A partir de mañana lunes, el canciller boliviano David Choquehuanca, junto a otras autoridades y prensa de ese país visitarán los puertos de Arica y Antofagasta, para -según lo han comentado- revisar el trato que tienen los transportistas y cargas altiplánicas en los terminales nortinos.
Arica y Antofagasta son los puertos por donde sale el grueso de las exportaciones del país vecino y ese gobierno denunció hace unas semanas que nuestra nación estaba imponiendo trabas a su comercio, particularmente en el centro de nuestra ciudad.
Tal hecho fue negado por nuestras autoridades, de distinto tipo, argumentándose que si hubo modificaciones, éstas fueron para mejorar el problema ambiental que generan las cargas minerales a granel. En efecto, el país ha avanzado notoriamente durante los últimos años en remediar la contaminación generada por el manejo deficiente de estos productos.
No obstante todo lo anterior, el gobierno de La Paz tiene el legítimo derecho de conocer en terreno lo que acusa y así despejar las dudas respectivas.
Sin embargo, esto debe hacerse en las formas y canales correspondientes. Los puertos, en todo el mundo, son enclaves sensibles y de alta seguridad, no son sitios de paseo, ni abiertos a la población.
Y Bolivia, debe decirse, está actuando mañosamente al informar de la visita, pero no pedir -hasta ahora- la autorización correspondiente. Ese es un dato absolutamente relevante, lo mismo que no informar el carácter de la alta autoridad altiplánica que lidera la agrupación que viajará por tierra desde La Paz.
Parece indudable reconocer que esto podría terminar en un roce aún más complejo en la relación de ambas naciones vecinas. Muy lamentablemente, Chile no ha sido capaz de generar una agenda de futuro, mientras Bolivia sigue insistiendo en revisar un tratado firmado hace más de un siglo y que es categórico al respecto.
Es de esperar que la visita liderada por el canciller Choquehuanca sea en los marcos que corresponde, dando cuenta de la categoría que tienen quienes visitarán el país.