradas en contra de Liliana Iglesias Valdés y Paola Vega Meza, ambas dueñas de casa.

Según fue descrito en el juicio oral, ambas mujeres contactaron a algunas de sus víctimas ofreciendo la posibilidad de adquirir propiedades ubicadas -por ejemplo- en Jardines del Sur a un precio de $50 millones, argumentando que el valor comercial alcanzaba los $400 millones.

Para iniciar el proceso debían pagarles $10 millones. Sin embargo, no entregaban la dirección de la propiedad señalando diferentes excusas, al tiempo que solicitaban a los afectados, discreción para que no fueran a ninguna institución a preguntar, como Conservador de Bienes Raíces, Servicio de Impuestos Internos o entidades bancarias, se dijo en el juicio.

En el convencimiento que los dichos eran reales, las víctimas entregaron $10 millones y una serie de documentos. Incluso uno de los afectados llevó en su vehículo a una de las imputadas hasta las afueras del Conservador de Bienes Raíces esperándola mientras ella supuestamente hacía algunos "trámites".

Veredicto

En el veredicto, Liliana Iglesias fue condenada a libertad vigilada por un lapso de 5 años, mientras que Paola Vega fue sentenciada a tres años de presidio menor en su grado medio más el pago de 11 UTM (poco más de 500 mil pesos). Esta fue objeto del beneficio de la remisión condicional de la pena.

La mayoría de las víctimas fueron contactadas en el casino, donde ambas mujeres eran asiduas visitantes.

Allí, ganaban la confianza de empresarios, ingenieros y diversos profesionales a quienes prometían realizar las gestiones para adquirir viviendas que salían a remate a precios realmente convenientes, previo el depósito.

Las familias afectadas contrataron los servicios de un abogado de Santiago, a quien debieron cancelar los honorarios y viajes a la ciudad.