Redacción
Montaron historias dignas de una película. Con astucia y apelando a la confianza y credulidad de sus víctimas, lograron apoderarse de más de 100 millones de pesos, tras ofrecer "viviendas en remate" en sectores residenciales de Antofagasta que nunca existieron.
Se trata de Paola Vega Meza (42) y Liliana Iglesias Valdés (54), ambas condenadas el lunes por el Tribunal Oral de Antofagasta por el delito de estafas reiteradas.
La primera fue sentenciada a 3 años de presidio menor en su grado medio más el pago de una multa de 500 mil pesos. Fue beneficiada con la remisión condicional de la pena, mientras que Liliana Iglesias fue condenada a libertad vigilada por el período de 5 años.
Reveladores detalles sobre el modus operandi de ambas mujeres quedaron al descubierto durante la declaración de las numerosas víctimas de las estafas.
Dos de ellos, R.H.R. y M.A.C. relataron que conocían a Liliana Iglesias por más de 15 años, ya que sus hijos habían sido compañeros de colegios, formándose a nivel familiar una relación de amistad.
Aprovechándose de esa confianza, a fines de 2011 se presentó en la casa de las víctimas y les señaló que había sido contratada por un juzgado de Antofagasta para hacerse cargo de casas que no habían podido ser rematadas.
Luego, a fines del verano del año 2013, la mujer volvió a visitar a las víctimas señalándoles que estaba la posibilidad de adquirir una propiedad ubicada en Jardines del Sur en un precio de $50 millones y que el valor comercial era $400 millones. Otras víctimas, B.H. y F.M. fueron contactadas por R.H. hermano de B.H., ya que la imputada le había ofrecido a él la adquisición de una propiedad en Chicureo, en la ciudad de Santiago.
Transferencia
En febrero de 2013 contactó a otra víctima R.H. (mujer), aprovechándose de una amistad de 18 años, señalándole que ella tenía la oportunidad de gestionar la adquisición de viviendas en Jardines del Sur a través de remates judiciales.
La víctima le transfirió $3.500.000 a su cuenta corriente, ya que de esta forma reservaba una casa.
A fin de dar mayor credibilidad a sus dichos, las imputada Iglesias y Paola Vega en varias oportunidades se reunieron con las víctimas, presentándose Paola Vega como abogada de la Policía de Investigaciones, y su compañera como una connotada corredora de propiedades que tenía sus oficinas en un céntrico edificio antofagastino.
Sin embargo, en su declaración en estrado durante el juicio oral, Paola Vega dijo que hasta hace unos 5 años, trabajó con un abogado (que no quiso nombrar), que se dedicaba al corretaje de propiedades, aclarando que era él quien veía ese tema. Ella cumplía funciones de secretaria y se relacionaba con los bancos, llevaba papeles a los tribunales, pero nunca fue a un remate.
Añadió que efectivamente decía que era abogada, aunque no firmó ningún documento como tal. Estudió Derecho en la Universidad de Antofagasta hasta tercer año, pero no obtuvo su título porque quedó embarazada. En la Policía de Investigaciones trabajó vendiendo perfumes y zapatos (según su propio relato).
En tanto, Liliana Iglesias contó que antes trabajaba en corretaje, era independiente, y que las propiedades las avisaba en un diario.
Dijo que amistades le ofrecían que ella les vendiera sus propiedades, la mayoría eran conocidos del colegio o por el trabajo de su marido. Sostuvo que conocía a Paola desde hace 4 años.
En el juicio intervinieron doce personas, víctimas de las millonarias estafas.
Víctimas analizan próximos pasos
"No estamos conformes con el veredicto, por eso la próxima semana nos vamos a reunir con nuestro abogado para ver los pasos a seguir. Pensamos en la instancia de recurrir hasta la Corte Suprema para que ellas paguen con cárcel", sostuvo Y.C.R., una de las afectadas que perdió $10 millones. Agregó que lucharán para buscar alguna reparación, ya que ambas condenadas se apropiaron de importantes sumas, y esas operaciones están respaldadas con comprobantes bancarios. Hasta ahora nadie ha recuperado algo de dinero. La mayoría de las víctimas fueron contactadas en el casino.
