Eugenio Sugg Gálvez
Como "poco serias" calificó el director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, las críticas contra el proyecto de ley que busca fortalecer el accionar de esta repartición gubernamental. La iniciativa legal del gobierno -que en los próximos días será discutida en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado-, es duramente cuestionada por amplios sectores empresariales y gremiales.
Muñoz estuvo hace pocos días en Antofagasta para participar del lanzamiento de la Guía de Educación Financiera para adultos mayores, un documento que busca dotar a este segmento etáreo de las competencias básicas para tomar mejores decisiones de consumo, evitando padecer situaciones que les pudiesen afectar, como por ejemplo, el sobreendeudamiento.
Durante su estadía en la ciudad, Muñoz también enfrentó las críticas que está recibiendo uno de los proyectos estrella del área económica del gobierno, el cual -pese a todo- ya consiguió la aprobación de la comisión de Economía del Senado.
¿El desconocimiento del segmento de adultos mayores se ha prestado para abusos?
-Por cierto, se ha prestado para abusos incluso respecto de las personas más vulnerables entre las personas mayores. En el caso de las cajas de compensación, hemos estado acompañando a los entes reguladores como superintendencias para bajar la probabilidad de que adultos mayores con pensiones básicas mínimas sigan sobreendeudándose. Eso, hasta antes de 2012 fue muy común en cajas como Los Héroes, que tenía una política muy agresiva de comercialización incluso en los lugares de pago de las pensiones. Eso se ha ido mejorando con el tiempo, de la mano de una mejor normativa.
¿Son temas que se repiten a nivel regional?
-Así es. De hecho, en Antofagasta el 20% de los reclamos que recibimos en el Sernac corresponden al sector financiero y las materias más reclamadas tienen relación con cobros considerados abusivos o no reconocidos, lo cual apunta a una responsabilidad compartida entre la autoridad y la industria para ir cerrando esa brechas de información.
Reclamos
¿Cuáles son las áreas que concentran la mayor cantidad de reclamos en Antofagasta?
-Hay, tres mercados que concentran el 59% de los reclamos en la zona: locales comerciales (19%), financiero (20%) y telecomunicaciones (20%). En este último hemos tenido un aumento en el último tiempo mayoritariamente asociados a cobros no reconocidos o dificultad para hacer valer términos que el consumidor entiende como parte del contrato... y efectivamente muchas veces es así.
¿Qué responsabilidad tienen las empresas en la desconfianza que existe en materia de consumo?
-El diagnóstico que tenemos es que aún nos queda por avanzar para que el mercado funcione con reglas claras y que se cumplan de acuerdo a nuestro estado de desarrollo. Esto viene pos dos vías, la primera es que las empresas sean competitivas no sólo al momento de ofrecer productos, sino también al momento de responder; y la segunda, es que para que esto se produzca, debemos fortalecer la institucionalidad de protección al consumidor, que en nuestro país es muy débil.
¿Qué tan débil es esa institucionalidad?
-Muy débil, somos la única agencia de protección al consumidor en América Latina que no tiene facultades fiscalizadoras. Tampoco podemos sancionar, cuando el consumidor no recibe respuesta satisfactoria a su reclamo -que muchas veces tiene que ver con cosas muy básicas-, debe acudir a un tribunal de policía local... Eso obviamente desincentiva los reclamos porque es tiempo y dinero.
El Sernac carece además de facultades normativas.
¿Esos son aspectos que están considerados dentro del proyecto de ley que se tramita en el Senado?
-Así es, el proyecto de ley que pronto será discutido en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, considera esas tres facultades: fiscalización, sanción y normativa. Además, considera mecanismos para entregar solución rápida a los consumidores a través de conciliaciones y desde el punto de vista colectivo, vamos a poder llevar mediaciones colectivas bien reguladas. Asimismo, regula las multas por infracciones hasta un 30% de las ventas de la empresa o el doble del beneficio obtenido por esa infracción, aunque para las pymes se creó un régimen especial.
Pioneros
En el gobierno esperan que la tramitación de este proyecto de ley finalice antes de fin de año y pueda ser publicada a comienzos de 2017.
¿Qué plazos manejan para su entrada en vigencia?
-Esperamos sea publicada a comienzos del próximo año. Sin embargo, el texto considera un periodo de vacancia legal de un año, por lo que su entrada en vigencia se produciría recién a comienzos de 2018 en un periodo de prueba y adaptación de unos 12 meses que considera a tres regiones: Antofagasta, Valparaíso y Magallanes.
¿Por qué eligieron Antofagasta?
-La intención era comenzar este despliegue gradual en una región grande, una mediana y otra pequeña, por eso la elección que se hizo. Además, en Antofagasta hemos tenido muy buenas experiencias en términos de protección a los consumidores donde además la jurisprudencia de los tribunales ha acompañado y sido pionera a nivel nacional en algunas materias como por ejemplo la responsabilidad de las empresas que ofrecen estacionamientos.
¿Qué opina de las críticas que está recibiendo el proyecto? Los empresarios y gremios dicen que Sernac será juez y parte...
-No es así. Cuando uno habla de juez y parte, supone que todo este ejercicio de facultades no va a estar controlado, y eso es todo lo contrario a lo que plantea el texto legal. Quiero ser enfático en este punto, porque una visión de ese tipo lo único que hace es desinformar. Durante la discusión de esta reforma han participado todos los actores, más de 70 organizaciones y tres rondas de indicaciones, y este tema -que fue planteado al principio- fue zanjado estableciendo controles y separación de funciones después de dos años de tramitación.
¿Quién controlará el ejercicio de esas nuevas funciones?
-La facultad fiscalizadora será controlada por los tribunales de Justicia, la sancionadora tiene un recurso de ilegalidad ante juzgado de Policía Local, y la normativa no será ejercida por la dirección nacional del Servicio, sino por un consejo normativo. En definitiva, creo que las críticas en contra de este proyecto de ley son muy poco serias.
"Debemos fortalecer la institucionalidad de protección al consumidor, que en nuestro país es muy débil".
